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55 Gaceta Parlamentaria del martes 10 de mayo del 2005


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55) Gaceta Parlamentaria del martes 10 de mayo del 2005

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.


El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona con un artículo 102 Bis la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con un artículo 9 Bis la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; se reforma la fracción XXI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado martes 19 de abril de 2005, presentamos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones constitucionales para crear las figuras del Defensor del Pueblo y el Amparo Social.
La iniciativa que hoy ponemos a la consideración de éste pleno, propone complementar la iniciativa antes mencionada en las respectivas leyes secundarias.
De las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Consideramos que los procedimientos de designación tanto del titular, así como de los integrantes del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo son fundamentales para garantizar su independencia y su autonomía.
Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece que el nombramiento de su Presidente, de los integrantes del Consejo Consultivo, así como la sustitución de los mismos, se realice mediante un procedimiento en el cual la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la Republica a través del mecanismo de la auscultación selecciona a éstos y presenta al Pleno las propuestas para su elección, sin embargo, no existe una regulación adecuada en el marco jurídico del Congreso para desahogar este procedimiento.
Aunado a lo anterior el debate de fondo sigue pendiente en cuanto a una mayor participación de la sociedad civil y de los organismos defensores de los derechos humanos en el proceso de propuesta y selección tanto del Presidente como de los integrantes del Consejo Consultivo, ya que ante la ausencia de una regulación adecuada es que su participación ha sido hasta el momento meramente testimonial.
En este orden de ideas, y para que la autonomía de las funciones del Consejo Consultivo tenga en los hechos el sentido de ser un órgano colegiado de control interno de la Defensoría del Pueblo, cuya autoridad provenga de su carácter ciudadano e independiente con calidad moral en sus integrantes, es que proponemos establecer un procedimiento claro y transparente para el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo, así como del titular de la Defensoría del Pueblo, en el que puedan ser escuchados todos los grupos sociales que legítimamente persiguen la defensa y protección de los derechos fundamentales y colectivos.
Consideramos necesario que las personas que sean propuestas y cumplan con los requisitos de ley para ser titular del organismo o para formar parte del Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, comparezcan y sean escuchadas en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la cual decidirá en consecuencia a quienes someter a la aprobación del pleno.
De las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Actualmente, nos enfrentamos ante una problemática que se agrava día con día ya que es un hecho recurrente la conducta omisa y evasiva de algunas autoridades que aceptan formalmente las recomendaciones de la CNDH, pero no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o las denuncias que les correspondería hacer ante el Ministerio Público. Todavía hoy día hay autoridades que ante los señalamientos del ombudsman reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a esta institución nacional.
El incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH es uno de los temas pendientes en materia de respeto a los derechos humanos, para dar un ejemplo del Informe de Actividades de ese organismo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2002, se desprende que de las 49 recomendaciones emitidas en ese año, sólo cinco se cumplieron de manera total y satisfactoria.
Ante tal situación, proponemos dotar de facultades de control al Poder Legislativo, para hacer comparecer a autoridades en caso de incumplimiento de una recomendación emitida por el Defensor del Pueblo, ante tal negativa, debe hacerse del conocimiento a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con la finalidad de que las comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.
De las reformas a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Cualquier acto del poder público que no es fundado ni motivado es, por sólo ese hecho, arbitrario, por lo que la autoridad o el servidor público al no dar cumplimiento a una recomendación por violaciones a los derechos humanos fomentan la impunidad.
Por ello, proponemos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que éstos al aceptar o desechar una recomendación del Defensor del Pueblo deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación a definido en su jurisprudencia* que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben de señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
Pero además, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad debe darse también para los actos discrecionales, ya que cuando la autoridad al realizar estos actos no lo hace con una potestad limitada, ya que la autoridad o el servidor público debe sujetarse a determinados principios o límites, aun más tratándose de los derechos de la persona humana.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona con un artículo 102 Bis la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con un artículo 9 Bis la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforman la fracción XXI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Primero. Se adiciona con un artículo 102 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 102 Bis.
1. Compete al Senado de la República, o en su caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, nombrar a las y los integrantes del Consejo Consultivo y al Titular de la Defensoría del Pueblo en los términos del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. El procedimiento para el nombramiento de las y los consejeros integrantes del Consejo Consultivo y del Defensor del Pueblo, se sujetará a lo siguiente:
a) La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitirá una Convocatoria a organismos no gubernamentales, asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos de la persona humana, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales e intereses difusos y en general, a las entidades, instituciones y personalidades que se estimen convenientes para que presenten propuestas a efecto de cubrir las vacantes.

b) La recepción de propuestas se hará en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que se haga pública la convocatoria respectiva.


c) Cumplido dicho plazo, las propuestas recibidas se mandarán publicar en al menos dos de los diarios de mayor circulación nacional, a fin de que los interesados puedan aportar mayores elementos de juicio.
d) Después de cinco días de publicadas las propuestas se cerrarán la recepción de opiniones y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, citará a comparecer a los ciudadanos que cumplan con los requisitos para tal efecto, con el objeto de que aporten mayores elementos.
e) Después de siete días de haber concluido el período de comparecencias de las y los candidatos propuestos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, deberá emitir su dictamen, el cual será sometido al Pleno de la Asamblea para la aprobación en su caso, y de conformidad a lo que establece el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
f) Para el caso de las ratificaciones o sustitución de las y los consejeros miembros del Consejo Consultivo, así como del titular de la Defensoría del Pueblo se sujetarán también al procedimiento anteriormente descrito.
g) El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, con excepción del de su Presidente.
En ningún caso, la integración del Consejo excederá de 60% de personas del mismo sexo.
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 9 Bis. En los casos en que los funcionarios de la Administración Pública Federal, Centralizada o Paraestatal no acepten una recomendación de la Defensoría del Pueblo, aún después de habérseles hecho las precisiones necesarias o cuando no se haya cumplido satisfactoriamente alguna, el Defensor del Pueblo podrá dar vista a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a fin de que las comisiones respectivas de ambas Cámaras, citen a los funcionarios o a las autoridades responsables con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión;
Artículo Tercero. Se reforma la fracción XXI del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las Fuerzas Armadas:
XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la Defensoría del Pueblo, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan, asimismo para efectos de aceptar o desechar una recomendación deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción XIX del artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. a XVIII. ...

XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la Defensoría del Pueblo, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan, asimismo para efectos de aceptar o desechar una recomendación deberán fundar y motivar las razones de su cumplimiento u omisión.


Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.


Segundo. Cuando falten cuarenta y cinco días para la conclusión del período para el que fueron nombrados las y los integrantes del Consejo Consultivo o el titular de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, emitirá la Convocatoria a la que hace referencia el inciso a) del numeral 2 del artículo 102 bis de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Al entrar en vigor estas reformas, las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado a más tardar noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:

* Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo III, tesis 40, páginas 46 y 47.


Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de abril de 2005.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)







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