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1° Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales, Aguascalientes


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1° Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales, Aguascalientes, Aguascalientes.

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Ponencia

ANALISIS DE LA REFORMA DEL 20 DE AGOSTO Y SU TRASCENDENCIA A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
Mesa 1 Jueces de Especialidad en Materia Penal

Lic. María Cristina Espinoza Miranda

Jueza Penal de Primera Instancia

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

Aguascalientes, Aguascalientes , 24 y 25 de junio de 2011

ANALISIS DE LA REFORMA DEL 20 DE AGOSTO Y SU TRASCENDENCIA A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

El 20 de agosto del 2009, se público en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales Federales; a fin de que los estados tengan competencia en el delito de Narcomenudeo.


Esto se debió principalmente para corregir la división de competencias que existían en materia de investigación, persecución y sanción de éste tipo de delitos, en la que las organizaciones criminales aprovechaban para promover el consumo de drogas principalmente entre jóvenes que aún no alcanzaban la mayoría de edad.
En la misma, se prevén normas de carácter transitorio que comprenden los plazos adecuados para la instrumentación de las acciones, mecanismos y reglas jurídicas para que las reformas de mérito puedan surtir efectos. Para ello las legislaturas locales y la asamblea del Distrito Federal contaban con un año para adecuar su legislación correspondiente; por otra parte, la Federación y las Entidades Federativas contaban con un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las acciones necesarias para dar debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el presente decreto.
De lo anterior se desprende que, con esta reforma, la intención del legislador es alcanzar dos objetivos:

Que tanto las Entidades Federativas como la Federación combatan coordinada y conjuntamente el fenómeno delictivo del narcomenudeo y; que a través de un programa nacional de salud se brinde, junto con centros especializados, atención adecuada al farmacodependiente.

Ahora bien, respecto al narcomenudeo, la reforma señala la competencia de las autoridades federales y de las locales en el sentido siguiente:

Será competencia federal el conocimiento de los asuntos de narcomenudeo cuando se trate de delincuencia organizada, la cantidad de droga sea mil veces superior a las previstas en la "Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato", establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así lo solicite el Ministerio Público de la Federación.

Por tanto, será competencia de las autoridades locales, policía estatal, procuradurías de justicia y Tribunales Superiores de los Estados; cuando la cantidad del narcótico de que se trate sea menor a mil veces a la prevista en la tabla referida; por citar un ejemplo, hasta 5 kilos de marihuana y 500 gramos de cocaína.

Es así, como la Federación se hará cargo del fenómeno de narcotráfico y las Entidades Federativas del narcomenudeo.

Para hacer esto posible, deben realizarse las acciones descritas en los artículos transitorios del decreto del 20 de agosto de 2009. Sin embargo, estos artículos han sido objeto de interpretaciones. En especial, el artículo tercero transitorio, que posterior a su impugnación a través del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró violatorio del principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado, mediante la tesis 42/2010.4

No obstante ello, se sostiene, que el primer párrafo del artículo primero transitorio, señala la entrada en vigor del Decreto para dos efectos: 1) Para que a partir de esa fecha se puedan empezar a computar los términos señalados en el segundo y tercer párrafos del mismo numeral transitorio y; 2) Para que entren en vigor las reformas a los enunciados normativos de la Ley General de Salud, con excepción del artículo 474 de dicha ley, Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales.

El segundo párrafo del artículo primero transitorio establece el plazo de un año, es decir, hasta antes del 20 de agosto de 2010; en este sentido, las Legislaturas Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debieron adecuar los cuerpos normativos necesarios de sus entidades al artículo 474 de la Ley General de Salud para el efecto de la competencia local en casos de narcomenudeo.

El tercer párrafo del artículo primero transitorio del decreto multicitado, establece que, la Federación y entidades federativas tienen hasta el 20 de agosto de 2012 para realizar las siguientes actividades, que se desprenden del propio decreto:

a). Elaborar el programa nacional de salud para la prevención y tratamiento de la fármaco dependencia por parte de la Secretaría de Salud; b) Diseñar las políticas públicas adecuadas para cumplir con las campañas permanentes de información y orientación al público sobre prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, proporcionar información y brindar atención médica y tratamientos a quienes consuman estas sustancias, campañas de educación para prevención de adicciones y coordinar con los sectores público, privado y social dichas acciones de prevención; c) Realizar las investigaciones necesarias para detectar a los grupos de alto riesgo; d) Crear los centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación de fármaco dependientes; e) Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de fármaco dependencia; f) Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales en materia de fármaco dependencia; g) Diseñar y establecer las políticas públicas necesarias para que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, participen en la prevención y combate a las actividades de posesión, comercio, suministro de estupefacientes y psicotrópicos.

La referida reforma, implica crear una infraestructura que requiere de tiempo y dinero, tanto en recursos materiales, como en la capacitación de los recursos humanos; lo que hasta este momento no ha sucedido en muchas Entidades Federativas, no obstante de que ha trascurrido el plazo concedido, (una año) y está por cumplirse cerca de dos años, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma.

Así pues, es indudable, que a las Entidades Federativas, se les dio competencia para conocer de los delitos relacionados con el narcomenudeo en sus tres hipótesis: comercio o suministro aún gratuitamente del narcótico sin autorización; posesión del narcótico con la modalidad de comerciarlo o suministrarlo, aún gratuitamente, y la posesión simple del mismo; no hay marcha atrás, los órganos jurisdiccionales Estatales, tienen la competencia y deben juzgar esas conductas.

Sin embargo, la competencia referida, no ha tenido un impacto importante en los Poderes Judiciales de los Estados, en cuanto al numero de procedimientos, tal afirmación, se sustenta, tomando en cuenta el bajo índice de juicios instruidos en delitos relacionados con el narcomenudeo, en comparación con el aumento del 450% de consumidores en el país en relación con el año 2002, de donde se infiere que existe un alto número de delito relacionados con el Narcomenudeo, pues si existe consumidores hay comercio y suministro; por citar un ejemplo, en el año 2010, en todo el Valle de México, se han detectado más de cuarenta mil puntos de venta de drogas, sin embargo, no se tiene ese número de consignaciones o juicios relacionados con éste delito; aunado a lo aseverado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de Colima, en el sentido de que en esa entidad se habían iniciado 67 casos relacionados con el delito de narcomenudeo en los Juzgados Penales en este año.

Estimo que ese bajo índice se debe en gran medida, a que la mayoría de los Estados, mediante sus congresos locales, no han adecuado los cuerpos normativos necesarios, para el efecto de la competencia local, pues se sigue pensando que le corresponde solo a la Federación el presupuesto para tal fin, cuando no es así, es una responsabilidad compartida.

Lo que trae como consecuencia que actualmente se actúa con la normatividad que se tiene en cada Estado, para tramitar los procedimientos de esa índole, habiendo varias lagunas, que pudieran ocasionar dilación en el procedimiento en perjuicio de los propios enjuiciados; otro aspecto, lo constituye el poco conocimiento que se tiene de la reforma de mérito, por la falta de difusión; esto, no por negligencia de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, sino por la ausencia de recursos económicos destinados para la capacitación de los mismos y la infraestructura requerida para empezar a funcionar con eficacia.

Empero, se estima que realizando esas acciones, la reforma funcionará y con ello el incremento de juicios en los juzgados, pues existe un alto numero de consumidores en el país y por ende la existencia del narcomenudistas.

Por ello, se deben tomar ciertas acciones, entre las que se destacan: que los Congresos estatales deben adecuar su marco normativo para que los delitos relacionados con el tema, sean del Fuero Común y se procesen eficazmente.

También, se propone que deben establecerse juicios especializados en Narcomenudeo, estos deben realizarse ya sea mediante el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, o bien en los actuales juzgados penales, bajo el modelo mixto que todavía cobra vigencia en varios Estados; pero en cualquiera de los dos casos, conforme a los procedimientos establecidos para juicios sumarios o abreviados.

Esto debido a que los Juicios deben operar bajo un modelo integral, que no solo contemple aspecto jurídico penal, sino especialmente el seguimiento de las penas y medidas de tratamiento impuestas a fármacodependientes-narcomenudistas.

Así mismo, se propone, que deben promoverse alternativas para resolver los conflictos de esa índole, tales como la suspensión condicional del proceso a prueba, para los casos, de simple posesión de droga, en específico cuando excedan los límites de la tabla de consumo y que no puedan considerarse para comercio o suministro conforme al artículo 477 de la Ley General de Salud.

Es verdad, que la condena condicional procede actualmente, en el sistema penal mixto conforme a los artículos 537 y 538 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero hasta el momento en que el Ministerio Público o defensor formulan conclusiones.

Por lo que sería importante establecer en la normatividad de los Estados, que no fuera hasta esa etapa procesal, sino previamente; en el Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, se permite a un Juez de Control después de decretado el auto de vinculación, la suspensión condicional del proceso, mediante la imposición de determinadas obligaciones al imputado; las cuales podrían ser en el caso planteado, las siguientes: someter obligatoriamente a un tratamiento para su rehabilitación, obtener un empleo, reparar los daños causados, realizar trabajo a favor de la comunidad, o no acercarse a determinado lugar, por citar algunos.

Estos requisitos, no se encuentran fuera de la realidad, porque ya existen algunos similares en el artículo 90 del Código Penal Federal, para gozar de la condena condicional.

Al aceptar las condiciones el imputado, el proceso se detiene, revisándose periódicamente el cumplimiento de las mismas y si el imputado cumple las condiciones, podría sobreseerse su procedimiento; si incumple se continuaría con su procedimiento y se le aplicaría la pena privativa de libertad que le corresponda.

Esta figura procesal permite dar una solución rápida a estos casos de narcomenudeo, sin agotar todo el proceso, con los consiguientes ahorros de tiempo y dinero.



CONCLUSIONES

1.- Deben las legislaturas otorgar certeza jurídica a los Ciudadanos respecto de la intervención punitiva de las Entidades Federativas para la Procuración e impartición de Justicia, así como de ejecución de sanciones en tratándose de delitos relacionados con el narcomenudeo, esto es, adecuar los cuerpos normativos necesarios al artículo 274 de la Ley General de Salud, para el efecto de la competencia local.

2.- El Estado debe crear Juzgados especializados en narcomenudeo, y por ende jueces capacitados y especializados para juzgar los delitos relacionados con este tema; asimismo que los imputados deban ser juzgados mediante el procedimiento abreviado o sumario.

3.- Deben promover alternativas a solución de conflictos, como la suspensión condicional del proceso a prueba para los casos de simple posesión de droga, en específico para los casos que excedan los limites de la tabla de consumo y que no puedan considerarse para comercio o suministro conforme al artículo 477 de la Ley General de Salud. Mediante la imposición de determinadas obligaciones; tales como someter al imputado obligatoriamente a un tratamiento para su rehabilitación, obtener un empleo, reparar los daños causados, realizar trabajo a favor de la comunidad, o no acercarse a determinado lugar por citar algunos; si las cumplen podrá sobreseerse su juicio y si no, continuar su procedimiento e imponer la pena privativa de libertad que le corresponda.



RESUMEN EJECUTIVO

El 20 de agosto del 2009, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del que se desprende dos objetivos: 1.- Que tanto las Entidades Federativas como la Federación combatan coordinada y conjuntamente el fenómeno delictivo del narcomenudeo y; 2.- que a través de un programa nacional de salud se brinde, junto con centros especializados, atención adecuada al farmacodependiente.

Con ello, se otorgó a las Entidades Federativas competencia en el delito de Narcomenudeo, sin embargo, la misma no ha tenido un impacto importante en los Poderes Judiciales de los Estados, tal afirmación, obedece al bajo índice de procedimientos instruidos en los juzgados, en comparación con el aumento del 450% de consumidores de narcóticos que existen en el país, en relación con el año 2002, de donde se infiere que existe un alto número de delitos relacionados con el narcomenudeo, pero no se ha actuado en contra de los inculpados; por citar un ejemplo, en el año 2010, en todo el Valle de México, se había detectado más de cuarenta mil puntos de venta de drogas, sin embargo, no se tiene ese número de consignaciones o juicios relacionados con éste delito; aunado a lo aseverado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de Colima, en el sentido de que en esa entidad se habían iniciado 67 casos relacionados con el delito de narcomenudeo en los Juzgados Penales, en este año.

Ese bajo índice se debe en gran medida, a que la mayoría de los Estados, mediante sus congresos locales, no han adecuado los cuerpos normativos necesarios, para el efecto de la competencia local, pues se sigue pensando que le corresponde solo a la Federación, el presupuesto para tal fin, cuando no es así, es una responsabilidad compartida. Lo que trae como consecuencia que actualmente se actúa con la normatividad que se tiene en cada Estado para tramitar los procedimientos de esa índole, habiendo varias lagunas que pudieran ocasionar dilación en el procedimiento; otro aspecto, lo constituye el poco conocimiento que se tiene de la reforma de mérito, por la falta de difusión; esto, no por negligencia de los operadores del sistema de procuración y administración de justicia, sino por la ausencia de recursos económicos destinados para la capacitación de los mismos y la infraestructura requerida para empezar a funcionar con eficacia.

Empero, se estima que realizando esas acciones, la reforma funcionará y con ello el incremento de juicios en los juzgados, pues existe un alto número de consumidores de narcóticos en el país y por ende la existencia de ese delito.

Por ello, se deben tomar ciertas acciones, entre las que se destacan: 1.- Que las legislaturas otorguen certeza jurídica a los Ciudadanos respecto de la intervención punitiva de las Entidades Federativas para la Procuración e impartición de Justicia, en tratándose de delitos relacionados con el narcomenudeo, esto es, adecuar los cuerpos normativos necesarios al artículo 274 de la Ley General de Salud, para el efecto de la competencia local. 2.- El Estado debe crear Juzgados especializados en narcomenudeo, y por ende jueces capacitados y especializados para juzgar los delitos relacionados con este tema; asimismo que los imputados deban ser juzgados mediante el procedimiento abreviado o sumario. 3.- Deben promover alternativas a solución de conflictos, como la suspensión condicional del proceso a prueba para los casos de simple posesión de droga, en específico para los casos que excedan los límites de la tabla de consumo y que no puedan considerarse para comercio o suministro conforme al artículo 477 de la Ley General de Salud. Mediante la imposición de determinadas obligaciones; tales como someter al imputado obligatoriamente a un tratamiento para su rehabilitación, obtener un empleo, reparar los daños causados, etc., si las cumplen podrá sobreseerse su juicio y si no, continuar su procedimiento e imponer la pena privativa de libertad que le corresponda. Permitiendo con ello una solución rápida a estos casos de narcomenudeo, sin agotar todo el proceso, con los consiguientes ahorros de tiempo y dinero.





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. María Cristina Espinoza Miranda. Jueza Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México


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