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Accion de cumplimiento improcedencia para controvertir acto administrativo / concurso de meritos provisión de cargos docentes para universidad. Naturaleza del acto de convocatoria


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ACCION DE CUMPLIMIENTO - Improcedencia para controvertir acto administrativo / CONCURSO DE MERITOS - Provisión de cargos docentes para universidad. Naturaleza del acto de convocatoria
En el asunto bajo análisis, el actor pretende que se ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el cumplimiento del artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002 expedido por el Consejo Superior de ésa Universidad. El demandante asegura que el trámite para la elaboración de los perfiles para las convocatorias a concurso de méritos fue efectuado sin observancia de la mencionada disposición. El Acuerdo 007 de julio 19 de 2002 expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá regula todo lo relacionado con la convocatoria a concursos públicos de méritos para la provisión de cargos de la planta de personal docente de la Universidad, según lo indica el artículo 1° que desarrolla su objeto. Particularmente el artículo 3° cuyo cumplimiento reclama el actor, establece a cargo del Consejo Curricular de cada carrera elaborar el perfil de los cargos objeto de convocatoria a un concurso público de meritos, y presentarlos para la aprobación del Consejo de la facultad respectiva, el cual lo aprobará o lo devolverá con observaciones al Consejo Curricular. Ahora bien, según las declaraciones efectuadas en la demanda, en el escrito de renuencia, y en los demás documentos aportados al expediente que el actor dirigió al demandado previo a instaurar ésta acción, se entiende que aquel, so pretexto de exigir el cumplimiento de una disposición interna de la Universidad Distrital, realmente pretende cuestionar el trámite que ya ha sido surtido por ésta última dentro de la convocatoria a concurso público de méritos para proveer cargos en la planta de personal. Todo lo anterior pone en evidencia que el actor, si bien invoca una disposición específica como incumplida por parte de la Universidad Distrital, es lo cierto que la elaboración de los perfiles prevista en tal disposición y las convocatorias que le siguen ya fueron realizadas, y lo que realmente pretende aquel es que las convocatorias sean “anuladas” o “suspendidas”, de lo cual se colige que la verdadera intención del actor es controvertir la legalidad de una decisión administrativa contenida para el caso específico en las convocatorias para concurso de méritos publicadas en el diario El Tiempo el 8 de diciembre de 2002 y el 3 de marzo de 2003. Si bien la convocatoria tiene la naturaleza de un acto de trámite que no es directamente demandable, lo cierto es que las convocatorias que el actor califica de irregulares necesariamente debieron culminar con la elección o el nombramiento de los docentes que harán parte de la planta de personal de la Universidad, actos éstos últimos sí enjuiciables ante la jurisdicción contencioso administrativa. Demandada la elección o nombramiento efectuado por la Universidad Distrital, quedan comprendidas las censuras que el actor hace a las convocatorias del 8 de diciembre de 2002 y el 2 de marzo de 2003, siendo evidente de esta forma que el demandante cuenta con otro mecanismo judicial para exigir el cumplimiento de las normas que afirma como incumplidas. Así las cosas, la acción impetrada por el actor es improcedente, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley 393 de 1997.


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA

Consejera ponente: MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON



Bogotá D. C, diecinueve (19) de febrero de dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 25000-23-25-000-2003-0721-02(ACU)
Actor: HENRY ZUÑIGA PALMA
Demandado: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Se decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia del 24 de noviembre de 2003 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual “negó” por improcedente la acción de cumplimiento instaurada.




  1. ANTECEDENTES



1. La demanda
Mediante escrito presentado el 29 de abril de 2003 ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 5), el señor Henry Zúñiga Palma, obrando en nombre propio, instauró acción de cumplimiento contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para lo cual formuló las siguientes:
1.1. Peticiones
a) Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de las siguientes disposiciones:

- Acuerdo N° 04 de 1996. Estatuto Académico de la Universidad Francisco José de Caldas, expedido por el Consejo Superior Universitario. Artículos 17 y 24.


