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3. 2 Deber de protección


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3.2 Deber de protección

21. La Comisión expresa su seria preocupación por el hecho de que una persona, a cuyo favor la Comisión había solicitado la aplicación de medidas cautelares, fue asesinada durante el curso del año 1996. La Comisión urge al Estado colombiano a ejecutar las medidas cautelares y provisionales emitidas por la Comisión y la Corte, respectivamente, para garantizar la protección, bajo cualquier circunstancia, de los individuos cobijados por tales medidas.

(…)


59. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que encuentre y adopte medidas de protección eficaces para los individuos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y otros grupos amenazados. Tradicionalmente, el Gobierno ha proporcionado dos medidas de protección: 1) agentes del Estado armados que sirven de escoltas, y 2) el programa de protección de testigos administrado por la Fiscalía General de la Nación. Ambos métodos de protección presentan dificultades en muchos casos. Frecuentemente existen indicios que sugieren que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han participado en la creación de la situación de peligro para la persona que teme por su seguridad. Esa persona, por lo tanto, no desea aceptar una escolta armada que sirve en esas mismas fuerzas de seguridad, particularmente cuando la escolta proviene de las unidades locales de las fuerzas de seguridad ubicadas precisamente en el área donde ha surgido el peligro.

(…)


61. La Comisión considera positiva la creación de un nuevo programa del Ministerio del Interior, para la protección de aquellas personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. El Congreso colombiano legisló este programa de protección con la aprobación de la Ley No. 199 de 1995, pero ésta todavía no ha sido aplicada. En su discurso del 14 de febrero de 1997 ante el cuerpo diplomático, el Presidente de Colombia anunció su compromiso con la ejecución de este programa. La Comisión urge a Presidente Samper a tomar las medidas necesarias para poner en marcha este programa lo antes posible.

62. La Comisión considera que pueden adoptarse otras medidas para crear una situación más segura para aquellas personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, los partidos políticos de alternativa y otros grupos similares. El artículo 189(3) de la Constitución de Colombia dispone que el Presidente de Colombia tiene autoridad discrecionaria para retirar del servicio a miembros de las fuerzas armadas, incluso cuando esos oficiales no han estado sujetos a una sanción penal o disciplinaria. El Gobierno utilizó esta facultad, por ejemplo, para retirar al Coronel Carlos Alfonso Velásquez, después de sus denuncias sobre las omisiones del Ejército en la lucha contra los paramilitares.

63. La Comisión sugiere que en los casos en que existe una situación de peligro para personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, y donde hay indicios de que ciertos miembros de las fuerzas armadas han participado en las amenazas contra esas personas o en violaciones previas cometidas contra personas que trabajan con los derechos humanos, el Presidente debería ejercer su autoridad de suspender a dichas personas del servicio mientras se concluyen los procesos penales y disciplinarios pertinentes. De esta manera, el Gobierno reducirá el peligro al que se enfrentan las personas eminentemente en riesgo y se enviará un mensaje indicando que serán sancionadas futuras violaciones. Este mensaje creará asimismo una situación que conllevará un nivel de menor peligro para aquellos que pretenden realizar trabajos sobre derechos humanos o similares. La Comisión apela al Presidente Samper para que actúe de manera rápida y decisiva en este sentido.

64. La investigación seria y eficaz, y la sanción de los delitos contra personas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, también proporcionan un método de protección importante. La Corte Interamericana lo ha reconocido en varias de las decisiones que ha tomado recientemente relacionadas con la adopción de medidas provisionales, y en las cuales ha ordenado específicamente a los gobiernos iniciar una investigación como medio de protección.

(…)


86. El Estado de Colombia debe asegurar la protección, bajo cualquier circunstancia, de las personas en cuyo nombre la Comisión y la Corte, respectivamente, hayan dictado medidas cautelares o medidas provisionales. En general, deberían ser protegidas las actividades legítimas de quienes trabajan en el campo de los derechos humanos, de los partidos políticos de oposición, de funcionarios elegidos, de líderes sindicalistas y demás personas en condiciones similares. La Comisión recomienda específicamente que el programa que se está preparando en el Ministerio del Interior para la protección de los defensores de los derechos humanos se ponga en plena ejecución tan pronto como sea posible. La Comisión recomienda además que el Gobierno suspenda a los miembros de las fuerzas públicas contra quienes existen indicios de responsabilidad en la persecución de los defensores de los derechos humanos, aunque todavía no hayan llegado a su conclusión final los procesos penales o disciplinarios. Finalmente, las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos humanos, activistas políticos y demás deberían ser investigadas rápida y eficazmente.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.95, doc. 7, cap. V, Colombia, párrs. 21, 59, 61-64, 86).


2. El 8 de mayo de 1997, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de los religiosos Jesús Martínez, Bernardo Villegas, Diego Fernando García y también del Dr. José Navarro Patrón y del señor Juan Carlos Muñoz, a raíz de los siguientes hechos: El 28 de marzo de 1997, más de 200 paramilitares entraron al corregimiento de Tiquisio Nuevo. Dicho grupo saqueó el pueblo. Luego ingresó en la casa parroquial y retuvo violentamente al párroco de la localidad, Fray Bernardo Villegas, así como al estudiante franciscano Fray Diego Fernando García. Los atacantes también preguntaron por Fray Jesús Martínez Mora. Luego de amenazarlos, los conminaron a abandonar la región en un plazo de 8 días. El mismo grupo retuvo más tarde al médico de la población y lo amenazó de muerte. También atacaron a un joven transportador. La Comisión reiteró la solicitud de información sobre las medidas adoptadas el 11 de julio de 1997. Por estos hechos se tramita en la Comisión el caso 11.750.

3. El 7 de julio de 1997, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor del Padre Ezio Roattino Bernardi, párroco de la localidad de Caldon, del Cauca, quien después de un enfrentamiento en la zona entre la guerrilla y el Ejército celebró las exequias de tres personas muertas, incluyendo un guerrillero. A continuación, el teniente coronel de la Policía del Cauca envió al Arzobispo de Popayán una carta acusando al Padre Ezio Roattino Bernardi de colaborar con la guerrilla. Después de este incidente, otro religioso que trabajaba con el padre Ezio fue secuestrado y al liberarlo le entregaron un mensaje que conminaba al Padre Ezio a salir de la localidad. Por estos hechos se tramita en la Comisión el caso 11.744.

4. El 7 de julio de 1997, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Néstor Alonso López y Carlos Salgado, periodistas que publicaron un artículo en el que denunciaban los abusos cometidos en Medellín por el grupo denominado “Convivir”. Tres días después de publicar el segundo artículo sobre este tema, una bomba destruyó las oficinas del aludido grupo “Convivir” en Medellín. A partir de ese momento, los periodistas López y Salgado han venido recibiendo amenazas telefónicas en las que se les culpa de haber provocado el bombardeo. Como consecuencia, los citados periodistas se han vistos forzados a permanecer escondidos.

5. El 31 de julio de 1997, la Comisión solicitó al Gobierno de Colombia la adopción de medidas cautelares en favor de Luz Amanda Reyes Chacón, Personera de Teorama, en el Departamento del Norte de Santander, con motivo de los siguientes hechos: el 16 de julio de 1997, la Dra. Reyes se encontraba en la ciudad de Ocaña participando en un programa radial en compañía de otros personeros de la zona. Minutos después de que Luz Amanda Reyes Chacón abandonara el local, se recibió una llamada telefónica en la que se comunicaba a dicha emisora que debían ir a recoger el cadáver de la personera Reyes Chacón, quien había sido asesinada. Por el contenido amenazante de la llamada, la Procuraduría General de la Nación ese día se dirigió al comandante del Batallón con sede en Ocaña, a fin de conseguir protección para que la Personera se trasladara hasta Teorama. Esta protección fue negada por el Comandante.

(…)


9. El 17 de diciembre de 1997, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de la señora Gloria Isabel Cuartas Montoya, alcaldesa de Apartadó, y de su familia. La Sra. Cuartas había sido objeto de amenazas y hostigamiento en represalia por las denuncias que ella como alcaldesa, a lo largo de toda su gestión municipal, formuló en contra del actuar de la guerrilla y de los grupos paramilitares con apoyo del Ejército. Al finalizar su gestión como alcaldesa, se ha agravado el peligro contra su vida e integridad personal.

(…)


12. El 27 de enero de 1998, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de don Mario Humberto Calixto Montañez, su familia y los demás miembros del Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. El Sr. Calixto ha sido objeto d hostigamiento y actos de violencia por parte de grupos paramilitares en represalia por su trabajo como defensor de los derechos humanos. Este hostigamiento aumentó en los últimos meses y el 23 de diciembre de 1997 dos hombres armados entraron en la residencia del Sr. Calixto y trataron de secuestrarlo.

(…)


14. El 20 de febrero de 1996, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de Rafael Lozano Garza, Gerson Edecio Leal Granados, Blanca Inés Rodríguez, José Merchán Basto, Alvaro Fernando Sanjuán Quintero, Jairo Ordóñez, Rosa Elpidia Alzate Corredor, Juan José Landínez, Israel Vargas y Jairo Ordóñez, miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), división de Cúcuta. Los hechos que motivaron esta medida se originan en las continuas amenazas de muerte que grupos paramilitares del área han venido profiriendo en su contra desde el año 1994. Tales grupos prometieron que ejecutarían a “los abogados que trabajaran para la guerrilla”. El 29 de enero de 1998, la Comisión comunicó a los peticionarios y al Gobierno que había decidido archivar tales medidas cautelares.

