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1. Mediante Nota Verbal 1954 de 25 de julio de 2008, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición de ramiro oswaldo rojas


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E
República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


xtradición No. 30739

Ramiro Oswaldo Rojas Parra




Proceso No 30739

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:



JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.138

Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil nueve (2009)

VISTOS

Cumplido el trámite previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, procede la Sala a rendir el concepto que en derecho corresponda en relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, presentada a través de vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos de América.



ANTECEDENTES

1. Mediante Nota Verbal 1954 de 25 de julio de 2008, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores la detención provisional con fines de extradición de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, la cual fue ordenada por el Fiscal General de la Nación el 11 de agosto siguiente, y materializada el 28 de los mismos mes y año en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por personal de la Policía Nacional de Colombia, Dirección Antinarcóticos, Grupo Investigación Criminal, Proceso Lavado de Activos, quienes en la misma fecha le notificaron el contenido de la decisión que dispuso su privación de la libertad en este asunto, y lo dejaron a disposición del Fiscal General de la Nación.

2. Con la Nota Verbal 2916 de 20 de octubre de 2008, la misma Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA para que comparezca a juicio por delitos federales de narcóticos y lavado de dinero, por ser uno de los sujetos de la acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ de 3 de abril de 2008, proferida en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida.

3. Se anexó a la solicitud de extradición la declaración rendida por W. Stephen Muldrow, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, quien después de acreditarse como testigo y describir cómo se compone el Gran Jurado, cuál es el procedimiento que se observa para proferir una acusación, determinando los requisitos formales que debe reunir, manifestó que un Gran Jurado que sesionó en Tampa, Florida, el 3 de abril de 2008, radicó una acusación mediante la cual imputó formalmente a los acusados los siguientes cargos:

“(a) Cargo Uno, de conspiración entre ellos mismos y otras personas conocidas y desconocidas, para poseer con la intención de distribuir y de distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína, en contra de la Sección 841 (a)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todo en contra de las Secciones 846 y 841()(1)(A)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos;

“(b) en [sic] el Cargo Dos, de conspiración entre ellos y otras personas conocidas y desconocidas, de distribuir cinco (5) kilogramos o más de cocaína, sabiendo e intentando que dicha sustancia fuera importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contra de la Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todo en contra de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos;

“(c) en [sic] el Cargo Tres, de conspirar entre ellos y otras personas conocidas y desconocidas, para importar a los Estados Unidos de un lugar externo al mismo, cinco (5) kilogramos o más de cocaína, en contra de la Sección 952(a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, todo en contra de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos;

“(d) en [sic] el Cargo Cuatro, de conspirar entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos de lavado de dinero, en contra de las Secciones 1956(a)(l), 1956(a)(l), 1956(a)(2) y 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, todo en contra de la Sección 1956(h) del Título 18 del Código de los Estados Unidos…”

Que en este caso ninguno de los acusados ha sido enjuiciado ni condenado por los delitos imputados, no se les ha ordenado que cumplan las sentencias en relación con los cargos enumerados en la acusación formal.

Afirma que de acuerdo con la ley de prescripción, para el procesamiento por los delitos atribuidos a los acusados se debe observar la Sección 3283 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, en cuanto dispone que “ninguna persona será enjuiciada, juzgada ni castigada por ningún delito, que no sea capital, a menos que la acusación formal o la información se establezca dentro de cinco años contados a partir de la fecha en que se cometió dicho delito”. Así los delitos atribuidos a los acusados incluyen conductas que ocurrieron durante los últimos cinco años, límite dentro del cual se radicó la acusación formal.

Alude que los cargos en contra de los acusados se originaron en una investigación de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Servicio de Rentas Internas (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Así mismo, que según las leyes de los Estados Unidos, una conspiración es un acuerdo para infringir otras leyes penales. Dicho de otro modo, el acto de unirse y acordar con una o más personas la infracción de una ley federal por sí mismo constituye delito. Tal acuerdo no tiene que ser formal, puede ser tan solo un pacto oral.

Una conspiración es una sociedad establecida para fines delictuosos en la que cada miembro o participante se convierte en un agente o socio del resto de los miembros. Una persona puede hacer parte de la misma sin tener conocimiento pleno de todos detalles del plan ilícito o de los nombres y de las identidades de los demás miembros de la conspiración. Por lo tanto, si un acusado tiene entendimiento de la índole de un plan y, a sabiendas, voluntariamente se une al mismo, al menos en una ocasión, eso será suficiente para acusarlo de conspiración, aunque no haya participado con anterioridad y la función desempeñada sea menor.

Refiere que para condenar a los acusados por los delitos mayores imputados en los Cargos Uno a Tres, Estados Unidos debe probar en el juicio que con conocimiento y voluntariamente llegaron a un acuerdo con una o más personas para lograr un plan común ilícito.

En lo que concierne al Cargo Cuatro, relacionado con el delito de lavado de dinero, Estados Unidos debe demostrar que los acusados llegaron a un acuerdo con una o más personas para lograr un plan común e ilícito y que, a sabiendas, voluntariamente se convirtieron en miembros de tal conspiración.

4. Se acompañó copia de la acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ, de 3 de abril de 2008 proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, División Tampa, dictada contra RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, y de la orden de arresto expedida en contra de éste.

5. Se anexó a la solicitud de extradición la declaración rendida por Ángelo R. Morales, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en la que manifiesta que desde 1995 la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (BICE) y otras agencias, han investigado las organizaciones de contrabando marítimo de cocaína que operan en Colombia. Como parte de esa investigación, las autoridades del orden identificaron una organización dedicada al transporte y contrabando del estupefaciente que involucra, entre otros sujetos, al requerido en extradición, quien ha sido acusado en el caso titulado: Estados Unidos vs. Ramiro Oswaldo Rojas Parra, alias “El Teniente”, bajo el No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ.

Las actividades de narcotráfico se establecieron a partir de: (a) entrevistas con otros co-conspiradores que participaron en las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de los acusados; (b) la revisión de registros, documentos y otras pruebas incautadas, relacionadas con las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de los acusados y sus asociados; y (c) llevando a cabo investigaciones adicionales con otras agencias del orden público sobre las actividades de narcotráfico de los acusados.

Que las operaciones de contrabando de estupefacientes originadas en Colombia se llevan a través del uso de lanchas rápidas comúnmente conocidas como “go-fast”, mediante las cuales transportan múltiples kilogramos de cocaína desde la costa norte del país hasta áreas cercanas o internas de Guatemala o México. Los acusados, quienes tienen a otros narcotraficantes asociados que operan a lo largo del citado litoral, también usan embarcaciones similares para contrabandear cargamentos del alcaloide por el Mar Caribe, las cuales viajan a lo largo de la costa centroamericana hasta México, usando lugares en Jamaica, Haití y otros lugares como punto de escala. El destino final de los cargamentos de droga es Estados Unidos.

También cuenta que la investigación en este caso ha revelado que desde los años 90, la organización de narcotráfico (DTO) con la cual están activamente involucrados los acusados, comenzó a contra-bandear con surtidos kilogramos de cocaína de Colombia a Florida, los cuales transportaban utilizando embarcaciones y aviones, con frecuencia a través de las Bahamas o Jamaica hasta los Estados Unidos.

Así mismo, que la investigación ha revelado que ROJAS PARRA fue piloto reclutado por las organizaciones importantes de narcotráfico para transportar la cocaína en avión. Así mismo que para mediados de los años 90, según confirman los testigos cooperadores estaba directamente involucrado en la coordinación, organización e investi­gación de las empresas de contrabando de drogas por vía aérea y marítima.

Refiere se ha entrevistado con los testigos cooperadores CW#1, CW#2 y CW#3 quienes fueron socios de los acusados en el tráfico de estupefacientes, cuyas versiones, verificadas por separado a través de investigaciones y testigos adicionales, descubren cuáles fueron las actividades de narcotráfico de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA y los demás coacusados, así como el destino que le daban al dinero obtenido, el cual utilizaban para la adquisición de bienes raíces y personales en Florida y Colombia.

Finalmente, señaló que RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, alias “El Teniente”, es ciudadano colombiano, nacido el 9 de mayo de 1965, portador de la cédula colombiana No. 7.306.544 quien fue fotográficamente identificado por CW#1, CW#2 y CW#3 como una de las personas con las que estuvieron involucrados en actividades de narcotráfico.

6. Se aportó transcripción de las disposiciones normativas de los Estados Unidos de América, supuestamente vulneradas por el requerido en extradición.

7. El Ministerio del Interior y de Justicia consideró completo el expediente y lo remitió a esta Sala acompañando el concepto emitido por su homólogo de Relaciones Exteriores, en el cual se señala que por no mediar un convenio aplicable al caso, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.

8. Ninguno de los intervinientes deprecó la práctica de pruebas, por lo que se les corrió traslado para que presentaran alegatos previos al concepto.

8.1. El Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal solicitó a la Sala emitir concepto favorable para la extradición de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA.

En tal sentido, precisó que teniendo en cuenta que de conformidad con la acusación proferida en contra del requerido, las conductas atribuidas a éste fueron realizadas “comenzando en una fecha desconocida, pero no después de mediados de los años 90 aproximadamente, hasta el 2007 aproximadamente”, obra el condicionamiento relativo a que sólo podrán ser motivo de imputación las conductas ocurridas con posterioridad al 17 de noviembre de 1997 por virtud del Acto Legislativo No. 01 de dicho año, mediante el cual se reformó el artículo 35 de la Constitución Política, que prohibía la extradición de nacionales colombianos por nacimiento.

Y en relación con las exigencias contenidas en el Código de Procedimiento Penal, señaló que la documentación aportada por la embajada del país requirente cuenta con la validez formal necesaria para satisfacer las exigencias del ordenamiento jurídico en mención, en cuanto contiene la información legalmente requerida y, además, respecto de la misma se surtió el trámite inherente a su autenticidad, la cual también demuestra la plena identidad del requerido en extradición.

Igualmente, se encuentra satisfecho el principio de la doble incriminación. Esto porque al confrontar la normatividad interna vigente para el momento en que la Corte emite su concepto, es decir, la Ley 599 de 2000, modificada por las Leyes 733 y 747 de 2002, 890 de 2004 y 1121 de 2006 con los cargos atribuidos RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, se establece que su comportamiento se adecua a los delitos de concierto para delinquir [artículo 340 del Código Penal, modificado por los artículos 8 y 19 de la Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006], tráfico fabricación o porte de sustancias estupefacientes [artículo 376, modificado por la Ley 890 de 2004] y lavado de activos [artículo 323, modificado por los articulos 8 y 17 de las Leyes 747 de 2002 y 1121 de 2006].

De otra parte, los pronunciamientos judiciales remitidos por el país requirente que contienen los cargos aprobados por el Gran Jurado del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida corresponden a la acusación de la legislación penal adjetiva.

Finalmente, solicitó a la Corte advertir al Gobierno Nacional para que establezca si ROJAS PARRA es investigado o ya fue juzgado por las mismas conductas delictivas ante las autoridades colombianas, esto porque si bien es cierto la circunstancia prevista en el artículo 565 del Decreto 2700 de 1991, aplicable por virtud de la declaración de inexequibilidad del artículo 527 de la Ley 600 de 2004, no fue incluida en al Ley 906 de 2004 que expidió el actual Código de Procedimiento Penal, este remite a Tratados Internacionales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8º numeral 4º el principio de non bis in idem. Así mismo, para que advierta expresamente al país extranjero requirente que la entrega del reclamado lo limita a juzgarlo únicamente por las conductas que originan la extradición, condicionando a que sólo podrán ser objeto de imputación las ocurridas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997 y de acuerdo con los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y lo dispuesto en el artículo 11, 12 y 34 de la Constitución Política, no podrá ser sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

8.2. Por su parte el defensor del requerido señaló que las conductas punibles atribuidas a su representado en el escrito de solicitud de extradición, se realizan en cuatro (4) cargos distintos, relacionados con el tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

Sin embargo, esas conductas en nuestro país se encuentran tipificadas en dos disposiciones de nuestro ordenamiento punitivo, las cuales consagran el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y el lavado de activos.

Circunstancia con fundamento en la cual considera que el Estado colombiano debe condicionar la extradición a que se le procese solamente por dos cargos y no por los cuatro descritos en el pedimento de extradición, en virtud a que con ello se daría estricto cumplimiento a las normas procesales que regulan el trámite de extradición.

Igualmente pide incluir en el concepto todos los condicionamientos que de tiempo atrás ha considerado la Corte para que se garanticen los derechos fundamentales del requerido y se efectué el control respectivo por el Gobierno Nacional

Finaliza solicitando se condicione la entrega de su prohijado a la presentación de compromiso expreso por parte del gobierno extranjero en sentido de que le garantizara el respeto a: los derechos humanos, la dignidad, no ser sometido a penas degradantes, ni humillantes, las cuales no traspasarán los limites legales, no ser juzgado por hechos diferentes a los previstos en la solicitud y facilitarle las visitas de su familia.



CONSIDERACIONES

1. Con fundamento en los artículos 35 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997 y 18 de la Ley 599 de 2000, la extradición se puede conceder u ofrecer de acuerdo a los tratados públicos y, en su defecto, a la ley.

Con arreglo a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud a que no existe convenio de extradición aplicable entre los Estados Unidos de América y Colombia, es procedente obrar de conformidad con la Ley 906 de 2004.



2. El artículo 502 ibídem dispone que la Corte Suprema de Justicia fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el exterior y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

Todos estos elementos convergen en el expediente.



2.1. VALIDEZ FORMAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Acorde con el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, para conceder u ofrecer la extradición de una persona, la petición debe presentarse por vía diplomática o, en casos excepcionales, por la consular, o de gobierno a gobierno, anexando copia de la transcripción auténtica de la sentencia o de la resolución de acusación o su equivalente, indicando con exactitud los actos que determinan la reclamación, así como el lugar y la fecha de su ejecución, aportando la información que posea y que sirva para acreditar la plena identidad de la persona requerida y copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso.

Dicha documentación debe ser expedida con arreglo a las formalidades de la legislación del Estado requirente y traducida al castellano, de ser ello preciso.

El artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 118, del Decreto 2282 de 1989, prescribe que los documentos públicos otorgados en el país extranjero por funcionarios de éste o con su intervención, deben ser presentados y autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República o en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste con el Cónsul colombiano.

En este caso, fueron observadas tales exigencias por el Gobierno de los Estados Unidos de América al presentar la petición de extradición por vía diplomática, esto es, por medio de su Embajada en nuestro país, acompañando copia de la Acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ, proferida en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, mediante la cual se acusa a RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, por los siguientes cargos:

PRIMER CARGO

“Comenzando en una fecha desconocida, pero no después de mediados de los años 90 aproximadamente, hasta el 2007 aproximadamente, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares,

RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, alias "EL Teniente",

IVÁN DARÍO ROJAS SOTO, alias "Lola",

JOSÉ LUIS RAMÓN RESTREPO, alias "Tote" y

GERMÁN GUTIÉRREZ GARCÍA, alias "Buggy",

los acusados en el presente documento, a sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron entre ellos mismos y otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir y de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, en contra de la Sección 841(a)(l) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

“Todo en contra de las Secciones 846 y 841(b)(l)(A)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

SEGUNDO CARGO

“Comenzando en una fecha desconocida, pero no más tarde de mediados de los años 90 aproximadamente, hasta el 2007 aproximadamente,

RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, alias "El Teniente",

IVÁN DARÍO ROJAS SOTO, alias "Lola",

JOSÉ LUIS RAMÓN RESTREPO, alias "Tote" y

GERMÁN GUTIÉRREZ GARCÍA, alias "Buggy",

los acusados nombrados en el presente, quienes primero serán traídos a los Estados Unidos a algún punto del Distrito Central de Florida, con conocimiento y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas, conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o substancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una substancia controlada de la Lista II, con la intención y el conocimiento de que dicha substancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en contra de la Sección 959 del Título 21 del Código de Estados Unidos.

“Todo en contra de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO TRES

“Comenzando en una fecha desconocida, pero no después de mediados de los años 90 aproximadamente, hasta el 2007 aproximadamente, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares,

RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, alias "El Teniente",

IVÁN DARÍO ROJAS SOTO, alias "Lola",

JOSÉ LUIS RAMÓN RESTREPO, alias "Tote" y

GERMÁN GUTIÉRREZ GARCÍA, alias "Buggy",

los acusados en el presente documento, a sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron y acordaron entre ellos y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado, para importar a los Estados Unidos de un lugar externo al mismo, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con conocimiento y la intención de que dicha sustancia se importaría ilícitamente a los Estados Unidos, en contra de la Sección 952(a)(2) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

“Todo en contra de las Secciones 963 y 960(b)(l)(B)(ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

CARGO CUATRO

“Comenzando en una fecha desconocida, pero no después de mediados de los años 90 aproximadamente, hasta el 2007 aproximadamente, en el Distrito Central de Florida y en otros lugares,

RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, alias "El Teniente",

IVÁN DARÍO ROJAS SOTO, alias "Lola",

JOSÉ LUIS RAMÓN RESTREPO, alias "Tote" y

GERMÁN GUTIÉRREZ GARCÍA, alias "Buggy",

los acusados en el presente documento, a sabiendas y voluntariamente se aunaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre ellos y con otras personas tanto conocidas como desconocidas por el Gran Jurado para cometer los delitos siguientes en contra de los Estados Unidos:

“(A) Realizar o tratar de realizar una transacción financiera, afectando el comercio interestatal, sabiendo que la propiedad implicada en la transacción financiera representaba las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, y las cuales eran de hecho, las ganancias de una actividad ilícita especificada, es decir, la importación, el recibo, la venta y demás tráfico de narcóticos y otras drogas peligrosas, según se define en el Título 21 del Código de los Estados Unidos,

“1. con (sic) la intención de promover la realización de una actividad ilícita específica; y

“2. sabiendo (sic) que las transacciones estaban designadas por completo o en parte para ocultar o disimular la índole, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada;

“en (sic) contra de las disposiciones de la Sección 1956(a)(l) del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

“(B) Sabiéndolo transportar, transmitir y transferir y tratar de transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos de un lugar en los Estados Unidos a o a través de un lugar externo a los Estados Unidos y para colocar en los Estados Unidos de o a través de un lugar externo a los Estados Unidos,

“1. con (sic) la intención de promover que se llevara a cabo una actividad ilícita especificada, es decir, la importación, el recibo, la venta y de otra manera el tráfico de narcóticos u otras drogas peligrosas, según se define en el Título 21 del Código de los Estados Unidos,

“2. sabiendo (sic) que el instrumento monetario y los fondos implicados representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, y sabiendo que dicho transporte, transmisión y transferencia estaba designada por completo o en parte para ocultar o disimular la índole, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada;

“en (sic) contra de las disposiciones de la Sección 1956(a)(2) del Título 18 del Código de los Estados Unidos; y

“C) Sabiéndolo participar y tratar de participar en una transacción monetaria, afectando el comercio interestatal, en propiedades derivadas delictuosamente de un valor superior a $10.000, la cual se derivó de una actividad ilícita especificada, es decir, la importación, el recibo, la venta y el tráfico en general de narcóticos u otras drogas peligrosas, según se define en el Título 21 del Código de los Estados Unidos, en contra de las disposiciones de la Sección 1957 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

“Todo en contra de la Sección 1956(h) del Título 18, Código de los Estados Unidos.”

Con la nota diplomática a través de la cual se formalizó la reclamación y las declaraciones juradas rendidas por W. Stephen Muldrow, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, y Ángelo R. Morales, Agente Especial de la Administración de Control de Drogas, ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos se determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la comisión de las conductas punibles que soportan la reclamación.

Los anexos contienen los datos necesarios para comprobar la identidad del solicitado, como se expondrá posteriormente, igual que la reproducción de las disposiciones penales probablemente contravenidas. Y, por estar autenticados acorde a las previsiones del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, deben ser considerados otorgados con arreglo al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos.

Así, el Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Thomas C. Black, certificó que copias fieles de los testimonios rendidos W. Stephen Muldrow, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, y Ángelo R. Morales, Agente Especial de la Administración de Control de Drogas, ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos, se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en Washington D.C.

El Procurador de los Estados Unidos, Michael Mukasey, hizo constar que, para ese entonces, Thomas C. Black desempeñaba el cargo de Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América; quien con ese fin hizo estampar el sello del Departamento de Justicia y solicitó al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales diera fe de su firma.

La Secretaria de Estado, Condolezza Rice, certificó que al documento anexo le fueron fijados los sellos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de Autenticaciones de dicho Departamento en Washington, y que Sonya N. Johnson suscribió su nombre.

El Cónsul de Colombia en Washington, Julio Cesar Aldana Bula, autenticó la firma de Sonya N. Johnson y la suya fue abonada por el Jefe de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reunidas las exigencias del artículo 495 de la Ley 906 de 2004, se da por satisfecho este presupuesto.

2.2. PLENA IDENTIDAD DEL REQUERIDO

De la valoración conjunta de la información suministrada por el país reclamante en las notas diplomáticas y en los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud, con los datos conocidos por motivo de la captura de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, la Sala concluye que la persona aprehendida y que permanece privada de su libertad por razón de este trámite es la misma solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos.

En la nota diplomática No. 1954 de 25 de julio de 2008, mediante la cual se pidió la detención provisional del requerido con fines de extradición, fueron consignados como datos relativos a su identidad los siguientes: nombre, RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, también conocido como “El Teniente”, es ciudadano Colombiano, nacido el 9 de mayo de 1965, portador de la cédula colombiana No. 7.306.544; información que fue incluida en la resolución de 11 de agosto de 2008 del señor Fiscal General de la Nación a través de la cual dispuso su captura con fines de extradición, ratificada por la nota diplomática 2916 de 20 de octubre de 2008, con la que se formalizó la reclamación, y las declaraciones rendidas en su apoyo.

Los anteriores datos fueron corroborados al momento de notificarle a ROJAS PARRA la resolución por medio de la cual el Fiscal General de la Nación dispuso su captura con fines de extradición.

En consecuencia, no se duda de que la persona requerida en extradición sea la misma que permanece privada de la libertad por virtud de este procedimiento.

2.3. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN

A la luz de los condicionamientos del numeral 1 del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para que se pueda ofrecer o conceder la extradición es necesario que el hecho que la motiva esté previsto como delito en Colombia y reprimido con sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

Los hechos con base en los cuales las autoridades judiciales de los Estados Unidos llamaron a RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA a responder en juicio, son relatados en la Nota Verbal No. 2916 de 20 de octubre de 2008, cuando se formalizó el pedido de extradición, del siguiente modo:

“Como resultado de la investigación de las actividades de tráfico de narcóticos en Colombia, los Estados Unidos, y en otros lugares, Ramiro Oswaldo Rojas Parra, Iván Darío Rojas Soto, y José Luis Ramón Restrepo han sido identificados como miembros de una organización de tráfico de narcóticos a grande escala con sede en Colombia y en Florida. La investigación ha revelado que desde mediados de los años 1990 y continuando hasta 2007, la organización ha sido involucrada en el contrabando de miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos, así como en actividades de lavado de dinero. La cocaína era llevada de contrabando a los Estados Unidos por avión, así como por la vía de rutas marítimas de contrabando en el Mar Caribe.

“Luego de pilotear aviones para varios carteles de narcóticos, a mediados de los años 1990, o por esa época, Rojas Parra comenzó a organizar y a invertir en operaciones de contrabando de narcóticos. Tanto Rojas Soto como Ramón Restrepo asistieron a Rojas Parra con respecto a sus actividades de tráfico de narcóticos y lavado de dinero. Durante el periodo del concierto, tanto Rojas Soto como Ramón Restrepo recibieron, almacenaron y/o transportaron grandes sumas de utilidades provenientes de la venta de los narcóticos en Colombia. Además, Ramón Restrepo y otro asociado invirtieron en cargamentos de cocaína enviados a los Estados Unidos y a Europa.

“Rojas Parra también estuvo involucrada activamente en el lavado de millones de dólares correspondientes a utilidades provenientes de la venta de narcóticos generados por razón de sus actividades de contrabando de narcóticos, lo cual se hizo a través de la compra de bienes muebles e inmuebles en Florida y Colombia. Los bienes, los negocios y otros activos que Rojas Parra compró fueron obtenidos utilizando las utilidades de sus actividades de tráfico de narcóticos. La investigación ha revelado que Rojas Parra también utilizó a terceras partes, incluyendo a familiares, Rojas Soto, Ramón Restrepo, sociedades, y otros, como dueños de nombre para esconder tales activos y utilidades provenientes de la venta de narcóticos. A finales de 2006, Rojas Parra vendió un lujoso condominio en los Estados Unidos, que se cree fue comprado con utilidades provenientes de la venta de narcóticos. Recientemente, en la primavera de 2008, Rojas Parra inició la compra de un lujoso condominio por $1.505.000 dólares de los Estados Unidos, que está actualmente en construcción en Miami, Florida. La compra se está llevando a cabo a través de una sociedad de nombre Silversea, Inc., de la cual Rojas Parra y su esposa son funcionarios corporativos. Dicha venta se encuentra actualmente en disputa y Silversea está tratando de recuperar el depósito.

“Aun cuando se alega que los delitos contenidos en la acusación se iniciaron a mediados de los años 1990, o por esa época, la culpabilidad de cada acusado por todos los delitos acusados está sustentada a través de evidencia de su culpabilidad por acciones independientes realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.”

Y constituyen la razón de los cargos formulados en la acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ, dictada el 3 de abril de 2008 por el Gran Jurado de la Corte de Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, en violación del Título 18, Sección 1956 (a)(2)(h); Título 21, Secciones 841 (b)(1)(A)(ii) y 846; 960 (b)(1)(B)(ii) y 963 del Código Penal de los Estados Unidos de América.

Al confrontar las normas invocadas por el país requirente con la legislación colombiana, se advierte que la conducta de concierto para delinquir, agravada por la naturaleza de los actos, en cuanto está relacionado con el delito de narcotráfico se encuentra penalizada en uno y otro Estado.

En Colombia es sancionado bajo la denominación típica de concierto para delinquir en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 (modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002 y 19 de Ley 1121 de 2006), el cual es entendido como el acuerdo de voluntades entre varias personas con el fin de cometer delitos, y cuando la especie de éstos se concreta al tráfico de estupefacientes la pena es de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, acorde con las modificaciones introducidas por la Ley 1121 de 2006, las cuales, antes de entrar a regir las Leyes 890 y 906 de 2004, eran de 6 a 12 años de prisión y multa de 2000 hasta 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El artículo 376 de la Ley 599 de 2000 [modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004], sanciona al que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, con prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.333.33 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte el artículo 323 de la Ley 599 de 2000 [modificado por los artículos 8 y 17 de la Leyes 747 de 2002 y 1121 de 2006] sanciona al que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, por esa sola conducta, con prisión de 8 a 22 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes.

Las conductas imputadas, entonces, además de ser típica en nuestro país, están sancionadas con prisión no inferior de 4 años, agotándose en consecuencia este elemento.

Lo anterior además pone de presente, contrariando lo afirmado por el defensor, que las conductas ilícitas por las cuales fue acusado el requerido en extradición no sólo corresponden a los tipos penales de tráfico de estupefaciente y lavado de activos, sino que también están inmersas en el delito de concierto para delinquir.

La eventualidad de que en este caso los cargos formulados en la acusación proferida en contra del requerido por el Gran Jurado en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, no corresponda a igual número de delitos en la legislación penal colombiana, no constituye motivo para que al momento de conceptuar se solicite al Gobierno Nacional condicionar la entrega del ciudadano pedido en extradición para que el juicio en el país requirente se le adelante solamente por los delitos señalados en el derecho interno, pues tal circunstancia es consecuencia de la libertad de configuración legislativa en cada Estado.

Es que la importancia del principio de doble incriminación no reside en la coincidencia del número de tipos penales que la conducta del requerido actualizó en el Estado que solicita su extradición, sino en que las ilicitudes por las cuales ha sido acusado, sustancialmente constituyan infracción penal en el derecho interno aunque desde el punto de vista cuantitativo se presenten diferencias en relación con la cantidad de disposiciones infringidas.

Por estas razones, al defensor no le asiste razón en el condicionamiento que al respecto solicita.

2.4. EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA DICTADA EN EL EXTERIOR.

Con arreglo a lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es preciso que el país requirente haya proferido en contra del solicitado resolución de acusación o su equivalente.

Este presupuesto fue cumplido por el Gobierno de los Estados Unidos de América, ya que la acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ de 4 de abril de 2008 en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, es equiparable al escrito de acusación que el Fiscal presenta ante el juez competente para adelantar el juicio estatuido en los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, por contener la individualización de la persona acusada, una relación circunstanciada de las conductas endilgadas junto con su calificación jurídica y la transcripción de las normas penales sustantivas supuestamente violadas; además de que constituye el inicio de la fase del juicio en donde el procesado tiene la oportunidad de defenderse de los cargos a él imputados, la cual culmina con la sentencia que pone fin al proceso.

3. CONCLUSIÓN

Reunidos como se encuentran los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal de 2004, acorde con lo solicitado por el Ministerio Público y de manera parcial con lo planteado por el defensor, la Corte procederá a emitir concepto favorable a la solicitud de extradición exigiendo al Gobierno Nacional que de acoger esta opinión condicione la entrega a que el requerido no sea juzgado por hechos sometidos a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, ni desaparición forzada por el país solicitante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 34 de la Carta Política.

El Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, a que se le respeten –como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular, a que: 1) tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 2) se presuma su inocencia, 3) cuente con un intérprete, 4) tenga un defensor designado por él o por el Estado, 5) se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, 6) a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, 7) su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, 8) la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, 9) la sanción pueda ser apelada ante un tribunal superior, 10) la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social (artículos 29 de la Constitución Política; 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5-3.6, 7-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Igualmente, el gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, esto en cuanto la Constitución Política en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

En cumplimiento de su deber de protección a las garantías y derechos del nacional colombiano entregado en extradición, es misión del Estado, por medio del ámbito de competencias de los órganos respectivos, vigilar que en el país reclamante se respeten las mencionadas condiciones (artículo 9 y 226 de la Carta). Así, en primer orden, a través del cuerpo diplomático, en concreto, por las diferentes oficinas consulares, con apoyo de la Procuraduría General de la Nación (artículo 277 de la Constitución) y de la Defensoría del Pueblo (artículo 282 ibídem), de lo cual, además, habrá de darse informes periódicos a la Corte, en virtud del principio de colaboración armónica entre los diferentes Poderes Públicos (artículo 113 de la Carta), con el fin de que todos los estamentos con injerencia en el tema tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones foráneas frente a la interna.

De igual modo, el Gobierno Nacional, si lo considera pertinente, deberá exigir al Estado requirente que responda por la permanencia del extraditado en el país extranjero y el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando aquél llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición y por los cuales ésta hubiese sido concedida

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA de anotaciones civiles conocidas en el curso del proceso, por los cargos a ella atribuidos en la acusación No. 8:08-CR-153-T-23 EAJ, de 3 de abril de 2008, proferida por el Gran Jurado en la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida.

Comuníquese por la Secretaría de la Sala esta determinación al requerido RAMIRO OSWALDO ROJAS PARRA, a su defensor, al Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo.



Devuélvase el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para lo de su competencia.


JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L.

AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

YESID RAMÍREZ BASTIDAS JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria




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