Página principal

Accion de nulidad de sentencia “firme”


Descargar 40.7 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño40.7 Kb.

ACCION DE NULIDAD DE SENTENCIA “FIRME”


Por JORGE W.PEYRANO


  1. INTRODUCCIÓN

Abordaremos ahora el tema de la llamada “cosa juzgada fraudulenta”. Encararemos aquí, y de manera preferente, tan espinosa problemática por constituir la “cosa juzgada fraudulenta” el mayor perjuicio y la más grande afrenta que el siempre vituperable fraude procesal puede ocasionar a la majestad de la justicia. Bien puede calificarse a la tesis de la “inmutabilidad y santidad de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, cualesquiera que fueran los vicios de que su dictado adoleciera, como mito propio de una ideología exacerbadamente individualista. En la eterna opción entre el valor seguridad y el valor justicia, debía prevalecer, a todo trance, el primero.

La razón de esa pertinaz resistencia de los ordenamientos jurídicos fundados en los postulados liberales clásicos a aceptar la revisibilidad de las sentencias “firmes”, quizás finque en la íntima vinculación, tantas veces reconocida por nuestro más alto tribunal, entre la cosa juzgada y el derecho de propiedad. Derecho éste tan caro a los partidarios del ahora, en parte injustamente, vilipendiado “laissez faire, laissez passer” Es que acoger la tesis de la revisibilidad de la cosa juzgada implicaba, para la óptica de ellos, atentar contra el inviolable y sagrado derecho dominial. Si en algo no se equivocaban los seguidores de Adam Smith era en vislumbrar la estrecha relación que vincula a la cosa juzgada con el derecho de propiedad, relación que también explica que varios cuerpos legales sustantivos se hayan, aparentemente, entremetido en campo procesal al regular la cosa juzgada. En esa corriente se enrola, por ejemplo, el Anteproyeto Bibiloni de Código Civil para la Nación Argentina.

A pesar de que nos parece condenable la intransigente postura que más arriba evocamos, tampoco merecen nuestro elogio otras que, por el contrario, acogen la mutabilidad de la cosa juzgada invocando, como Kohler, Schonke y Rothemberger, la preeminencia del orden político sobre el jurídico y por ende la de la opinión y voluntad del líder, que encarna el sentir del pueblo, en desmedro de la de los juzgadores (1) Tesis como la expuesta sólo pueden prosperar en el campo fértil de los totalitarismos. No debe extrañar, entonces, el dictado, en la Alemania de 1941, de una ley en virtud de la cual el fiscal del Reich podía impetrar la reapertura de una causa fenecida con sólo sostener que “...existen motivos racionales contra la justicia de la sentencia por razón de los hechos o jurídicamente, (2) Si estima que el nuevo juicio y resolución están exigidos por la importancia que tiene el fallo para la comunidad popular” (3). Fácil resulta colegir que la ancha puerta que dejaba abierta enunciado tan vago y de interpretación tan subjetiva, implicaba de hecho la supresión de toda firmeza para cualquier sentencia que pudiera contrariar, no los intereses del pueblo alemán, sino los particulares de la partidocracia gobernante. Pensamos que, como bien decía el filósofo, lo correcto está en el justo medio. Ni justicia, ni invocación indiscriminada de éste para convalidar atentados, también en cierta medida inicuos, contra aquél.

Hoy resulta difícil de concebir una reiteración de lo ocurrido en el conocido caso “D’Angelo c Pecoraino”, que nos resume Couture: “En febrero de 1925, la Corte de Casación de Roma fallaba el famoso caso Pecoraino. Una mujer profundamente dominada y castigada por su marido, demanda a los tribunales la declaración de nulidad de matrimonio. Con la colaboración dolosa del esposo, se produce una prueba absolutamente fraudulenta, que el tribunal ignora en su verdadero sentido, y el juicio termina por sentencia, declarando la nulidad del matrimonio. La esposa, dictada la sentencia, advierte lo terrible de su situación; comparece ante la Corte de Casación denunciando el fraude y pidiendo la revocación del fallo. La Corte, en definitiva, dice que la sentencia es inexpurgable (4)

Cierto es que algunos espíritus decimonónicos supérstites, todavía hoy defenderían la “firmeza” de la susodicha sentencia, negándose enfáticamente a revisarla pero la verdad sea dicha, hoy prevalece un criterio netamente favorable a la revisabilidad de la cosa juzgada meramente aparente. En tal sentido se pronunció, decididamente el X Congreso Nacional de Derecho Procesal (5) y toda la doctrina mas reciente (6)
2.PRETENSIÓN REVOCATORIA?

Conocido es el criterio de Couture, según el cual la acción revocatoria de cosa juzgada no es otra cosa que la traducción procesal de la acción pauliana de derecho privado. Tesitura que, por el contrario a lo que habitualmente sucede con las ideas del insigne maestro uruguayo, no ha logrado mayor eco. Es que –entre otros inconvenientes- olvida que la acción pauliana es netamente patrimonial, por lo que resultaría imposible atacar con su auxilio una sentencia firme dictada en materia extrapatrimonial. Con otra argumentación y desde otra perspectiva. Luis Rodríguez coincide en el punto(7). Contemporáneamente, prevalece la opinión de que la sentencia que padece “entuerto” debe ser declarada nula y no inexistente como alguna vez se propusiera (8). La necesidad de proteger los derechos de los terceros de buena fe, aconseja seguir la tesis predominante. Queda claro, entonces, que nos encontramos ante una pretensión nulificatoria, con –eso sí- algunos ribetes singulares (9)




  1. QUE ENTENDEMOS POR ENTUERTO

Hemos afirmado que resulta adecuado que se deduzca una pretensión tendiente a nulificar una sentencia firme que padece “entuerto” Conviene, pues, que aclaremos qué queremos significar con tal locución.

Creemos erróneo –por estrecho- el usual criterio de acceder a revisar la sentencia firme, en tanto y en cuanto medie “fraude”. Un repaso superficial del rimero de opiniones vertidas sobre qué debe entenderse por “fraude procesal”, es suficiente para comprobar que no existen dos que concuerden. De todas maneras, de tan abigarrado conjunto se puede extraer una conclusión: por “fraude procesal” se interpreta toda suerte de maquinaciones enderezadas a obtener el dictado de una sentencia que no refleje la verdadera voluntad del ordenamiento. Dentro del saco del “fraude procesal” quedan comprendidos, v.gr., tanto el caso de la estafa procesal como el dictado de la sentencia pronunciada previo cohecho con el juzgador. Pero, de todos modos, el susodicho saco reconoce un denominador común: se tratará siempre de maquinaciones más o menos intencionales, quedando excluídas las circunstancias fortuitas. El mismo apelativo utilizado (la voz “fraude”) está alertando sobre la exclusión de o fortuito e, inclusive, de la conducta meramente culpable.

Consideramos equivocada tal tesitura. Es que, por ejemplo, la emisión de una sentencia sin el aporte de un elemento probatorio decisivo usía ausencia no obedece a la injerencia maléfica de nadie, traiciona la voluntad del ordenamiento de la misma manera que otra pronunciada merced al dolo procesal de una de las partes.

Curioso resulta verificar que dispositivos legales que han implementado el recurso de revisión (otra vía para cancelar la autoridad de la cosa juzgada) han tenido el tino de prever la incidencia de “entuertos” fortuitos. Así, por ejemplo, el art.861 del Proyecto Clariá para la Prov. De Córdoba estatuye –en su inc. 1- que la revisión sólo puede interponerse por los siguientes motivos: “...obtención o recuperación con posterioridad al pronunciamiento de documentos decisivos ignorados o retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte favorecida o de un tercero” Cuando, en cambio, se discurre acerca de la revisión de la cosa juzgada “fraudulenta”. Generalmente parece olvidarse que circunstancias totalmente ajenas a toda ide ade dolo o culpa pueden influir negativamente en la dosis de justicia de una sentencia de mérito.

Por todo lo dicho es que empleamos el término neutro, “entuerto” para significar cualquier circunstancia (objetiva o subjetiva, voluntaria o fortuita) que redunde en que la sentencia final no refleje fielmente la verdadera voluntad del ordenamiento APRA el caso. Rabones, con su “Revocación de la cosa juzgada por iniquidad” parece no estar demasiado distante de nuestra óptica amplia en el tema que se sintetiza en nuestro concepto de “entuerto” como presupuesto para intentar una pretensión del tipo que estamos examinando (10)


  1. AGENTES PRODUCTORES DEL ENTUERTO

El entuerto puede ser generado –claro está- por actitudes de las partes, pero también puede serlo por las del juez o sus subalternos (secretarios, empleados) También las conductas de los “auxiliares de justicia” (testigos, peritos, traductores, letrados, etc) pueden erigirse en productoras de entuertos. Piénsese, por ejemplo en la hipótesis de un juicio cuya suerte queda sellada gracias a una pericia complaciente o parcial. Inclusive los penitus extranei (es decir, “terceros” totalmente ajenos a la causa) pueden asumir el rol de agentes generadores de un entuerto. Así, v.gr., la hipótesis de la retensión por un tercero de documentación decisiva, sin conocimiento de las partes.
5-FORMAS DE CONCRETARSE EL ENTUERTO

Existe, por una parte, el entuerto “unilateral” consumado por un único agente productor. Sería el caso del escrito de allanamiento firmado por la demandada bajo la coacción –física o moral- de su adversario. A SU VERA, COEXISTE EL ENTUERT concertado que se caracteriza por perfeccionarse gracias a la participación plural de agentes. Así, por ejemplo, el supuesto del acuerdo concertado entre una parte y un testigo para que éste declare en determinado sentido. Por supuesto que tanto el entuerto “unilateral” como el “concertado” pueden producirse por acción u omisión del agente o agentes.


6. EL EJERCICIO DE LA PRETENSIÓN NULIFICATORIA DE SENTENCIA FIRME ABRE UNA INSTANCIA PRINCIPAL Y AUTONOMA

He aquí algo que debe tomarse muy en cuenta. Cuando se deduce la pretensión en estudio, se está dando nacimiento a un nuevo proceso que tiene por misión escudriñar si una sentencia dictada como coronamiento de u n proceso concluido debe mantenerse o debe claudicar. Esta nueva instancia no es de naturaleza incidental –y por ende accesoria- sino principal. Su finalidad es muy distinta de la de aquella otra que culminó con el pronunciamiento de la sentencia sujeta a revisión. Mientras el primer proceso tenía por meta averiguar la pertenencia de tal o cual derecho, a través del segundo se persigue saber si determinada sentencia debe permanecer en pie o si debe ser derribada.Berizonce discrimina, dentro del proceso nulificante que nos ocupa, lo que sigue: “El proceso nulificante, similar en este aspecto a la acción de revisión, comprende dos fases separables: a) en la primera (judicium rescindens) se indaga sobre la existencia del motivo alegado de nulidad, pero no sobre la totalidad del thema decidendi; es necesario que medie relación causal entre el hecho invocado y la decisión que se pretende hacer ver; se requiere que existan motivos suficientes para creer que el resultado del juicio hubiera sido distinto de no haber mediado las circunstancias del agravio (principio de trascendencia) y que el accionante no hubiera sido quien, precisamente, originó o contribuyó al vicio que alega (principio de protección); b) en la segunda etapa (judicium rescissorium) admitida la nulidad del proceso originario, cuyo efecto es reponer a las partes hasta donde sea posible en el estado en que se encontraban antes del hecho que motivara la anulación, el mismo juez debe pronunciarse nuevamente sobre el fondo del asunto, desaparecido el vicio (11)


7. LA PRETENSIÓN EN ESTUDIO PUEDE DEDUCIRSE AUN EN DEFECTO DE UN TEXTO REGLAMENTARIO EXPRESO DE LA LEY PROCESAL

Luego del leading case “Campbell Davidson c/Prov de Buenos Aires” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bien puede decirse que se han invertido los términos de la problemática (12)

El panorama actual es el siguiente: siempre resulta admisible –por estar íntimamente ligada con garantías constitucionales- deducir la pretensión examinada, a menos que alguna disposición legal explícita estatuya lo contrario.Fde la circunstancia de que algunas leyes procesales (por ejemplo, la santafesina) no hayan expresamente regulado su interposición y tramitación, no puede inferirse el repudio del legislador. A igual conclusión llegó el X Congreso Nacional de Derecho Procesal que declaró con referencia a la pretensión en estudio que “la ausencia de una regulación formal, no constituye impedimento para su procedencia” (13)
8- TRAMITE QUE DEBE IMPRIMIRSE A LA PRETENSIÓN EXAMINADA.

Media consenso en que debe imprimírsele al trámite del juicio ordinario, la forma procesal de más amplia y plena cognición. La seriedad e implicancias del tema debatido así parecen exigirlo (14)

Casi huelga destacar que la sentencia que corone el proceso de revisión podrá –a su vez- ser objeto de toda la gama de recursos que legalmente corresponda (15). Finalmente cabe subrayar que su ejercicio no origina la interrupción del trámite de ejecución de la sentencia puesta en entredicho (16)
9. CARGA DE LA PRUEBA

Por más que el proceso de revisión de sentencia firme posee algunas características propias, se le aplican los principios generales en materia de onus probandi. Es decir que quien invoca la existencia de un “entuerto” y de un perjuicio irrogado por su causa, deberá soportar el esfuerzo de demostrarlo en juicio. Eso sí[ en caso de duda, el Tribunal deberá abstenerse de anular la sentencia cuestionada (17)


10. PUEDE OPONERSE LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA COMO CUESTION PREVIA EN EL PROCESO NULIFICANTE DE SENTENCIA “FIRME”?

El interrogante del epígrafe es –sin duda- interesante por las connotaciones prácticas que involucra. Creemos que –habida cuenta de la finalidad misma del instituto bajo la lupa-podemos suscribir la opinión de Luis Rodríguez, quien, en principio, rechaza tal posibilidad, diciendo que en el supuesto de acción autónoma de nulidad, la excepción de cosa juzgada no puede resolverse como de previo y especial pronunciamiento. Porque justamente el objeto de la acción es rescindir el fallo, anularlo, atacar los efectos de la cosa juzgada. La admisión de la cosa juzgada, en forma previa, impediría siquiera el planteamiento de la cuestión. Sólo cuando la acción de nulidad fuere manifiestamente inadmisible, en virtud del pronunciamiento anterior, es dable hacer lugar a la excepción como previa. En la generalidad de los supuestos, el juez debe valorar la cosa juzgada, como defensa de fondo, en la sentencia. Es que no hay obstáculo para que el juez decida la cuestión en la definitiva, aun cuando se haya articulado la cosa juzgada como excepción previa. Porque la res judicata es de orden público, puede hacerse valer en cualquier etapa del juicio y aun declararse de oficio (mod del art.347). El mismo accionado, que no la opone como previa, la puede impetrar al contestar la demanda o aun el juez invocarla de oficio, y así resolverse con la sentencia” (18)

11. PRESCRIBE LA POSIBILIDAD DE DEDUCIR UNA PRETENSIÓN NULIFICATORIA DE SENTENCIA FIRME?

Si –como principio general. Todo derecho es prescriptible en homenaje a la seguridad jurídica, no hay duda de que la pretensión de marras también debe ser prescriptible. El intríngulis se plantea cuando no existe una regulación legal del tema. Todos coinciden en que prescribe. Ahora bien, cuál plazo prescriptivo deberá endilgársele?

A la espera de que el legislador despeje la incógnita, nos parece prudente acudir al derecho civil- habida cuenta de su categoría de derecho común –y aplicar al caso la prescripción bienal prevista por el art.4030 del Cód Civil. Adviértase que dicho plazo prescriptivo es el usual en materia de nulidades, y que estamos ante un supuesto de nulidad.
12. RECAUDOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE PROSPERE UNA PRETENSIÓN NULIFICATORIA DE SENTENCIA FIRME.


  1. Tiene que mediar –efectivamente-la existencia de una sentencia de mérito pasada en autoridad de cosa juzgada.

    1. B) El dictado de la sentencia cuya eficacia se pretende cancelar, debe haber obedecido a la interferencia de un “entuerto”, entendido esto último como cualquier circunstancia (objetiva o subjetiva, dolosa o fortuita) que ha incidido para que aquélla no reflejara la verdadera voluntad del ordenamiento.