15. El 28 de septiembre de 1994, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor del doctor Hernando Valencia Villa, Procurador Delegado para los Derechos Humanos de Colombia, a quien en septiembre de 1994 un miembro del Congreso acusó de ser apoyo de las guerrillas, exponiendo, dentro del contexto de la situación interna de Colombia, su vida e integridad personal a situación de peligro. El 29 de enero de 1998, la Comisión comunicó a los peticionarios y al Gobierno su decisión de archivar las medidas cautelares solicitadas.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.98, doc.6, cap. III, 2, A, Colombia, párrs. 2-5, 9, 12, 14, 15).


2. En septiembre 20, 1994 la Comisión solicitó al Gobierno de Colombia la adopción de medidas cautelares en favor de Yanette Bautista y Gloria Herney Galíndez, Presidenta y Secretaria General de la Asociación de Familiares y Miembros de Personas Detenidas y Desaparecidas de Colombia (Asfaddes), en consideración a que, en mayo de 1992, un alto oficial del Ejército de Colombia lo sindicó como un grupo que simpatizaba con las guerrillas. Desde entonces, los miembros de esa Organización han venido sufriendo persecuciones sistemáticas en su contra, incluyendo vigilancia, llamadas telefónicas amenazantes y visitas de personas desconocidas a las oficinas de la Organización. El 11 de febrero de 1997, la Comisión recibió información adicional que indicaba que se había intensificado la situación de peligro para los miembros trabajadores de Asfaddes. El 25 de febrero de 1997, la Comisión reiteró la solicitud de medidas cautelares en favor de Yanette Bautista y solicitó la implementación de tales medidas en favor de Evidalia Chacón.

3. El 24 Junio de 1997, una bomba explotó en Medellín en las oficinas de la Asfaddes. Con fecha 7 de julio de 1997, la Comisión solicitó a la Corte la adopción de medidas provisionales en favor de 17 personas pertenecientes a dicha Organización. El 22 de julio de 1997, el Presidente de la Corte adoptó medidas urgentes para que el Estado de Colombia protegiese a las personas mencionadas y asegurase que quienes trabajan para Asfaddes puedan desarrollar sus actividades sin riesgo para su vida e integridad personal. El Presidente extendió las medidas a otra persona con fecha 14 de agosto de 1997. Se celebró ante la Corte una audiencia en relación con las medidas el 8 de noviembre de 1997. La Corte ratificó las medidas provisionales adoptadas por el Presidente con fecha 11 de noviembre del mismo año. La Corte con posterioridad extendió nuevamente las medidas provisionales a otra persona más.

4. El 22 de noviembre de 1995, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Alirio Félix, Josué Giraldo, Teresa Mosquera, Islena Rey Rodríguez, Hna. Nohemy Palencia, Monseñor Alfonso Cabezas y Gonzalo Zárate, miembros del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta. Dicho Comité fue formado en 1991 y desde entonces sus miembros han estado sujetos a continuas amenazas, ataques, e inclusive han sido víctimas de ejecuciones sumarias. Algunas de las personas protegidas por las medidas solicitadas continuaron recibiendo amenazas de muerte y fueron perseguidos por individuos desconocidos. El 13 de octubre de 1996, el señor Josué Giraldo, una de las personas protegidas en las medidas cautelares de la Comisión, fue asesinado. El 18 de octubre de 1996, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales a favor de Mariela de Giraldo, Sara y Natalia Giraldo, Hna. Noemí Palencia, Gonzalo Zárate e Islena Rodríguez. Asimismo, la Comisión abrió el caso bajo el número 11.690. Con fecha 29 de octubre de 1996, el Presidente de la Corte adoptó las medidas provisionales solicitadas en este caso. La Corte ratificó las medidas provisionales adoptadas por el Presidente el 5 de febrero de 1997.

5. En el caso Giraldo Cardona, el 12 de abril de 1997, la Corte celebró en su sede una audiencia pública con relación a las medidas provisionales que adoptó respecto de Colombia a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.98, doc.6, cap. III, 3, a, Colombia, párrs. 2-5).


23. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que fortalezca y refuerce su apoyo, a través de todas las instituciones del Estado, a todos aquellos que promueven la defensa de los derechos humanos. Está altamente preocupada por el incremento evidente de las amenazas que pesan sobre muchos defensores de derechos humanos, tal como lo demuestran inter alia el asesinato de los dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular en mayo de 1997, y el asesinato del Presidente de la Comisión de Derecho Humanos de Antioquia en febrero. También está sumamente preocupada por que algunos miembros de organismos de inteligencia del Estado conciban a los defensores de derechos humanos como aliados de los grupos guerrilleros y que, en ocasiones, busquen que éstos sean investigados por las autoridades judiciales mediante el uso de testigos vinculados a tales organismos.  Pide al Gobierno de Colombia que dé especial importancia a la seguridad de los trabajadores de derechos humanos. Toma nota de la adopción en julio de 1997 de la Directiva Presidencial sobre el reconocimiento del trabajo de los defensores de derechos humanos y de otras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar esta situación y para proteger a las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
(Comisión de Derechos Humanos, ONU. Declaración de la Presidencia 54 periodo de sesiones, párr. 23).


18. El 27 de enero de 1998 la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de Mario Humberto Calixto Montañez, su familia y otros miembros del Comité Regional de Derechos Humanos de Sabana de Torres. El señor Calixto fue objeto de hostigamiento y actos de violencia por parte de grupos paramilitares, en represalia por su trabajo como defensor de derechos humanos.

19. El 11 de febrero de 1998 la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de Jesús Ramiro Zapata, docente y miembro del Comité de Derechos Humanos de Segovia. El señor Zapata fue objeto de represalias por el trabajo que lleva a cabo como defensor de los derechos humanos en el nordeste antioqueño.

20. El 10 de junio de 1998, la Comisión solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de Eduar Rancheros, miembro del Equipo Misionero de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz que acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunidad que también se encuentra protegida por medidas solicitadas el 17 de diciembre de 1997. El señor Rancheros fue objeto de amenazas por parte de miembros del Ejército Nacional en Carepa, Urabá.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.102, doc.6 rev., cap. III, 2, A, d, párrs. 18-20).


i. Caso Alvarez y otros
61. Durante su XXXIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado entre el 19 y el 21 de enero de 1998, la Corte confirmó la resolución de su Presidente de 22 de diciembre de 1997, mediante la cual amplió las medidas provisionales adoptadas en este caso, con el objetivo de asegurar la vida e integridad personal de un miembro de la Asociación de familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia y su familia.

62. De igual manera, la Corte durante su XL Período Ordinario de Sesiones prorrogó las medidas provisionales adoptadas en favor de la señora María Elena Cárdenas, mientras se mantenga la situación de riesgo que la originó. Asimismo, resolvió prorrogar las medidas provisionales en favor de los señores José Daniel Alvarez, Nidia Linores Ascanio, Gladys López, Yanette Bautista, María Helena Saldarriaga, Piedad Martín, María Eugenia López, Adriana Diosa, Astrid Manrique, Faride Ascanio, Carmen Barrera, Evidalia Chacón, José Publio Bautista, Nelly María Ascanio, Ayda Mile Ascanio, Miriam Rosas Ascanio y Javier Alvarez. Además, requirió que el Estado realice las investigaciones y, en su caso, sancione a los responsables de los hechos denunciados.

63. El 4 de agosto de 1998, la Comisión solicitó a la Corte una ampliación de las medidas provisionales en este caso en favor del abogado Daniel Prado y su familia, quienes habían sido objeto de amenazas como consecuencia de ser el abogado de ASFADDES que representa a los familiares de las víctimas en varios procesos penales y de reclamación indemnizatoria en Colombia. El 6 de agosto de 1998, el Presidente de la Corte requirió al Estado colombiano que adoptara medidas urgentes para asegurar la vida e integridad personal del señor Daniel Prado y su familia.

64. El 29 de agosto de 1998, la Corte se pronunció sobre la solicitud de ampliación de las medidas provisionales solicitadas por la Comisión y resolvió:

1. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas provisionales en favor de los señores José Daniel Alvarez, Nidia Linores Ascanio, Gladys López, Yanette Bautista, María Helena Saldarriaga, Piedad Martín, María Eugenia López, Adriana Diosa, Astrid Manrique, Faride Ascanio, Carmen Barrera, Evidalia Chacón, José Publio Bautista, Nelly María Ascanio, Ayda Mile Ascanio, Miriam Rosas Ascanio, Javier Alvarez y Erik A. Arellano Bautista.

2. Requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas provisionales adoptadas en favor de la señora María Eugenia Cárdenas y sus familiares.

3. Ratificar la resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de agosto de 1998 y, por consiguiente, requerir al Estado de Colombia que mantenga las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Daniel Prado y su familia, con el fin de evitarles daños irreparables.

4. Requerir al Estado de Colombia que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas, con la finalidad de obtener resultados eficaces que lleven a descubrir a los responsables y sancionarlos.

5. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste a los beneficiarios de las medidas provisionales adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el presente caso, para que cooperen con el Estado de Colombia, a fin de que éste pueda adoptar, con mayor eficacia, las disposiciones de seguridad pertinentes.

6. Requerir al Estado de Colombia que, a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, amplíe sus informes sobre las medidas adoptadas en este caso, que continúe presentándolos cada dos meses y que indique en ellos, en forma detallada, las medidas tomadas respecto de cada uno de los beneficiarios citados en la presente resolución.

7. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones sobre los informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.

ii. Caso Giraldo Cardona

65. El 19 de junio de 1998, la Corte levantó las medidas provisionales que habían sido otorgadas en favor del señor Gonzalo Zárate. De igual modo, la Corte requirió al Estado que adoptara las medidas que fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal de la Hermana Noemy Palencia en cuanto ella regrese a la región del Meta; mantuvo las medidas provisionales en favor de las señoras Isleña Rey Rodríguez, Mariela de Giraldo y sus dos hijas menores Sara y Natalia Giraldo; y dispuso que, como elemento esencial de su deber de protección, el Estado de Colombia debe tomar medidas eficaces para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos denunciados.

66. El 27 de noviembre de 1998, la Corte emitió una resolución ordenando al Estado colombiano adoptar una serie de medidas destinadas a la protección de la integridad personal de la señora Isleña Rey Rodríguez, de la señora Mariela de Giraldo y de sus dos hijas; al retorno de la hermana Nohemy Palencia a su lugar de residencia; y a la presentación de información relativa a la investigación de los hechos que dieron pie a las medidas dictadas por la Corte.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.102, doc.6 rev., cap. III, 3, A, a, párrs. 61- 66).


8.El Estado colombiano debe reforzar en prioridad la protección de los defensores de los derechos humanos de los desplazados.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rev. 1, Cap. VI, G, párr. 8).


8.Que siga financiando e implementando plenamente el Programa de protección de testigos y personas amenazadas en relación con casos de violación de los derechos humanos que opera dentro del Ministerio del Interior.

(…)


10.Que adopte medidas especiales para garantizar la seguridad de sus propios funcionarios que actúan en la esfera de los derechos humanos. Esas medidas deberían incluir declaraciones públicas de apoyo a los trabajadores estatales de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales correspondientes y la investigación y sanción adecuadas de quienes perpetren ataques contra ellos.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.102, doc. 9 rev. 1, Cap. VII, E, párrs. 8 y 10).


14. La Comisión condena enérgicamente los continuos ataques a los defensores de derechos humanos, así como a periodistas y sindicalistas. Toma nota de la emisión de una directiva presidencial en septiembre de 1999 y de medidas adicionales emprendidas por el Ministerio del Interior para proteger a defensores de derechos humanos amenazados. Hace un llamado a las autoridades colombianas para que tomen acciones urgentes para que las medidas mencionadas sean implementadas en su totalidad. Así mismo, insta a que exista un dialogo efectivo entre las autoridades colombianas y la sociedad civil, con el fin de promover y reforzar la protección a los defensores de derechos humanos.
(Comisión de Derechos Humanos, ONU. Declaración de la Presidencia, 56 periodo de sesiones, párr. 14).


118. Protección de la seguridad física de los desplazados y de quienes trabajan en su favor. Debería darse una respuesta eficaz a las amenazas contra la seguridad física de los desplazados, sus dirigentes y otras personas que laboran en su favor.  En particular, cuando esas amenazas se señalan a la atención de las autoridades, incumbe a éstas adoptar las medidas pertinentes.
(Representante Especial del Secretario General para los Desplazados Internos, ONU. E/CN.4/2000/83/Add. 1, párr. 118)


17. El 28 de enero de 1999, la Comisión tomó conocimiento de que los investigadores Jairo Bedoya, Olga Rodas, Jorge Salazar y Claudia Tamayo, del Instituto Popular de Capacitación (IPC), habían sido secuestrados en horas de la tarde por un grupo armado de civiles que irrumpieron en la sede del IPC en Medellín, Antioquia. Esa misma tarde la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de las personas nombradas y se dirigió de manera inmediata y urgente al Estado colombiano con el fin de solicitar que extremara las medidas necesarias para establecer el paradero de las víctimas y garantizar su vida, integridad personal y libertad. Olga Rodas y Claudia Tamayo fueron liberadas el 11 de febrero de 1999, mientras que Jairo Bedoya y Jorge Salazar recuperaron su libertad el 19 de febrero de 1999. El secuestro fue reivindicado por las Autodefensas de Córdoba y Urabá.

18. El 10 de febrero de 1999 la Comisión otorgó medidas cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de solicitar se adoptaran gestiones para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (“Afavit”) residentes en el municipio de Trujillo, así como de los integrantes del equipo permanente de acompañamiento de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, establecido en Trujillo. De acuerdo con la información disponible, los miembros de “Afavit” y del equipo de acompañamiento habrían sido objeto de amenazas contra su vida, integridad personal, libertad de expresión y asociación, residencia y circulación. Tras la respuesta del Estado, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.

19. El 9 de marzo de 1999, la Comisión otorgó medidas cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de solicitar se adoptaran medidas para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Congregación de la Misión Vicentina. De acuerdo con la información recibida, esta congregación religiosa, cuyos miembros integran el Consejo de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, fueron objeto de amenazas contra su integridad personal tras el anuncio del cierre de la oficina de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz en Trujillo, Departamento del Valle del Cauca, el 21 de febrero de 1999, que se produjera justamente por causa de los incidentes denunciados ante la Comisión el 10 de febrero de 1999 (ver supra). Tras la respuesta del Estado, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.

20. El 30 de julio de 1999, la Comisión otorgó medidas cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de solicitar la adopción de medidas eficaces para proteger la vida y la integridad personal de los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en particular aquellos pertenecientes a las seccionales Atlántico, Norte de Santander y Tolima. Información ante la Comisión señaló que un número de miembros del Comité habría sido objeto de señalamientos, amenazas, atentados, asesinatos y desapariciones. Tras la respuesta del Estado, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.

21. El 23 de agosto de 1999, la Comisión otorgó medidas cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de solicitar se adoptaran medidas eficaces para proteger la vida y la integridad personal del señor Francisco Arteaga Benavides y su familia. Según la información presentada a la Comisión, el señor Arteaga Benavides, quien se desempeña como Personero de Cartagena del Chairá, Departamento del Caquetá, habría recibido llamadas telefónicas amenazantes y sufragios del tipo que generalmente anteceden atentados criminales y habría sido “señalado públicamente como vocero de la guerrilla” por un oficial de alto rango del Ejército Nacional de Colombia. Durante el período del presente informe, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.

22. El 28 de septiembre de 1999 la Comisión otorgó medidas cautelares y se dirigió al Estado colombiano con el fin de solicitar la adopción de acciones concretas para proteger la vida y la integridad personal de los señores Julio César Robledo Quintero, Jaime Sarmiento Otero, Jhon Fredy Posso, Carlos Arturo López Ríos y Octavio Millán Noreña, miembros de la Junta Directiva del Comité Permanente de Derechos Humanos de Tuluá, en el Departamento del Valle del Cauca. Según la información ante la Comisión, los miembros de ese Comité habrían sufrido amenazas de muerte, y en el caso de Julio César Robledo Quintero un fallido atentado, presuntamente provenientes de las Autodefensas del Valle. Durante el período del presente informe, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.

23. El 29 de noviembre de 1999 la Comisión otorgó medidas cautelares y solicitó al Estado colombiano tomar las acciones necesarias para dar con el paradero de los señores Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes, voceros del éxodo campesino del Magdalena Medio, y proteger su vida e integridad física. De acuerdo con la información recibida, el 28 de noviembre de 1999 los señores Edgar Quiroga y Gildardo Fuentes habrían sido interceptados por unidades del batallón 45 Héroes de Majagual a la altura de la Vereda La Placita, Corregimiento Cerro Azul, Municipio de San Pablo. Según información brindada por testigos presenciales, los detenidos habrían sido atados a un árbol y torturados, tras lo cual fueron retenidos por las Autodefensas, quienes reconocieron públicamente su participación en el asunto. La Comisión también solicitó se adoptaran medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de la Vereda La Placita que presenciaron y denunciaron los actos de tortura.

24. El 6 de diciembre de 1999, la Comisión se dirigió nuevamente al Estado con relación a este asunto a fin de solicitar la ampliación de las medidas cautelares mencionadas supra, en favor de los señores Libardo Campo Traslaviña, Gilberto Guerra Hernández, Andrés Gil, Francisco José Campo, Ramón Rangel, José Cediel Mondragón Sánchez, Isidro Alarcón Bohórquez y Tito Muñoz, quienes al igual que el señor Edgar Quiroga se han desempeñado como voceros del éxodo campesino, y cuya seguridad personal también corre peligro. Durante el período del presente informe, las partes continuaron presentando información y observaciones en relación con estas medidas.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 3, cap. III, C, 1, f, párrs. 17-24)


Caso Alvarez y Otros (11.764)

72.   Durante 1999 y el primer bimestre de 2000, la Comisión ha continuado presentando a la Corte en forma periódica sus observaciones a los Informes del Estado colombiano que dan cuenta de las medidas adoptadas para proteger la integridad física de las personas cobijadas por las medidas provisionales oportunamente dictadas por la Corte.

Caso Giraldo Cardona (11.690)

73. El 3 de septiembre de 1999, la Comisión se dirigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera urgente con el fin de solicitar ordenara la adopción de medidas especiales de protección para garantizar la vida y la integridad personal de la señora Isleña Rey. La solicitud de la Comisión se basó en información proporcionada por los peticionarios que indicaba que la señora Rey había sido informada por el Comandante del Departamento de Policía del Meta que se había rastreado una llamada en la cual se daba la orden de asesinarla. El 30 de septiembre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Resolución en la cual decidió:

1. Requerir al Estado de Colombia mantener las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la Hermana Noemy Palencia (tan pronto ella regrese al Meta), las señoras Isleña Rey y Mariela de Giraldo y las dos hijas menores de esta última, Sara y Natalia Giraldo, en cuyo favor la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales en sus resoluciones de 28 de octubre de 1996, 5 de febrero de 1997, 17 de junio y 27 de noviembre de 1998.

2. Requerir al Estado de Colombia que investigue e informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos denunciados que dieron origen a las presentes medidas con la finalidad de descubrir a los responsables y sancionarlos.

3. Requerir al Estado de Colombia que informe sobre los mecanismos alternos que, como consecuencia de los hechos descritos en los escritos de la Comisión del 3 y 15 de septiembre de 1999 y del estado del 17 de los mismos mes y año, sean adoptados para dar cumplimiento de una manera efectiva a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los esfuerzos realizados para lograr la reapertura del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta.

4. Requerir al Estado de Colombia que continúe dando participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas a que se refiere el punto anterior y que, en general, los mantenga informados sobre el avance de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5. Requerir al Estado de Colombia que continúe presentando sus informes sobre las medidas provisionales tomadas cada dos meses y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos informes dentro de un plazo de seis semanas a partir de su recepción.

74. La Comisión ha continuado presentando a la Corte en forma periódica sus observaciones a los Informes del Estado colombiano que dan cuenta de las medidas adoptadas para proteger la integridad personal de la Hermana Noemy Palencia, la señora Isleña Rey, y la señora Mariela de Giraldo y sus dos hijas menores.
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 3, cap. III, D, 1, a, párrs. 72-74).


282.  La Alta Comisionada alienta al Gobierno a continuar los esfuerzos por fortalecer y mejorar la eficacia del Programa de Protección para defensores y sindicalistas a cargo del Ministerio del Interior, mediante la dotación de los recursos necesarios y la ampliación del universo de beneficiarios cubiertos por el Programa. Asimismo, recuerda el compromiso asumido por el Gobierno de realizar una evaluación externa e independiente sobre los resultados, el impacto y las dificultades del Programa. Por otra parte, destaca que este Programa debe ir acompañado de una política eficaz en materia de prevención, incluyendo la sanción de los responsables de los atentados y amenazas.
(Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E/CN.4/2001/15, párr. 282)


15.La Comisión condena firmemente la persistencia y el drástico aumento de los ataques contra los defensores de los derechos humanos, así como contra sindicalistas, personas que trabajan en el sistema judicial, periodistas, académicos, estudiantes, profesores y otras personas que ejercen su libertad de expresión, lo que cierra los cauces legítimos a la participación democrática. La Comisión reconoce que el Gobierno de Colombia ha tomado medidas para resolver el problema, como el Programa de Protección Especial de Testigos y Personas Amenazadas a cargo del Ministerio del Interior. Sin embargo, la Comisión no deja de estar seriamente preocupada por la lentitud de la investigación judicial de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y la limitación de los recursos administrativos, de seguridad y financieros disponibles para proteger a los defensores de los derechos humanos y sociales que se hallan en peligro. En este contexto, la Comisión acoge con agrado la determinación del Gobierno de seguir colaborando estrechamente con el Representante Especial del Director General de la Organización Internacional del Trabajo para la colaboración con Colombia.

16. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a que adopte rápidamente todas las medidas necesarias para aplicar con eficacia el programa y las políticas, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y para progresar todavía más en la aplicación de un plan de acción nacional, combatir la impunidad y, en particular, abordar las preocupaciones suscitadas por la seguridad de los grupos que necesitan protección especial, como los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas.
(OHCHR/STM/01/02 Declaración del presidente del 57 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, párrs. 15-16).


392. La Alta Comisionada urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias y oportunas para proteger los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables, incluyendo el derecho a la vida e integridad de sus miembros. En este sentido, insta al Gobierno a continuar impulsando la evaluación de los programas de protección a cargo del Ministerio del Interior, y a implementar posteriormente las recomendaciones que surjan de dicho proceso. Asimismo, urge al Estado a actuar diligentemente tomando las medidas adecuadas para garantizar el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación, el ejercicio de los derechos políticos y de las libertades de opinión, expresión e información. Urge igualmente al Estado a la adopción de las medidas adecuadas para garantizar elecciones libres y democráticas en todo el territorio nacional e insta a los grupos armados ilegales a respetar el ejercicio de los derechos políticos por parte de la ciudadanía.
(Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, E/CN.4/2002/17, párr. 392).


304. Se exhorta al Gobierno a que elabore y adopte una estrategia global y efectiva para la prevención de los ataques contra los defensores de los derechos humanos. Tal estrategia les brindaría la confianza que necesitan para llevar a cabo su trabajo. Una política mejor integrada con directrices claras, así como con una mayor coordinación entre las diversas instituciones y una mayor participación por parte de las organizaciones no gubernamentales sería aconsejable. Para ello, debería otorgarse los fondos adecuados y el apoyo político necesario a las instituciones y los programas tales como la Defensoría del Pueblo y el Programa de Protección del Ministerio del Interior. El sistema de alerta temprana debe ser reforzado a nivel local (policía, alcaldes, personeros, jueces etc.) para garantizar con ello una pronta acción (protección, prevención, investigación).

305. La Representante Especial recomienda que se brinden medidas de protección sustancialmente mejoradas a los grupos más vulnerables y más atacados:

a) El Gobierno debería adoptar medidas específicas y efectivas con las cuales se pueda garantizar el derecho a la vida y a la integridad de los sindicalistas. Existe una necesidad urgente de reducir la inseguridad en la cual trabajan los miembros de los sindicatos. Podría solicitarse a la Comisión Interinstitucional y a las organizaciones sindicales que identifiquen en forma conjunta los casos más significativos de violaciones cometidas contra sindicalistas, con el fin de llevar a cabo las investigaciones por tales casos. Quienes participen en dichas investigaciones deben gozar de plena protección.

b) Las autoridades deberán tomar medidas globales encaminadas a proteger la seguridad y promover el bienestar de las comunidades indígenas y afrocolombianas y garantizar en forma prioritaria la seguridad de los dirigentes de las comunidades indígenas y afrocolombianas. El Ministerio del Interior debería crear planes especiales de prevención y de protección para los líderes y los miembros de las minorías étnicas, los cuales deberían contar con la participación de representantes de dichas comunidades. El Gobierno, junto con las minorías afectadas, debe identificar los casos más flagrantes para que estos sean investigados. Para ello se requeriría de garantías para las víctimas y los testigos. Las autoridades del orden nacional, departamental y municipal deben garantizar a los pueblos indígenas el goce de sus derechos fundamentales, especialmente la libertad de asociación, de reunión y de expresión.
(Representante Especial del Secretario General sobre los Defensores de Derechos Humanos, ONU, E/CN.4/2002/106/Add.2, párrs. 304 y 305 a) y b)).


117. El Estado debería prestar un mayor apoyo y protección a las organizaciones de derechos humanos que se ocupan de cuestiones de derechos humanos de la mujer o de asuntos de la mujer. La labor que actualmente se lleva a cabo en materia de investigación y producción de publicaciones sobre los derechos de la mujer y la documentación de las experiencias sufridas por la mujer en el conflicto es considerada por determinados agentes como polémica, por lo que se debería reflexionar suficientemente acerca de la manera de abordar los riesgos que corren las personas que se ocupan de esta labor y prestarles el debido apoyo. En las zonas apartadas, las organizaciones de mujeres están realizando una labor sumamente valiosa a nivel de base, por lo que merecen que existan sistemas apropiados de apoyo y medidas de protección. Tan pronto se empiece a luchar contra la impunidad y se enjuicien los casos de violaciones basadas en el género se estará enviando un mensaje en el sentido de que estos delitos se castigarán seriamente. Se debe atribuir alta prioridad y prestar seria atención al compromiso de entender los riesgos, aplicar medidas preventivas y brindar protección.
(Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, ONU. E/CN.4/2002/83/Add.3, parr. 117).


16. La Comisión deplora los atentados contra la vida, la integridad física y la seguridad y libertad de circulación de los defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales y dignatarios de la Iglesia. La Comisión condena enérgicamente todos los asesinatos, en particular el reciente asesinato del arzobispo Isaías Duarte. La Comisión también condena la violación de la libertad de opinión y expresión y del libre ejercicio de los derechos políticos que afecta particularmente a esos grupos. La Comisión insta al Estado de Colombia a adoptar medidas adecuadas para lograr el pleno cumplimiento de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. La Comisión reitera la petición de que se mantenga un diálogo fluido con las organizaciones no gubernamentales y recomienda que el Gobierno siga promoviendo la Directiva presidencial Nº 07 entre los funcionarios públicos y vele por que se castigue su incumplimiento. Del mismo modo insta al Estado a aplicar las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vida, la integridad física y la capacidad de funcionar sin obstáculos de los dirigentes sindicales, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión insta al Gobierno de Colombia a adoptar medidas adicionales y más eficientes para garantizar la vida y la seguridad de esas personas y fortalecer su protección, en particular aplicando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La Comisión alienta al Gobierno de Colombia a proseguir en su tarea de fortalecer y mejorar la eficiencia del Programa de Protección Especial a Testigos y Personas Amenazadas que se encuentren a cargo del Ministerio del Interior ampliando el número de beneficiarios y proporcionando recursos adecuados con ese fin. La Comisión recomienda que el Gobierno de Colombia siga y evalúe las medidas, directrices y programas mencionados anteriormente a fin de mejorar la situación de los derechos humanos.
(Declaración del Presidente de la 58 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Colombia, párr. 16).


Véase además las recomendaciones

E/CN.4/1989/18/Add.1, párr. 138OHCHR/STM/99/3, párr. 15E/CN.4/2000/11, párr. 190; referidas en el capítulo 3, título 1 “Deber de respeto y garantía”;

OHCHR/STM/99/3, párr. 12, mencionada en el capítulo 5, título 2 “Actos de terrorismo”;

E/CN.4/2000/71, párr. 66, contenida en el capítulo 5, título 4 “Protección a los civiles”;

Declaración de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 1998, párr. 23, citada en el capítulo 8, título 1 “Prevención);

E/CN.4/1993/61/Add.3, párr. 125- e, transcrita en el capítulo 12;

A/54/38, párrs. 371-372, que aparecen en el capítulo 17, título 8 “Violencia contra la Mujer”;

E/CN.4/1998/16, párr. 147E/CN.4/1999/8, párr. 144;   E/CN.4/2000/11, párrs. 151-153; referidas en el capítulo 23, título 1 “Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”;

E/CN.4/1998/38, párr. 63; E/CN.4/2000/9/Add.1, párrs. 50-51, citadas en el capítulo 23, título5 “Relator Especial sobre la Tortura y los Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes”.

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/recomendaciones/reco3_2.html


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