- Acuerdo N° 07 de 2002. Expedido por el Consejo Superior de la Universidad Francisco José de Caldas. Artículo 3°.
- Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Unico. Artículo 34.
- Artículo 6° del Código de Procedimiento Civil.
b) En consecuencia, solicita que se ordene al demandado la suspensión de las convocatorias realizadas para proveer cargos de la planta de personal docente de la Universidad, para que sean realizadas nuevamente atendiendo a las ritualidades contenidas en las normas invocadas.
Lo anterior, con fundamento en los siguientes:
1.2. Hechos
a) El 8 de diciembre de 2002 se publicó en el periódico “El Tiempo” la convocatoria a concurso público de méritos para proveer cargos de la planta de personal docente para el proyecto curricular de Ingeniera Forestal, de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, señalando tres perfiles distintos para cada área, así: 1) área de “cuencas hidrográficas, geomorfología, manejo y conservación de suelos”, 2) área de “silvicultura de bosques naturales y agroforestería, y 3) área de Sociohumanística.
b) Como el perfil 2 fue declarado desierto, la Universidad convocó el 2 de marzo de 2003 a un nuevo concurso igualmente publicado en el diario “El Tiempo”, pero ésta vez en la modalidad de “joven talento”.
c) El 3 de abril de 2003 el actor solicitó ante el Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Coordinador de Ingeniería Forestal la anulación de la nueva convocatoria de joven talento para el área de “silvicultura de bosques naturales y agroforestería”, por considerarla lesiva para los estudiantes de la facultad de Ingeniería Forestal, y porque, a su parecer, desconocía el artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002, debido a que el perfil de la convocatoria no había sido elaborado por el Consejo Curricular de Ingeniería Forestal, como lo dispone el mencionado acuerdo.
d) Nuevamente, el 7 de abril de 2003 el actor se dirigió por escrito al Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comunicándole que, igual como sucedió con el perfil 2, los perfiles 1 y 3 de las convocatorias fueron realizados sin la observancia del artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002, es decir, no fueron elaborados por el Consejo Curricular de Ingeniería Forestal.
Sobre ése punto, el actor señala que: “el proyecto curricular de Ingeniería Forestal no aparece remitiendo perfil alguno al Consejo de Facultad para estudio y aprobación... Por lo tanto, no se entiende como (sic) fueron aprobados por el Consejo de Facultad, unos perfiles que oficialmente nunca le llegaron para tal efecto.” (fl. 3).
e) En ésa misma fecha, el actor solicitó al coordinador de Ingeniería Forestal copia de las actas del Consejo Curricular de Ingeniería Forestal que permitan comprobar que fueron sus miembros quienes elaboraron los perfiles 1,2 y 3 de las convocatorias que se publicaron en el diario El Tiempo, junto con otra serie de documentos tendientes a verificar ésa misma situación.
f) Los funcionarios requeridos contestaron las peticiones del actor, asegurando ambos que el trámite de las convocatorias de diciembre 8 de 2002 y marzo 2 de 2003 fue surtido conforme lo reglamenta el Acuerdo 07 de 2002, por lo que ninguna de aquellas puede ser anulada.
g) El actor asegura que la negativa de las directivas de la Universidad involucradas en las convocatorias a concurso de méritos a entregar copia de las actas de sus sesiones, pone en evidencia que los perfiles no fueron elaborados conforme lo indican los estatutos.
h) Finalmente, el actor manifestó que un grupo aproximado de 160 estudiantes de la Universidad Distrital apoyó la sugerencia por él realizada a las directivas del plantel el 3 de abril de 2003, consistente en realizar una consulta a profesores y estudiantes acerca de la conveniencia de convocar a concurso de méritos en la modalidad de joven talento.
2. Trámite procesal en primera instancia
2.1. En auto del 30 de abril de 2003 (fl. 39), el a quo concedió al actor 2 días para determinar con claridad la norma con fuerza material de ley o acto administrativo que considera incumplido, según lo requiere el numeral segundo del artículo 10 de la Ley 393 de 1997.
2.2. Seguidamente, con el auto de mayo 13 de 2003 (fl. 42), fue rechazada la acción de cumplimiento instaurada por el actor por no haber subsanado el defecto señalado.
2.3. Contra tal decisión, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, manifestando que el 5 de mayo de 2003 presentó ante la Secretaría de la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal un escrito corrigiendo las falencias observadas, memorial del cual aportó copia (fls. 45 y 46).
2.4. Mediante auto de 27 de mayo de 2003 (fls. 57 a 60), el a quo rechazó el recurso de reposición por improcedente, y concedió el de apelación para ante esta Corporación.
2.5. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, mediante auto del 7 de julio de 2003 (fls. 64 a 68), revocó el auto del 13 de mayo de 2003 y, en su lugar, ordenó al Tribunal de instancia pronunciarse sobre la admisión de la demanda, toda vez que encontró acreditada la presentación en tiempo del escrito de corrección de la demanda en los términos ordenados en el auto de 30 de abril de 2003.
2.6. La demanda fue admitida con el auto del 26 de agosto de 2003 (fl. 74), en el cual se ordenó la notificación del Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá.
2.7. Por la irregularidad observada en la recepción del memorial que presentara el actor en cumplimiento del auto de 30 de abril de 2003, el magistrado ponente del proceso en primera instancia solicitó al citador de la Subsección “A” de la Sección Segunda que rindiera un informe detallado sobre las razones por las cuales aquel escrito no fue anexado al expediente (fl. 75). El mencionado empleado manifestó que no fue el encargado de recibir dicho memorial (fl. 78).
2.8. Respuesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
El apoderado de la Universidad contestó la demanda (fls. 79 a 86), asegurando que la convocatoria de joven talento que desaprueba el actor fue realizada atendiendo a lo reglado en el Acuerdo N° 07 de 2002. Para respaldar tal afirmación, explicó el trámite surtido por el Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Consejo Académico de la Universidad, así:
- El Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital aprobó el perfil 2 de la convocatoria, como se observa en el Acta N° 021 de la sesión del 15 de octubre de 2002.
- En sesión del 21 de febrero de 2003 que consta en el Acta N° 004, el Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital encontró apropiado recomendar al Consejo Académico de la Universidad cambiar el perfil 2 declarado desierto, por el perfil correspondiente a la modalidad “joven talento”.
- El mencionado Consejo de la Facultad de Medio Ambiente designó los jurados para la convocatoria de joven talento, en sesión del 13 de marzo de 2003, que consta en el Acta N° 006.
- Los jurados remitieron al decano de la facultad los resultados de la convocatoria, el 21 de mayo de 2003. En esa misma fecha, el decano de la facultad aprobó los resultados de la convocatoria de joven talento con la Resolución N° 021.
Finalmente, el demandado considera que: “El accionante aparte de faltar a su ética profesional de docente, al involucrar a los alumnos en el concurso que nos ocupa, pretende violar la ley, los Acuerdos 04 de 1996 y 07 de 2002 y el Código Disciplinario Unico Ley 734 de 2002, realizando consultas a profesores y alumnos, pretendiendo en esta forma, que 160 estudiantes de la Facultad del Medio Ambiente, formen parte del jurado calificador, en la selección de los candidatos que se presenten a concurso abierto para proveer cargos docentes en la Universidad Distrital, aspecto éste ilógico, que violaría toda norma constitucional y legal.” (fl. 83).
2.9. Mediante auto del 10 de septiembre de 2003 (fls. 132 a 133), fueron solicitados al demandado los siguientes documentos aludidos por la parte actora en la demanda:
“6.1.2.2.- Copias de los perfiles 1,2,3 elaborados por el Consejo Curricular de Ingeniería Forestal (tal como aparecieron en la convocatoria del 08 de diciembre/02), que fueron remitidos al Consejo de Facultad para su estudio y aprobación.
“6.1.2.3.- Copia del acta del Consejo Curricular de Ingeniería Forestal, relacionada con la sesión donde se elaboró el perfil para el área de Silvicultura de bosques naturales y agroforestería (modalidad joven talento), tal como apareció en la convocatoria del 02 de marzo/03.
“6.1.2.4.- Copia del perfil elaborado para el joven talento en el área de Silvicultura de Bosques naturales y agroforestería (tal como apareció en la convocatoria del 02 de marzo/03) y que fue remitido al Consejo de Facultad para su estudio y aprobación. Y copia del respectivo oficio de remisión para tal aprobación.
“6.1.2.5.- Copias de comunicaciones remisorias del Consejo de Facultad al Consejo Curricular de Ingeniería Forestal, relacionadas con los perfiles 1,2 y 3 anteriormente mencionados, para las correspondientes modificaciones, si fue que tal situación se presentó durante el estudio y aprobación definitiva de dichos perfiles en sesiones del Consejo de Facultad.” (fl. 5).

2.10. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el mencionado auto, porque fue negada la prueba testimonial solicitada respecto de los miembros del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consejo Curricular.


2.11. El recurso fue resuelto por el Tribunal de instancia como si se tratara de una reposición, mediante auto del 17 de septiembre de 2003 (fls. 138 a 139), y fue rechazado por haber sido presentado extemporáneamente.
2.12. Con el auto de 14 de octubre de 2003 (fl. 142), el a quo insistió en las pruebas solicitadas al demandado, quien finalmente allegó los documentos adjuntos al escrito presentado el 7 de noviembre de 2003 (fls. 144 a 145).
3. La providencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 24 de noviembre de 2003 (fls. 152 a 164), “negó” por improcedente la acción de cumplimiento instaurada.
Los principales argumentos del Tribunal fueron los siguientes:
En primer lugar, el a quo advirtió que únicamente abordaría el análisis respecto del artículo 3° del Acuerdo 7 de 2002, habida cuenta que en el escrito de renuencia el actor sólo reclamó a la entidad demandado el cumplimiento de dicha disposición.
En segundo lugar, el Tribunal consideró que, como quiera que las convocatorias se realizaron con anterioridad a la presentación de la demanda, “la norma que se pretende su cumplimiento ya no se tornaba exigible”, planteamiento que sustentó en los siguientes términos:
“Si bien es cierto, la norma acusada fijó unos procedimientos o parámetros para la elaboración de perfiles, para el nombramiento de docentes de la Universidad Distrital, de donde se deriva una obligación clara, expresa y exigible, también lo es, que esta (sic) solamente puede ser exigible durante el procedimiento previo a efectuarse la fijación del perfil y por ende anterior a la convocatoria la norma demandada no resulta exigible, en la media (sic) que lo contemplado en ella no se pueden aplicar sobre las convocatorias debidamente surtidas. Razones suficientes por las cuales la norma demandada no resulta exigible en este momento, ni tampoco en la época (abril 7 de 2003) en la cual el demandante solicitó el cumplimiento del aludido artículo.” (fls. 161 a 162 - subrayado del original, negrillas de la Sala).

En tercer lugar, señaló el Tribunal que “si lo que pretende el demandante en este momento es la suspensión de las convocatorias o nombramientos y consecuentemente la nulidad de las mismas... la acción de cumplimiento propuesta resulta improcedente al tenor de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley 393 de 1997, por contar el actor con otro mecanismo judicial” (fl. 162 - Resalta la Sala).


4. La impugnación
El actor impugnó la decisión de instancia sin expresar las razones de su inconformidad con la misma (fl. 165).



  1. CONSIDERACIONES



1. Competencia

Corresponde a esta Corporación conocer en segunda instancia de las acciones de cumplimiento, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 3° de la Ley 393 de 1997 y, con el artículo 1° del Acuerdo 055 de 2003 por medio del cual se modificó el reglamento del Consejo de Estado.


2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento consagrada en el artículo 87 de la Constitución, tiene por finalidad hacer efectivo el derecho del que goza toda persona, natural o jurídica, pública o privada, en cuanto titular de intereses jurídicos, para exigir tanto a las autoridades públicas como a los particulares que ejerzan funciones de esta índole, el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertos deberes u obligaciones a tal autoridad, la cual se muestra renuente a cumplirlos, y de tal forma, hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado:
“El objeto y finalidad de la acción de cumplimiento es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo”1.
Según se colige del contenido de la Ley 393 de 1997, los requisitos mínimos exigidos para que la acción de cumplimiento prospere, son los siguientes:
1º) Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos (art. 1º).
2º ) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5º y 6º).
3º) Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir, o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º).
4º) No procederá la acción cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico, salvo el caso que, de no proceder el juez administrativo, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
3. Las disposiciones cuyo cumplimiento se exige
Según lo señaló el actor en la demanda, la prueba de la renuencia la constituye la petición presentada al Presidente del Consejo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos naturales el 7 de abril de 2003. Dicha petición obra al folio 24 del expediente, y en ésta el actor solicita al mencionado funcionario el cumplimiento del artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002, sin hacer mención alguna de las demás normas que invocó en la demanda.
Así las cosas, el requisito de renuencia no se encuentra satisfecho respecto del Acuerdo N° 04 de 1996, de los artículos 17 y 24, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Unico, ni del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil, que también fueron indicados en la demanda como incumplidos, razón por la que el estudio del caso concreto debe limitarse a la disposición frente a la cual el demandante constituyó la renuencia de la Universidad Distrital, esto es, el artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002.
Sobre el particular, la Sala ha manifestado en reiterada jurisprudencia que entre el escrito aportado como prueba de la renuencia y la demanda, debe existir identidad del contenido normativo calificado como incumplido, del solicitante, y de la entidad a la cual van dirigidos.2
En conclusión, la disposición objeto de la demanda es el artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002 expedido por el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo texto es el siguiente:
Acuerdo No. 007/02. (Julio 19).
“Por el cual se expide el Reglamento de Concursos Públicos de Méritos para la provisión de cargos en la Planta de Personal Docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

“(...)
Artículo 3. PERFIL. Le corresponde al Consejo Curricular de cada carrera de acuerdo con sus necesidades, debidamente justificadas, elaborar el perfil de los cargos, otorgando prioridad a las áreas que no cuenten con profesores de planta, y presentarlos para su estudio y aprobación al respectivo Consejo de Facultad, en consonancia con el Estatuto Académico de la Universidad. Si el perfil es rechazado por el Consejo de Facultad lo devolverá al Consejo Curricular con los motivos, observaciones y sugerencias acordadas.


Parágrafo 1. Los perfiles deben corresponderse con el Plan de Acción de las Facultades, el Plan de Desarrollo de la Universidad y ajustarse a los perfiles básicos elaborados en cada carrera. El Consejo de Facultad definirá además del perfil, el tipo de pruebas, exámenes y segundo idioma requerido y consistente con el perfil.
Parágrafo 2. En casos excepcionales y en ausencia de Consejos Curriculares, debidamente establecidos, el Decano de la Facultad, previa autorización del Consejo Académico elaborará el perfil y lo presentará al Consejo de Facultad.” (fls. 8 y 9).
4. El caso concreto
En el asunto bajo análisis, el actor pretende que se ordene a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el cumplimiento del artículo 3° del Acuerdo 07 de 2002 expedido por el Consejo Superior de ésa Universidad. El demandante asegura que el trámite para la elaboración de los perfiles para las convocatorias a concurso de méritos fue efectuado sin observancia de la mencionada disposición.
El Tribunal de primera instancia negó por improcedente la acción de cumplimiento por considerar, de una parte, que para la fecha de presentación de la demanda la obligación contenida en la norma invocada no era exigible, teniendo en cuenta que los perfiles ya habían sido elaborados y ya se había convocado a concurso. De otra parte, el a quo concluyó que al actor le asistía otro mecanismo judicial, si lo que pretende es que se suspendan las convocatorias que realizó el demandado, pero no indicó cuál era tal mecanismo.
En la impugnación, el actor no manifestó las razones de su disentimiento con el fallo del 24 de noviembre de 2003.
El Acuerdo N° 007 de julio 19 de 2002 expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá regula todo lo relacionado con la convocatoria a concursos públicos de méritos para la provisión de cargos de la planta de personal docente de la Universidad, según lo indica el artículo 1° que desarrolla su objeto.
Particularmente el artículo 3° cuyo cumplimiento reclama el actor, establece a cargo del Consejo Curricular de cada carrera elaborar el perfil de los cargos objeto de convocatoria a un concurso público de meritos, y presentarlos para la aprobación del Consejo de la facultad respectiva, el cual lo aprobará o lo devolverá con observaciones al Consejo Curricular.
Por su parte, el artículo 5° del acuerdo en comento establece dos modalidades para proveer las vacantes de la planta docente de la Universidad, cuales son: a) concurso abierto, definido como “aquel donde participan los ciudadanos que acrediten trayectoria y reconocimiento académico en los diferentes campos de acción de la educación superior y cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo perfil”; y, b) jóvenes talentos, entendido como “aquel donde participan jóvenes profesionales, de cualquier Universidad, cuya edad permitida es hasta los 26 años, que demuestren altas calidades académicas y una manifiesta vocación por la investigación y la producción del conocimiento.” (fl. 10).
Ahora bien, según las declaraciones efectuadas en la demanda, en el escrito de renuencia, y en los demás documentos aportados al expediente que el actor dirigió al demandado previo a instaurar ésta acción, se entiende que aquel, so pretexto de exigir el cumplimiento de una disposición interna de la Universidad Distrital, realmente pretende cuestionar el trámite que ya ha sido surtido por ésta última dentro de la convocatoria a concurso público de méritos para proveer cargos en la planta de personal.
En efecto, el actor manifestó en la demanda que, a su juicio, las convocatorias realizadas el 8 de diciembre de 2002 y el 2 de marzo de 2003 están “viciados de nulidad”, por lo que considera que la universidad debe “suspender tales convocatorias y llevarlas a cabo como debe ser” (fl. 4).
Así mismo, en la petición que elevó el señor Zúñiga Palma al Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Coordinador de Ingeniería Forestal el 3 de abril de 2003 (fls. 22 a 23), señaló que reemplazar la convocatoria del perfil 2 declarada desierta por un perfil de la modalidad de joven talento es una decisión lesiva para la Universidad, planteamiento que efectuó así:
“Pero lo que no se entiende, es porqué (sic) de la rigurosidad y buena intencionalidad antes anotada, ahora se decida que un recién egresado sin ninguna experiencia profesional y sin ninguna capacitación llegue a dictar clases de silvicultura y agroforestería. Y eso se observa en la nueva convocatoria a concursos públicos en la modalidad de joven talento, que se publicó el 2 de marzo de 2003 en el periódico El Tiempo...” (fl. 22).

En ésa misma petición, el actor solicitó “anular la convocatoria de joven talento para el área de Silvicultura de Bosques y Agroforestería” (fl. 23). De otra parte, anotó que la convocatoria desconocía el artículo 3° del Acuerdo 007 de 2002 “al publicar una convocatoria cuyo nuevo perfil no fue elaborado por el Consejo Curricular de Carrera como lo es mandado” (fl. 23).


Iguales requerimientos fueron expresados por el señor Zúñiga Palma en el escrito fechado 7 de abril de 2003 aportado como prueba de la renuencia (fl. 24); el actor declaró que en la convocatoria de joven talento “se han pretermitido pasos que son de obligatorio cumplimiento”, toda vez que los perfiles “si bien es cierto inicialmente fueron elaborados por el Consejo Curricular de Ingeniería Forestal (como lo dice la norma), también es cierto que sufrieron reparos y observaciones por parte del Consejo de Facultad que no fueron subsanados por el Consejo de Carrera, como es lo ordenado por el precitado acuerdo.” (fl. 24).
Todo lo anterior pone en evidencia que el actor, si bien invoca una disposición específica como incumplida por parte de la Universidad Distrital, es lo cierto que la elaboración de los perfiles prevista en tal disposición y las convocatorias que le siguen ya fueron realizadas, y lo que realmente pretende aquel es que las convocatorias sean “anuladas” o “suspendidas”, de lo cual se colige que la verdadera intención del actor es controvertir la legalidad de una decisión administrativa contenida para el caso específico en las convocatorias para concurso de méritos publicadas en el diario El Tiempo el 8 de diciembre de 2002 y el 3 de marzo de 2003 (fls. 20 y 21).
Si bien la convocatoria tiene la naturaleza de un acto de trámite que no es directamente demandable, lo cierto es que las convocatorias que el actor califica de irregulares necesariamente debieron culminar con la elección o el nombramiento de los docentes que harán parte de la planta de personal de la Universidad, actos éstos últimos sí enjuiciables ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Demandada la elección o nombramiento efectuado por la Universidad Distrital, quedan comprendidas las censuras que el actor hace a las convocatorias del 8 de diciembre de 2002 y el 2 de marzo de 2003, siendo evidente de esta forma que el demandante cuenta con otro mecanismo judicial para exigir el cumplimiento de las normas que afirma como incumplidas.
Así las cosas, la acción impetrada por el actor es improcedente, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9° de la Ley 393 de 1997, que reza:
Artículo 9º. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de [la norma] o Acto Administrativo, salvo que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.
“Parágrafo. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.” (Resalta la Sala).

En cuanto a la decisión impugnada, ésta será modificada por cuanto, no obstante acoger la Sala el argumento de improcedencia de la acción expuesto por el a quo, éste incurrió en una imprecisión terminológica en la parte resolutiva del fallo al “negar” la acción, cuando lo correspondiente era disponer su rechazo.


En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
MODIFICASE la sentencia del 24 de noviembre de 2003 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual queda así:
RECHAZASE por improcedente la acción de cumplimiento instaurada por el señor Henry Zúñiga Palma contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Ejecutoriada esta providencia, envíese al tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.



MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON


Presidenta

REINALDO CHAVARRO BURITICA FILEMON JIMENEZ OCHOA


DARIO QUIÑONES PINILLA


1 Corte Constitucional, sentencia C-157 del 29 de abril de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonel.

2 Consejo de Estado. Sección Quinta. Exp. ACU-2749. Fallo de 30 de octubre de 2003.


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