  2. Como corresponde exigir de toda nulidad con resonancias procesales, cuando se reclama la nulidad de una sentencia firme también es menester demostrar que, realmente, con su emisión se ha provocado un perjuicio. El proceso no es una “misa jurídica”. Ergo, quien pretenda hacer tambalear la estabilidad de la cosa juzgada deberá aportar la prueba acerca del daño que le irroga la sentencia en cuestión (19)

  3. La justicia humana es fraccionada. Es decir que –necesariamente- debe practicar un corte en la secuencia incesante del devenir causal. Caso contrario, por ejemplo, el agente productor del “entuerto” vería caer sobre sus espaldas las más remotas consecuencias de su proceder. De ahí que deba establecerse si el perjuicio que se alega está ligado por una relación causal adecuada (20) con la cosa juzgada que se pretende revisar (21). Si la sentencia atacada no puede ser considerada causa adecuada del daño invocado por el pretensor, obvio es que aquélla debe conservar su firmeza. Es que el pretensor no podría exhibir un perjuicio computable y por ende no se cumpliría una de las condiciones que –necesariamente- deben concurrir para dar por tierra con una sentencia firme.

  4. Conforme con los lineamientos básicos en materia de preclusión, parece evidente que si el afectado por el entuerto no ha utilizado (pudiendo hacerlo) los remedios legales ordinarios (por ejemplo, la interposición del recurso de apelación) aptos para removerlo, no puede luego deducir la pretensión que nos ocupa. En cierto modo la pretensión examinada es de índole subsidiaria, dicho esto en el sentido de que entra a operar siempre y cuando no hayan podido terciar otras vías igualmente idóneas (aunque sea de modo indirecto) para remover el entuerto padecido. La ley procesal jujeña del año 1949 incluye una interesante regulación del punto (22). A parecida conclusión han arribado Rabones (23) y Luis Rodríguez (24)

13. EFECTOS

En principio, cuando la pretensión en estudio progresa su función se agota con la nulificación de la “sentencia” impugnada. No advertimos, en cambio, razón alguna que justifique que el “proceso” coronado por la sentencia anulada también deba tornarse írrito.

En otro orden de cosas, conviene recordar –con Couture- que “es evidente, asimismo, que la acción (alude a la revocatoria) agota sus fines cuando ha conseguido que la cosa juzgada haya quedado sin efecto. Pero no siempre quedará satisfecho el interés del actor con esa revocación. Lo probable es que (a la par de lo que sucede con la acción de simulación) a la acción principal deban agregarse otras conexas. Así, si el tercero ha perdido la posesión mediante un proceso fraudulento, podrá acumular la acción reivindicatoria; si se lo ha despojado de su legítima podrá acumular la acción de petición de herencia; si el demandado ha sido negligente, podrá acumular la acción subrogatoria para defender el patrimonio del deudor, etc. La revocación sería, en todo caso, el paso previo para las acciones subsiguientes (25)
14.RESUMEN

Pensamos que –con el tiempo-la pretensión autónoma nulificatoria de sentencia firme terminará por imponerse sobre las otras vías propuestas (recurso de revisión, oposición de terceros, incidente de nulidad, etc) para cancelar la fuerza de la cosa juzgada. La amplitud de cognición que presupone (que resulta necesaria por la seriedad de la materia debatida) y la pluralidad de instancias que brinda (recuérdese que la sentencia que acoge o desestima la pretensión de revisión, es pasible de la interposición a su respecto de los recursos de apelación, nulidad y extraordinario si correspondiera), constituyen –entre otras-poderosas razones que avalan el susodicho pronóstico.

También creemos –o por lo menos esperamos-haber subrayado suficientemente un punto que se nos ocurre esencial. Cualquier circunstancia (inclusive las fortuitas) puede erigirse a favor determinante del dictado de una sentencia inicua

Por supuesto que rechazamos de plano la posibilidad de que quien resulte perdidoso en un pleito de modo definitivo (por haber agotado las instancias recursivas) pueda luego volver a tentar suerte con el expediente de deducir la pretensión aquí examinada. Nada de eso. Es que quien la deduzca no podrá –si desea tener éxito- limitarse a repetir los argumentos vertidos sin fortuna en el anterior proceso concluido. Deberá, en cambio satisfacer los recaudos de progreso que hemos reseñado más arriba.


-N O T AS-



  1. MORELLO, Augusto, “Indemnización del daño contractual” 2ª edición Platense.Abeledo Perrot, Buenos Aires 1974 página1 114.

  2. DIAZ, Clemente “Relaciones del derecho procesal con las disciplinas que atañen a los fines del Estado. La política y el derecho procesal” en Revista del Colegio de Abogados de La Plata 1958, pág 152 al pie.

  3. CLEMENTE DIAZ, “Relaciones...CIT pág 152.

  4. COUTURE, Eduardo “Oralidad y regla moral en el proceso civil” Imprenta de la Universidad de Buenos aires 1949 pág 6.

  5. Actas y Ponencias del X Congreso Nacional de Derecho Procesal, pág 58

  6. MAURINO, Alberto Luis, “Nulidades procesales” Astrea, Buenos Aires 1982, pág 234; RODRÍGUEZ, Luis, “Nulidades procesales” Editorial Universidad, Buenos Aires 1983, págs.203 y ss.

  7. RODRÍGUEZ, “Nulidades..”cit pág.207

  8. PEYRANO, Jorge W “El proceso civil. Principios y fundamentos” Ed Astrea, Buenos Aires 1978, pág 191: “Esta teoría de la no-sentencia presenta el grave defecto de no proteger los legítimos intereses de los terceros de buena fe. Esta preocupación por no perjudicar a terceros de buena fe, puesta de manifiesto, verbigracia, en la última parte del art.577 del Proyecto Couture ha provocado el abandono no general de la tesis de la no existencia de la sentencia fraudulenta; inclinándose la opinión hoy mayoritaria a tener a ésta por nula”

  9. BERIZONCE, Roberto, “La nulidad en el proceso” Ed Platense, La Plata 1967, págs.125 y ss.

  10. ARBONES, Mariano “La revocación de la cosa juzgada por iniquidad” en Actas y Ponencias del Décimo Congreso Nacional de Derecho Procesal, pág 291

  11. BERIZONCE, “La nulidad...cit. pág-128

  12. ED T 36, pág 290

  13. Actas y Ponencias del X Congreso de Derecho Procesal, pág 58

  14. MAURINO, “Nulidades...” cit pág.244

  15. RODRÍGUEZ, “Nulidades...”cit pág 218

  16. RODRÍGUEZ, “Nulidades—“ cit pág 219

  17. MAURINO, ob cit pág 234.

  18. RODRÍGUEZ, “Nulidades...cit pág 216.

  19. PEYRANO, Jorge W ob cit pág 204

  20. Puede consultarse –con singular provecho- sobre el tópico, la conocida obra de Alfredo Orgaz “El daño resarcible” 2 ed. OMEBA Buenos Aires, 1960 pág 70 y ss.

  21. PEYRANO ob cit pág 205:”Así, verbigracia no mediaría una relación causal adecuada entre una sentencia de declaración de insania obtenida fraudulentamente con miras a usufructuar el patrimonio del interdicto y el fallecimiento de éste a consecuencia de una enfermedad infecto-contagiosa adquirida en un instituto frenopático en el cual fuera internado”

  22. Código Procesal Civil de la provincia de Jujuy (año 1949): “Podrá pedirse aun después de la terminación del proceso, la anulación de los actos realizados mediante fraude, dolo o colusión. Esta anulación que se hará valer conforme a los principios enunciados en los artículos anteriores, sólo podrá ser deducida por la parte que hubiese estado imposibilitada, sin culpa suya, de ejercitar los respectivos remedios legales. Cuando se tratare de anular una sentencia ejecutiva, la demanda se admitirá únicamente en el caso de que se funde en un instrumento público o en uno privado otorgado por el adversario”

  23. ARBONES, ob.cit, pág 297

  24. RODRÍGUEZ, “Nulidad...,cit pág 214

  25. COUTURE, Eduardo, “La revocación de los actos procesales fraudulentos, en “Estudios de Derecho Procesal civil” Ediar, Buenos Aires,1951, pág 413.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje