Página principal

A/ Héctor Hernández Cubillos


Descargar 43.85 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño43.85 Kb.

República de Colombia Impugnación de Tutela No 13150

A/ Héctor Hernández Cubillos.




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL


Magistrado Ponente:

Dr. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE


Aprobado acta No. 35
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil tres (2.003).
VISTOS:
Decide la Sala la impugnación propuesta por la señora Personera Municipal de Teruel Tolima en representación de JONSER HERRERA LADINO, NELCY CASTAÑEDA, HÉCTOR HERNÁNDEZ CUBILLOS, AMPARO GALINDO CARREÑO, ADRIANA HERNÁNDEZ GALINDO, CRISTIAN HERNÁNDEZ GALINDO, ARNULFO QUILCUE, HÉCTOR HERNÁNDEZ GALINDO, FLOR MILENA ARIAS VALLE, ROSARIO DÍAZ VARGAS, YULI CONSTANZA FIERRO DÍAZ, FABIOLA ORDOÑEZ SILVA, MARLIO OSSO TRUJILLO, ANDERA DEL PILAR OSSO ORDÓÑEZ, ALEIVY LAGUNA BARRIOS, OSCAR OSTIANO DÍAZ ROSERO, HAROLD STIVEN DÍAZ LAGUNA, FLOR DILMA DÍAZ LAGUNA, MARCY LAGUNA BARRIOS, FREDY CASALLAS CALEÑO, KAREN VIVIANA CASALLAS LAGUNA, KAROLL DAYANA CASALLAS LAGUNA, BETULIA PARRA TOLEDO, AUDY JOHANA PARRA TOLEDO, ALBA LUCÍA JARAMILLO PARRA, SANDRA MILENA JARAMILLO PARRA, CRISTIAN CABRERA PARRA, YINA MARÍA CABRERA PARRA, NELLY CABRERA PARRA, NAPOLEÓN LAGUNA ECHIPUS, EDILMA BARRIOS SILVA, NELSER LAGUNA BARRIOS, FLORALBA TORRES LUNA, NELSER JOHAN TORRES LUNA , ULISES LAGUNA BARRIOS, , LUZ DELLY ROSERO PATIÑO, JONH EDWIN ROSERO PATIÑO, RUBEN DARIO LAGUNA BAQUERO, SEBÁSTIAN ROMERO PATIÑO, MARTHA LILIANA ROSERO PATIÑO, ULISES FABIAN ROSERO PATIÑO, JAIR LAGUNA BARRIOS, FLOR EMILIA SALAZAR PASTRANA, SHIRLY DAYAN LAGUNA SALAZAR, , NESTOR JULIAN LAGUNA SALAZAR, MARÍA JOSE LAGUNA SALAZAR, MARÍA DEL MAR SALAZAR PASTRANA, y JAVIER FRANCISCO SALAZAR PASTRANA, contra la sentencia emitida el pasado 4 de febrero, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, que resolvió negar la tutela a los derechos fundamentales a la vida, la salud, a la integridad personal, a la libre circulación, a la igualdad real y efectiva, a la vivienda digna, educación, alimentación y trabajo reclamados por los mismos, quienes invocan su condición de desplazados por la violencia y que fueran presuntamente vulnerados por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agricultura, la Red de Solidaridad Social, El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE , y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN:
La Señora Personera Municipal en representación de los demandantes referenciados afirma, que como consecuencia del conflicto armado muchas familias se han visto avocadas a abandonar sus parcelas para salvar su vida y en condición de desplazadas por la violencia, se han visto sometidas a vivir en condiciones indignas, sometidas a las consecuencias de su situación, a lo que no es ajeno el Municipio de Teruel debido a su cercanía a la zona de despeje, que ha sido receptor de varias familias quienes no han recibido la asistencia debida por el Estado, cuyo amparo se depreca a través de esta acción.
Refiere que, ha no se ha obtenido de la Red de Solidaridad Social la ayuda humanitaria prevista por el artículo 15 de la ley 387 de 1997, consistente en la atención básica de alimentación, argumentándose falta de disponibilidad presupuestal desconociéndose sus derechos, además que las familias no forman parte de un proyecto de vivienda, créditos para proyectos productivos, o compra de parcelas, a pesar de los requerimientos que se han hecho para que los representantes de las distintas entidades proporcionen salidas a la problemática.
Conforme a lo anterior solicita que :
se ordene al Señor Presidente de la República, a quién corresponde la coordinación de las acciones encaminadas para tal fin, junto con los ministerios e instituciones demandadas que dentro de la órbita de sus respectivas competencias para que inicen, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación de la sentencia, las gestiones tendientes a lograr en un plazo máximo de 60 días comunes a partir de la notificación, la solución definitiva y eficaz de la situación presentada por los menores y mayores de edad, mencionados anteriormente, en asignación de los subsidios para vivienda y para la atención de sus necesidades alimentarias, vestuario, salud y educación. Y que en caso de que el Inurbe manifieste en desarrollo de esta acción que dará prioridad para la asignación del subsidio para vivienda, con el fin de evitar en el futuro inconvenientes para su cumplimiento y si es posible, que se disponga que la Procuraduría General de la Nación vigile el cumplimiento del fallo”.
LA ACTUACIÓN:
La Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica solicita la declaratoria de improcedencia de la acción propuesta y su exclusión de los efectos de la sentencia que se produzca, en la medida que esa Institución carece de competencia sobre los hechos denunciados, la que está asignada a la Red de Solidaridad Social, para la atención de la población desplazada forzosamente por la violencia.
El Ministerio de Salud, informa por medio de la Oficina Jurídica que los desplazados son atendidos a través de la entidad territorial en donde efectúan su asentamiento definitivo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 185 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, a través del cual, a partir del 23 de diciembre de 2000, se garantiza en el territorio nacional el acceso a los servicios integrales en salud a todas las personas inscritas en el Registro Único de la Condición de Desplazado, administrado por la Red de Solidaridad Social, por lo que corresponde a la entidad territorial atender a dicha población debiéndose excluir a este Ministerio de toda responsabilidad en el presente caso.
El Ministerio del Interior, por medio del Coordinador del Grupo disciplinario y Contencioso Administrativo, manifiesta que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000, la Red de Solidaridad Social, reviste el carácter de entidad Coordinadora del Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, siendo ese organismo el competente para desarrollar los programas que tienen que ver con su objeto es por lo que solicita se desvincule a este Ministerio de las pretensiones de la demanda.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, informa que no le corresponde el cumplimiento de lo requerido por los demandantes, pues su función en referencia a los desplazados, solo se desarrolla en la perspectiva del retorno voluntario o de reubicación de los mismos en sus fincas o parcelas, es decir al sector rural, voluntad que no han expresado los peticionarios. En consecuencia, considera que dicho ministerio no ha vulnerado derecho fundamental alguno a los tutelantes.
El alcalde Municipal de Teruel, comunica que el Comité Municipal para la Atención a la Población Desplazada, el cual preside, se ha venido reuniendo con el objeto de elaborar el plan de contingencia que se adecué a las necesidades de ese municipio, ha programado reuniones con la red de solidaridad Social y las entidades comprometidas con el tema, las que por seguridad no han podido celebrarse. Agrega que en materia de salud, se atendió las personas que requirieron del servicio, el cual se suspendió por razones presupuestales, atendiéndose en la actualidad solo las urgencias. Aduce finalmente que, se apropió la suma de $ 5.000.000.oo del presupuesto municipal, para la atención de las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, como es el caso de los desplazados.
El Instituto Colombiano de Bienestar, enterado del inicio del presente trámite coloca de presente que atenderá a los menores que reporte la personería municipal, para lo cual ya ha impartido el Director Regional Huila las instrucciones pertinentes, disponiéndose que los niños menores de 7 años reciban atención integral a través de los Hogares Comunitarios de Bienestar para lo cual el ICBF aportará los recursos necesarios, así mismo, indica que los menores entre los 5 y los 18 años se beneficiarán con el suministro de complemento alimentario a través del programa de restaurantes escolares.
El Ministerio de Educación Nacional manifiesta que es el encargado de prestar la asistencia técnica pertinente a través de las Secretarias de Educación Departamentales, quienes son las encargadas de garantizar el servicio público educativo en los diferentes niveles acorde con las circunstancias de la población desplazada, informando que ha impartido instrucciones pertinentes a sus dependencias en los entes territoriales a fin de asegurar el derecho a la educación de los accionantes, por lo que solicita, teniendo en cuenta que no ha desconocido el derecho a la educación de los accionantes, se le desvincule del presente trámite.

La Red de Solidaridad Social, expone que se le entregó a algunos de los accionantes la ayuda básica humanitaria de urgencia correspondiente, quedando pendiente otras de entregar, aunque la prórroga de la misma esta sujeta a la disponibilidad presupuestal pertinente, a la solicitud de los interesados y al cumplimiento de los turnos respectivos con el objeto de respetar el derecho a la igualdad.

Igualmente manifiesta, que en lo atinente a los programas de asistencia social integral, dependen ellos en su ejecución de todo el Sistema Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, del cual la Red es únicamente parte integrante, por lo que se hace necesario que los interesados se dirijan a las autoridades correspondientes y que componen la red, dígase por vía de ejemplo, el Sena para la asesoría de proyectos productivos, la Secretaría de Educación respectiva para la asignación de cupos escolares y el Incora e Inurbe para la ejecución de los proyectos de adjudicación de inmuebles rurales y de vivienda urbana respectivamente, para ser incluida en los programas pertinentes.
Igualmente informa que los accionantes han sido remitidos a las entidades de salud pública de Teruel, y que solamente el señor Jonser Herrera Ladino, ha presentado solicitud de proyecto productivo.
Por lo anterior solicita se desestimen las pretensiones de los accionantes.
A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito público, solicita se declare la improcedencia de la acción incoada en atención a que, dentro de su órbita de competencia constitucional y legal, observó a cabalidad sus deberes en lo que respecta a la atención integral de la población desplazada por la violencia, lo que se limita a la asignación de los recursos, previamente apropiados por la ley general de presupuesto, a la Red de Solidaridad Social, de acuerdo con la priorización de necesidades con nivel de urgencia manifestada por esa entidad y las disponibilidades de tesorería, así como el giro efectivo de los recursos, más sin embrago -afirma- no se ha incurrido por esa institución, en omisión o acción que comporte vulneración a los derechos fundamentales de las accionantes.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL:
La Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, al fallar la demanda, el pasado 4 de febrero, declaró improcedente la acción de tutela propuesta, luego de precisar que las entidades accionadas deben conocer en primera instancia las necesidades cuya satisfacción de ellas se demandan, pues mientras ello no ocurra los releva de cualquier obligación, como ocurre en el presente caso.
Igualmente considera que conforme a las circunstancias descritas, pese a vivir los accionantes en condiciones de precariedad económica no se revela un peligro inminente a sus vidas y en cuanto a los restantes derechos que se invocan, se desnaturaliza su protección inmediata ante la inexigibilidad de reclamarlos en un plazo adecuado, infiriéndose la ausencia del quebrantamiento que se demanda.

LA IMPUGNACIÓN:

Con similares argumentos a los aducidos en la demanda impetrada, la señora Personera Municipal de Teruel impugna el fallo proferido por el Tribunal a quo, resaltando que no se ha suministrado ayuda para el alojamiento transitorio de los accionantes pese haberse solicitado, al igual que muchas solicitudes de consolidación y estabilización socio económica que la Red de Solidaridad Social no atendido con el pretexto de no existir disponibilidad presupuestal.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE:
1. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA.
De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela está concebida para que mediante un trámite preferente y sumario, se protejan los derechos fundamentales de las personas cuando se compruebe que han sido amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, a condición de que no tenga otros medios de defensa judicial.

Por ello, es ciertamente imperativo insistir en que la tutela no es un medio que pueda hacerse alternar con los instrumentos de defensa judicial que las normas procesales han contemplado, no solamente por cuanto se somete el mecanismo de amparo a un injustificado desgaste, sino porque su viabilidad se ha predicado de aquellos eventos en los cuales no se cuenta con mecanismos protectores de los derechos fundamentales y en ninguna forma para que ante el juez constitucional se persevere en posturas defensivas fallidas por el hecho de no hacer efectivos los procedimientos respectivos en aras de obtener los resultados esperados en las instancias ordinarias, como ha sucedido en este caso, en que la propia actora hace énfasis en acusar falencias de supervivencia en nombre propio y de su progenitora sin haber deprecado de las autoridades competentes en su nombre y en beneficio propio y de su señora madre y, a través del trámite previo señalado legalmente para el efecto la misma ayuda que por esta vía residual y excepcional reclama.

La acción de tutela tiene dos características esenciales, la subsidiariedad y la inmediatez, de ahí que su procedencia esté condicionada a la carencia de otros mecanismos de defensa judicial y a la previa comprobación de la vulneración o amenaza de un derecho fundamental en la situación concreta, en cuyo caso mediante decisión perentoria se ordene su restablecimiento o protección o, en su defecto, se declarará su improcedencia.


De conformidad con el artículo 13, inciso 2° de la Carta Política el Estado debe privilegiar la situación de las personas que se encuentran en estado de indefensión en virtud de sus especiales circunstancias.
No ofrece reparo alguno la afirmación atinente a que las personas que han sido desarraigadas de sus lugares de origen, de sus domicilios y parcelas en virtud de la violencia desplegada por grupos armados al margen de la ley o en desarrollo de las actividades del mismo Estado, para proteger sus vidas, su integridad física o la unidad familiar y el derecho a la libertad, ostentan la condición de desplazados, y en consecuencia, han sido violentados sus derechos a la libertad de escoger un sitio de residencia en cualquier lugar del país, a desplazarse libremente por él, quedando en una situación de inminente desamparo que reclama la protección inmediata del Estado.
La situación de extrema violencia que vive el país ha obligado al legislador a expedir disposiciones que permitan orientar, coordinar e implementar programas de protección, ayuda humanitaria y de atención de necesidades de las personas o grupos de personas que se ven forzadas a desplazarse fuera de sus lugares habituales de residencia que se condensan en la ley 387 de 1997, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia, la Red Nacional de Información y se previene el desplazamiento forzado por la violencia, mecanismos que desafortunadamente han sido insuficientes, dado el crecimiento que se aprecia de la población desplazada.
El desplazamiento forzado de personas, de familias y comunidades, requiere la atención inmediata de necesidades básicas como alimentación, vivienda en condiciones dignas, aseo, salud, educación entre otras, que por la circunstancia de indefensión que deben afrontar adquieren la connotación de derechos fundamentales que deben ser satisfechos por el Estado en atención a claros postulados de rango constitucional (artículos 1, 2,11, 13-2, 24) que protegen la vida, el respeto a la dignidad humana, los grupos discriminados, la libre circulación, residencia y permanencia en el territorio nacional.
Sin embargo, los mecanismos de protección inmediata para la población objeto de desplazamiento forzado operan ante el requerimiento de las personas afectadas, para cuyo control se ha establecido el Registro Nacional de Población Desplazado que si bien no da el estatus de desplazado, sí permite acceder de manera organizada a los beneficios establecidos en su favor, y reclamar, en el evento de ser necesario, mediante el ejercicio de los mecanismos judiciales su eficacia inmediata.
En este evento los accionantes, a través de la Personera Municipal de Teruel, solicitan la protección inmediata de los derechos fundamentales que le asisten en forma directa y a sus familias, reclamando de todas las autoridades del orden seccional y local su intervención para la solución de problemas de salud, vivienda, educación, trabajo, etc.
De acuerdo con lo señalado por la Red de Solidaridad Social los demandantes como también sus grupos familiares a pesar de no haberlo declarado, han recibido en oportunidad los auxilios básicos destinados a alimentación y atención a programas de salud, lo que demuestra que no han estado totalmente desamparados y toda vez si bien, se hace necesaria la intervención de la Entidad accionada en lo que dice relación a las falencias acusadas, esto es, facilitarle las ayudas para una vivienda digna, consecución de oportunidad laboral, asesoramiento de proyectos productivos, entre otras, necesario resulta que los accionantes como paso previo a acceder a este mecanismo excepcional efectuén el requerimiento pertinente ante las autoridades que en referencia a sus específicas necesidades les es viable atender directamente, como ha quedado visto, el Sena, el Incora, el Inurbe, entidades que hacen parte de la Red de Solidaridad y que previo el lleno de los requisitos respectivos deben atender las peticiones que la población desplazada en coordinación con la autoridad demandada les soliciten, el cual conforme se deduce de la actuación no se ha realizado, por lo que se concluye que en este caso de frente a las pretensiones de los actores no se ha vulnerado derecho fundamental alguno por las autoridades accionadas, restando a los demandantes en procura de la satisfacción de las necesidades que ahora reclaman elevar las consecuentes solicitudes en atención a la calidad con la que hoy acuden, ante la autoridades competentes, como ha quedado dicho, para que se supla en la medida de lo pertinente lo requerido por los mismos.
En efecto, lo anterior no obsta para que la sala precise, en eventos como el presente en donde constata la remisión de peticiones ante algunas entidades que conforman la Red de Solidaridad en aras de atender las necesidades de salud o vivienda, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2569 de diciembre 12 de 2000, por medio del cual se reglamentó parcialmente la ley 387 de 1997, entre las atribuciones de la Red de Solidaridad Social menciona las siguientes:
“…b) Promover entre las entidades estatates que integran el Sistema Nacional de Atención para la Población Desplazada, el diseño y la elaboración de programas y proyectos encaminados a prevenir y brindar atención integral a los afectados por el desplazamiento…
“…e) Promover y coordinar la adopción por parte de las autoridades nacionales y locales de medidas humanitarias, de manera tal que se brinde oportunamente atención humanitaria de emergencia, protección y condiciones de estabilización y consolidación a la población desplazada…”
Si para el cumplimiento de lo anterior, la misma ley que creó la entidad mencionada estipuló que su incumplimiento podría dar origen a la acción constitucional definida en el artículo 87, sin duda, es otro argumento que hace que la improsperidad de la tutela, por lo menos en el caso de la Red de Solidaridad Social como entidad accionada, sea manifiesta.
En efecto, el artículo 33 de la Ley 387 de 1997 dispone:
“…En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Nacional, los beneficiarios de la presente ley, las organizaciones No Gubernamentales y las entidades oficiales encargadas de la defensa o promoción de los Derechos Humanos, podrán ejercitar la acción de cumplimiento para exigir judicialmente la plena efectividad de los derechos consagrados en la presente ley a favor de los desplazados”. Negrillas fuera de texto.
Y el artículo 87 de la Carta Política, establece:
“…Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”.
El artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, expresamente consagra la improcedencia de esta especial acción cuando existan otros recursos o medios judiciales, salvo que se utilice transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable.
Desde el anterior orden de ideas, no puede a través de la acción de tutela reemplazarse el medio judicial establecido por el legislador para hacer efectivos los derechos consagrados en la ley 387 de 1997 – Acción de Cumplimiento - por tratarse de un mecanismo subsidiario y residual, instrumento éste último mencionado de defensa, en referencia a la real y pronta asistencia que ha solicitado el accionante en particular a las entidades donde ha sido remitido o ha elevado la petición pertinente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E :
PRIMERO. Confirmar, el fallo de tutela emitido el pasado 4 de febrero por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, al ser improcedente la acción de tutela promovida por la señora Personera Municipal de Teruel Tolima en representación de JONSER HERRERA LADINO, NELCY CASTAÑEDA, HÉCTOR HERNÁNDEZ CUBILLOS, AMPARO GALINDO CARREÑO, ADRIANA HERNÁNDEZ GALINDO, CRISTIAN HERNÁNDEZ GALINDO, ARNULFO QUILCUE, HÉCTOR HERNÁNDEZ GALINDO, FLOR MILENA ARIAS VALLE, ROSARIO DÍAZ VARGAS, YULI CONSTANZA FIERRO DÍAZ, FABIOLA ORDOÑEZ SILVA, MARLIO OSSO TRUJILLO, ANDERA DEL PILAR OSSO ORDÓÑEZ, ALEIVY LAGUNA BARRIOS, OSCAR OSTIANO DÍAZ ROSERO, HAROLD STIVEN DÍAZ LAGUNA, FLOR DILMA DÍAZ LAGUNA, MARCY LAGUNA BARRIOS, FREDY CASALLAS CALEÑO, KAREN VIVIANA CASALLAS LAGUNA, KAROLL DAYANA CASALLAS LAGUNA, BETULIA PARRA TOLEDO, AUDY JOHANA PARRA TOLEDO, ALBA LUCÍA JARAMILLO PARRA, SANDRA MILENA JARAMILLO PARRA, CRISTIAN CABRERA PARRA, YINA MARÍA CABRERA PARRA, NELLY CABRERA PARRA, NAPOLEÓN LAGUNA ECHIPUS, EDILMA BARRIOS SILVA, NELSER LAGUNA BARRIOS, FLORALBA TORRES LUNA, NELSER JOHAN TORRES LUNA , ULISES LAGUNA BARRIOS, , LUZ DELLY ROSERO PATIÑO, JONH EDWIN ROSERO PATIÑO, RUBEN DARIO LAGUNA BAQUERO, SEBÁSTIAN ROMERO PATIÑO, MARTHA LILIANA ROSERO PATIÑO, ULISES FABIAN ROSERO PATIÑO, JAIR LAGUNA BARRIOS, FLOR EMILIA SALAZAR PASTRANA, SHIRLY DAYAN LAGUNA SALAZAR, , NESTOR JULIAN LAGUNA SALAZAR, MARÍA JOSE LAGUNA SALAZAR, MARÍA DEL MAR SALAZAR PASTRANA, y JAVIER FRANCISCO SALAZAR PASTRANA, con fundamento en los motivos precisados en esta sentencia.
SEGUNDO. En firme esta decisión, envíense las diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS

CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO

EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS
Teresa Ruiz Núñez

Secretaria





La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje