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1. la interpretación de la constitucióN 1 POSIBILIDAD Y SENTIDO DE la interpretación constitucional


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Universidad Industrial de Santander

Escuela de Derecho y Ciencia Política

Taller Teoría Constitucional

Colección Digital

Dr. Orlando Pardo Martínez







1. LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

1.1 POSIBILIDAD Y SENTIDO DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL
En una carta que data del año 1532, de innegable interés para la historia de la metodología jurídica, el jurista humanista Viglius Von Zwichem dirigiéndose a Amerbach escribía que sin interpretación que sin interpretación no cabe doctrina jurídica y que el propio objeto de la jurisprudencia residía precisamente en hallar el método correcto de interpretación: “Die richtige Methode der Interpretation zu finden”1
La interpretación constituye, en efecto, el punto de encuentro donde concluyen y se entremezclan los procedimientos metódicos de la ciencia y de la filosofía del derecho y el banco de prueba de la respectiva validez de sus postulados.2 Estas circunstancias adquieren una problematicidad característica cuando el objeto de la interpretación jurídica versa sobre los preceptos de la máxima jerarquía normativa, es decir, sobre la Constitución.
La interpretación constitucional posee una importancia decisiva en cualquier sistema democrático, especialmente en aquellos que cuentan con una jurisdicción constitucional. En fecha reciente Jean Rivero ha llamado la atención sobre la auténtica revolución jurídica que supuso la decisión del Consell constitucional francés del 16 de julio de 1971. Tras la toma de la Bastilla – fomenta irónicamente el profesor Rivero – al pueblo francés le agrada hacer sus revoluciones en el mes de julio. En este caso la revolución se realizó en cuatro palabras: “Vu la Constitution et notamment son Préambule”. De un solo golpe la Declaración de 1789, el Preámbulo de la Constitución de 1946, los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República… quedaron integrados en la constitución francesa, que duplicó su volumen por la mera voluntad del Conseil constitutionnel.3 Sin que se pueda tampoco soslayar, en lo que respeta a la incipiente trayectoria de nuestra jurisdicción constitucional, el interés y controversia suscitados por las denominadas “sentencias interpretativas”, o sea, aquellas que determinan o manifiestan el caso, inconstitucional”.4
Ahora bien, no deja de suscitar cierta perplejidad comprobar la escasa atención que ha merecido en la teoría jurídica el tema de la interpretación constitucional, en relación con el interés que ha promovido la actividad interpretativa en otros sectores del ordenamiento jurídico, particularmente en el ámbito del derecho privado, pese a la mayor trascendencia que, sin lugar a dudas, reviste la interpretación de la Constitución.
Este hecho quizás sea debido a que la interpretación constitucional se halla amenazada por dos planteamientos que, desde premisa antitéticas, coinciden en comprometer su razón de ser. El primero se debe a quienes ignoran el carácter jurídico de dicha actividad, el enfatizar su significación política: el segundo a quienes por equipararla a la interpretación normativa del derecho privado terminan por disolver su peculiaridad.
La creencia de que las cuestiones constitucionales no son cuestiones jurídicas, sino cuestiones de poder fue abiertamente defendida por Ferdinand Lassalle en su famosa conferencia sobre la esencia de la constitución (ueber Verfassungswesen), pronunciada en Berlín en el año 1862. 5 Esta postura, por su en apariencia innegable realismo basado en la experiencia histórica y cotidiana del sacrificio de la normativa jurídica ante la fuerza de los hechos, nunca ha dejado de contar con adeptos. No debe, por tanto, causar extrañeza que Mario G. Losano se tenga, en nuestros días que aludir a una interpretación constitucional implica un abuso del lenguaje, ya que supone la presunción de proyectar postulados de la metodología jurídica a la que no son sino puras decisiones políticas.6
De otro lado, quienes han concebido la interpretación de la Constitución como una tarea jurídica, durante un largo período que se ha prolongado hasta el presente, la han abordado con los esquemas elaborados por la dogmática jusprivatista. Se aduce para explicar este fenómeno el mayor grado de depuración sistemática alcanzado a través del tiempo por la teoría de la interpretación en el derecho privado, y que con la Escuela histórica alcanza plena madurez científica. De ahí, por ejemplo, la marcada influencia que ejerce la teoría de la interpretación de Friedrich carl von Savigny en la configuración de los presupuestos metodológicos de la Escuela alemana del derecho público.7 Sin que tampoco puedan soslayarse otras causas ligadas a la propia génesis del constitucionalismo. En efecto, las primeras constituciones liberales sientan el principio de la “rigidez” constitucional, tendente a garantizar su contenido frente a cualquier intento de modificación. Dicho contenido se consagra en dos grandes sectores: la parte dogmática que contiene la declaración o catálogo de los derechos naturales positivizados por vía constitucional (el Hill o Rights en la tradición anglosajona); y la denomina parte orgánica que contiene las reglas sobre la forma y funcionamiento del Estado y los poderes públicos en general (Form o Frame of Government en el constitucionalismo norteamericano). El conjunto de derechos contenidos en la parte dogmática era directamente justiciable y se hallaba a salvo de cualquier legislación ordinaria. Al propio tiempo, se considera que este núcleo de derechos establece unas relaciones entre el Estado y los ciudadanos, pero no persona jurídica, en el marco de un tejido de facultades y obligaciones jurídicas respecto a los particulares. La Dogmática alemana del derecho público elaboró a partir de estas premisas, de inequívoca impronta privatista, la categoría de los derechos públicos subjetivos”.8 Hay que añadir que el contenido de los derechos públicos subjetivos en el ámbito del Estado liberal de Derecho se hallaba integrado, básicamente, por libertades de signo individual, entre las que destaca la protección de la libertad económica y la defensa del derecho de propiedad. Si se tienen presentes estas circunstancias no resulta difícil comprender que para la interpretación de los derechos se recurriera a instrumentos hermenéuticos jurídico – privados. En este contexto la interpretación de la parte dogmática de la Constitución se realiza a partir de premisas y conforme a su método de marcada significación, iusprivatista y tan sólo para la interpretación de la parte orgánica se formulen algunas reglas autónomas, construidas con ayuda del modelo de las ciencias históricas, sociales y políticas, que representan un intento embrionario de formar una hermenéutica iuspublicista moderna. Ahora bien, con el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho se ha producido una importante mutación en la normativa constitucional, que forzosamente ha repercutido en su interpretación.9 En efecto, en la nueva situación se advierte:


  1. Una superación de la categoría de los derechos públicos subjetivos, de inequívoca inspiración individualista, a través de los derechos fundamentales. En ella se integran, junto a las libertades tradicionales personales, civiles y políticas, los derechos económicos, sociales y culturales. El reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales ha comportado, a su vez, un cambio en: a) la fundamentación de los derechos constitucionales, que ya no se circunscribe a la defensa de intereses individuales, sino que extienden su tutela a la protección de intereses sociales y colectivos; b) La titularidad que se ampliará también a sujetos colectivos; y c) la naturaleza jurídica al dejar de ser meros derechos de defensa (lo que la doctrina germana denominada Abwehrrechte) frente a la opresión estatal, para devenir derechos de participación (Teilhaberecht en su acepción alemana) y prestaciones para cuya realización no basta la abstención del Estado, sino que se hace indispensable la movilización de los poderes públicos.




  1. Esta peculiar naturaleza jurídica de los derechos fundamentales exige superar la rígida distinción entre la parte dogmática y la parte orgánica de los textos constitucionales, ya que la participación y las prestaciones no pueden interpretarse al margen de las reglas que encauzan la organización y el funcionamiento de los poderes públicos.




  1. Por último, junto a la técnica de positivación casuística, predominante en las constituciones liberales para fijar el estatuto de las libertades, los derechos fundamentales aparecen reconocidos en la actualidad también como valores o como principios básicos del sistema jurídico-político, lo que condiciona el método de su interpretación.10

En estas nuevas coordenadas constitucionales los medios hermenéuticos de la tradición iusprivatista se revelan insuficientes. De ahí que la tarea actual de cualquier teoría de la interpretación de la constitución se plantee prioritariamente como un doble empeño: de un lado, debe tratar de reivindicar el carácter jurídico de dicha actividad, frente a quienes la entienden como un puro proceso político supeditado a la fuerza determinante de los hechos; de otro, debe dar cumplida respuesta a los problema específicos que implica la interpretación de la norma constitucional, para lo que precisa emanciparse de la metodología iusprivatista y afirmar su autonomía con la consiguiente elaboración de sus propias categorías metódicas.


Una importante contribución en tal sentido se debe a Honrad Hesse, que ha formulado la sugestiva tesis sobre “la fuerza normativa de la Constitución” (Die normative Kraft der Verfassung). El profesor de Firiburgo y juez del Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe ha cifrado su pretensión en el logro de un equilibrio capaz de evitar el sacrificio de la dimensión normativa de la Constitución ante las condiciones de la realidad, así como la consideración formalista de la normativa constitucional ajena a la realidad y carente de contenido.11 La norma constitucional carece de existencia independiente a la realidad. Su eficacia no puede extrapolarse de las condiciones naturales históricas y socioeconómicas de cada situación. Pero, al propio tiempo, la Constitución es algo más que esas condiciones fácticas, ya que entraña una fuente de “deber ser”, es decir, posee una peculiar fuerza normativa dirigida a ordenar y conformar la realidad política y social.
Entre las condiciones que permiten la consecución de ese equilibrio, Hesee la denomina “voluntad de Constitución” (Wille zur Verfassung), que representa, a un tiempo, una alternativa a la mera voluntad de poder y a la normatividad formal y abstracta carente de voluntad. Tal “voluntad de constitución” reposa en una triple idea: la convicción de la necesidad de un orden normativo objetivo y estable, como garantía frente a la arbitrariedad del poder; la convicción de que dicho orden normativo precisa de una constante legitimación; y la convicción de que se trata de un orden cuyo valor normativo no sólo depende de su racionalidad, sino también de los actos de la voluntad humana tendentes a su realización.12
Las reflexiones de Honrad Hesse sobre la fuerza normativa de la Constitución estimo que pueden también contribuir a abordar desde un enfoque correcto la problemática de la interpretación constitucional. A partir de dichas premisas cabe afirmar la posibilidad de esta tarea en cuanto actividad jurídica, al tiempo que se consolidan sus rasgos distintivos. Así, se cifra el objeto del proceso interpretativo en una estructura inequívocamente normativa13, dotada de un grado de estabilidad y objetividad que permite precisar su sentido.
Pero, a la vez, tal proceso se vincula a las condiciones concretas de cada situación histórica que delimitan el contexto de legitimidad en el que la legalidad constitucional opera. De ahí que la hermenéutica constitucional, lejos de agotarse en la mera subsunción lógica o en la elaboración conceptual, exija la firma voluntad del intérprete dirigida a realizar de forma óptima los objetivos de la constitución”14
1.2 CONDICIONES Y TEORÍAS DE LA INTERPRETACIÓN Y NORMA CONSTITUCIONAL
El carácter específico que reviste la interpretación constitucional, y su significación autónoma respecto al método iusprivatista, no supone, sin embargo, ignorar los rasgos comunes a cualquier actividad interpretativa. La determinación de las condiciones generales de los diferentes procesos interpretativos ha sido, precisamente, la principal preocupación teórica de Emilio Betti15 y de Hans – georg Gadamer16. Por ello, se hace necesario aludir, aunque sea de forma somera, al sentido de la proyección de los principales factores que connotan los distintos procesos interpretativos a la esfera constitucional; así como a las consiguientes repercusiones de las principales teorías interpretativas actuales en dicha esfera.
“interpretar” significa atribuir un significado a manifestaciones de un determinado lenguaje. El conjunto de procesos lógicos y prácticos a través de los que se realiza esa atribución de significado se denomina “interpretación”; los que se realiza esa atribución de significado se denomina “interpretación”; término que designa, al mismo tiempo, a la actividad encaminada a describir el sentido de los enunciados o manifestaciones de un lenguaje (dimensión subjetiva y dinámica de la interpretación), y al resultado obtenido a través de dicha actividad (dimensión objetiva o estática).
La proyección de estas premisas al derecho implica concebir la interpretación jurídica como la atribución de significado a un determinado segmento de lenguaje jurídico, es decir, a una o varias normas. Si se parte de la idea de que una norma sin significado es un absurdo, hay que concluir que la norma no tiene un sentido, sino que es un significado. Este planteamiento comporta admitir que no sabe ninguna norma sin significado y que ese significado no es previo, sino subsiguiente a la actividad interpretativa. De ello se infiere que la norma jurídica no es el presupuesto, sino el resultado del proceso interpretativo. Frente a la concepción tradicional de la interpretación jurídica como revelación del sentido previo y acabado de las normas, los enfoques actuales la entienden como un proceso dirigido a dotar a la norma de significado. Así, los nuevos parámetros metodológicos han permitido revisar la propia naturaleza atribuida a la interpretación en el Derecho para poner de manifiesto que el inter Pretium no consistía en desairar el no citile o en una mera actividad mediadora entre el ius y sus destinatarios, sino que implicaba la misión de un mensaje (ius dicere) por parte de quien tenía el poder de atribuir un significado al ius. Pero este planteamiento no equivale a concebir la forma jurídica como el producto del arbitrario o la voluntad decisionista del jurista interprete; pretende básicamente ampliar el concepto de norma entenderla como un proceso que conjuga la “norma dato” o la “norma preexistente” que constituye el prius de la interpretación, con la “norma producto” o “norma resultado” que supone el momento el completo y culminante de la elaboración normativa”17.
En sentido análogo Hans Kelsen denomina “norma individual” a la que resulta de la interpretación y aplicación del derecho y describe el ordenamiento jurídico como un sistema dinámico en el que las normas de jerarquía superior delegan en los órganos competentes para la interpretación y aplicación del derecho el poder de crear normas inferiores (individuales) y las convalidan18.
Estas precisiones permiten abordar la referencia sumaria a las principales condiciones que delimitan la actividad interpretativa y su incidencia en el plano constitucional.


  1. En primer término, debe acentuarse el carácter lingüístico de cualquier interpretación. El lenguaje actúa siempre como marco necesario de referencia de la actividad interpretativa, cuyo objeto se concreta en manifestaciones de un determinado lenguaje simbólico, oral o escrito. Por ello, donde no existe comunicación intersubjetiva no puede darse interpretación: y esa comunicación exige que los interlocutores hablen un mismo lenguaje y conozcan los objetos a que se refiere dicho lenguaje.19

Se supera, de este modo, la secular distinción entre la interpretación de la letra o de las palabras de la ley y la interpretación de la voluntad o intención de la propia ley, o del legislador, ya que, como acertadamente advierte Norberto Bobbio, el jurista no puede saltar más allá del lenguaje. De ahí que donde no existe una comunicación exteriorizada no quepa inferir ninguna presunta voluntad. La distinción entre la interpretación como estudio de las palabras (verba) y la interpretación como averiguación de la intención o voluntad de la ley o del legislador (mens/volutas legis o mens/volutas legislatoris) resulta por tanto artificiosa20. La pretendida voluntad o intención de la ley o del legislador para poder ser objeto de interpretación o de la imaginación, es preciso que se haya plasmado en determinadas expresiones de un lenguaje normativo.


En las penetrantes páginas dedicadas por Honrad Heese a la interpretación de la constitución, en su manual sobre los Rasgos fundamentales del Derecho Constitucional de la República Federal de Alemania, ha mostrado la falta de sentido de la teoría tradicional que la concibe como la mera revelación de una voluntad preexistente de carácter objetivo (referida a la norma) o subjetivo (referida al legislado). Según Hesse este planteamiento encubre la situación auténtica en que se produce la interpretación constitucional, cuya problemática reside en tener que atribuir un significado a normas sobre las que ni la Constitución ni el constituyente han expresado una decisión, limitándose a proporcionar algunos puntos de apoyo. Identificar constitucional con el descubrimiento de la previa objetiva de la Constitución o del constituyente equivale – en opinión de Hesse – a pretender dar cumplimiento a algo que no posee una preexistencia real (“was nicht real praexistentist”), lo que implica equivocar desde el mismo punto de partida la problemática de la interpretación constitucional.21


  1. Todo proceso interpretativo es, a la vez una actividad necesaria para atribuir un sentido a las normas, es decir, para completar su elaboración. Frente al brocardo tradicional in claris non fit interpretation, que reduce la tarea interpretativa a los supuestos de oscuridad o equivocidad del lenguaje normativo, hay que sostener la interpretación acompaña a todo acto de aplicación y realización del derecho. De este modo, queda también en entredicho la pretensión, anticipada por la Escuela histórica y llevada hasta sus últimas consecuencias por el positivismo jurídico decimonónico, a tenor de la cual cada norma posee un único significado auténtico o verdadero. En contra hay que recordar que toda norma constituye una estructura abierta –una open textura en palabras de Herbert Hart22- susceptible de asumir diversos significados posibles.

A tenor de lo expuesto, y en lo que atañe a la interpretación de la constitución, discrepo en este punto del planteamiento de Hesse, para quien donde no existen dudas no se interpreta y no es necesaria interpretación alguna: “Wo Zweifel nicht bestehen, Word nicht interpretiert und bedarf es auch oft keiner Interpretation”23. Para Honrad Hesse la interpretación constitucional, en sentido estricto, solo se da cuando existen un problema sobre el significado de sus normas que la Constitución no puede resolver de forma inequívoca. De ahí que los actos de normas de cumplimiento de la Constitución sean formas de interpretación, ni tanto sean los de aplicación de las normas constitucionales cuando éstas son evidentes, aunque Hesse admite que en dichos supuestos existe una actividad de comprensión que puede considerarse interpretación en sentido amplio”.24


De aceptarse esta tesis habría que admitir que existe un único y auténtico significado de las normas constitucionales, quedando reducida su aplicación a mera actividad de subsunción mecánica25; lo que se hallaría en contradicción abierta con el carácter abierto y amplio de la normativa constitucional, que el propio Hesse reconoce expresamente26. De ahí que la interpretación constitucional tenga por objeto la atribución de significado a manifestaciones del lenguaje normativo abierto a diferentes sentidos posibles, pero no la ejecución de mandatos unívocos y concluyentes.27


  1. La interpretación no se realiza en el vacío, sino que se trata de una actividad contextualizada, esto es, se lleva a cabo en condiciones social e históricamente determinadas que generan los usos lingüísticos de los que debe partir cualquier atribución de significado.

En la segunda etapa de su evolución intelectual Ludwing Wittgenstein sostuvo que la significación de las palabras consiste en su uso en el lenguaje28. El significado de las palabras no es una propiedad universal e inalterable, sino que depende de su función en un determinado contexto o “juego del lenguaje”. Hablar un lenguaje es parte de una actividad o forma de vida29. De ahí que los “juegos del lenguaje” (language – games), que reflejan diversas formas de vida, ofrecen el marco referencial para la atribución de sentido a las proposiciones que en ellos se integran”.30


En el plano de la interpretación jurídica Friedrich Müller ha realizado una interesante aportación al concebir la norma como una estructura en la que se integran, en relación de mutua dependencia, el “programa normativo” (Normprogramm) y el “sector normativo” (Normbereich). El primer término designa al mandato o prescripción contenido en la norma que delimita su objetivo, mientras que el “sector normativo” se refiere al ábmito de la vida social que el “programa normativo” ha seleccionado o acotado como objeto de su regulación”31.
Las normas constitucionales, al igual que el resto de las normas jurídicas tienden a reglamentar distintas esferas o aspectos de la vida social. Por ello, el intérprete de la Constitución no puede tampoco desligar su cometido de atribución de significado de los “juegos del lenguaje” o del “sector normativo” que contextualizan las aplicaciones concretas de la normativa constitucional. Ya que dicho contexto representa, al mismo tiempo, el ámbito vital reflejado en los consiguientes usos lingüísticos en el que el intérprete desarrolla su tarea y el objeto al que dicha tarea se halla destinada.


  1. La contextualización en que se produce cualquier proceso interpretativo determina su carácter limitado y controlado. La actividad del jurista intérprete se halla sometida a límites “internos”, es decir, a reglas del lenguaje normativo que prescribe la utilización de determinadas herramientas conceptuales (y no otras) para conseguir determinados objetivos (lo que le obliga a respetar el significado de las definiciones legales, el uso o no de distintas categorías, como la equidad, o la analogía, en los diferentes sectores del ordenamiento, las normas sobre la jerarquía de los enunciados normativos); y “externos en cuanto impuestos por la propia experiencia jurídica del contexto en el que se realiza la interpretación y que impone el respeto de los usos lingüísticos consolidados.32

A su vez, los resultados de dicha actividad interpretativa son susceptibles de control: jurídico que se concreta en la necesidad de atenerse a los criterios interpretativos utilizados en las decisiones previas de casos similares, así como en atender a la función orientadora y crítica que desempeña la ciencia jurídica y en lo que aquí interesa, la dogmática del derecho constitucional: político referido a la peculiar vigilancia o supervisión de legitimidad que ejercen los órganos creadores de derecho sobre quienes lo interpretan o aplican: y social manifestado en la necesidad de que el intérprete pondere los intereses de aquellos a quienes la decisión afecta, sobre la base de una consideración igual de sus personas, a que recientemente se ha referido John Hart Ely33; en la exigencia de que el intérprete respete los standards o conceptos morales generales y básicos de la sociedad, a que alude Ronald Dworkin34; o en la conveniencia de que el resultado de la interpretación goce de un amplio consenso social por cumplir las expectativas de la colectividad, tal como se desprende del planteamiento de Josef Esser35.




  1. Por último, toda actividad interpretativa constituye un proceso unitario, debiendo considerarse sus distintas fases como momentos necesarios de una “unidad de comprensión”36. No se trata, por tanto, de una elección casual o arbitraria de ciertos instrumentos hermenéuticos, sino de la integración necesaria de aquellos que son necesarios para dotar a las normas de sentido.

Conviene recordar que cuando Friedrich Carl Von Savigny aborda en su System el tema de la interpretación jurídica, en páginas que se han hecho clásicas, tras distinguir cuatro métodos de interpretación básicos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático, aclara, de inmediato, que no se trata de cuatro tipos de interpretación de los que deba elegirse uno37. Con mayor acierto que numerosas de las construcciones teóricas posteriores, que en remitirse a su planteamiento lo malentendieron y terminaron por disolver la unidad radical del proceso hermenéutico en la disputa de los métodos (Methodenstreit) de interpretación, Savigny mantuvo que las cuatro posiciones metódicas debían operar conjuntamente para la interpretación correcta de la norma38.


De otro lado, el carácter unitario de la actividad interpretativa reside en la común dimensión lingüística de los distintos medios hermenéuticos. Así, la interpretación lógica busca el sentido de las reglas de uso de las palabras empleadas en la norma, o sea lo que Norberto Bobbio denomina la “gramática del legislador”39. También la búsqueda de la intención o voluntad de la ley o del legislador pueden concebirse como aspectos de la función pragmática del lenguaje, a la que aludiera Charles Morris40, o a su dimensión preformativa que ha tratado de dilucidar John L. Austin41. A su vez, la interpretación sistemática puede entenderse como el estudio de la conexión entre diferentes proposiciones normativas que forman parte de un mismo “juego del lenguaje”.
Con lo expuesto, sobre las principales condiciones que gravitan sobre el proceso interpretativo, es fácil advertir que tal actividad constituye una forma de razonamiento práctico. La interpretación, en contra de lo que supusieron determinados planteamientos de la dogmática formalista decimonónica, no se reduce a un acto puramente declarativo sobre el significado de las normas, si se lleva a cabo sólo a través de inferencias lógico – formales, como se desprende de algunos recientes enfoques de la lógica jurídica.

1 PLACHY, A. La teoría de la interpretazione. Genesa a storia Della emerneutien moderna. Giuffre. Milano. P.1 y 22.

2 TRESVES, Renato. Que la interpretación de las leyes es uno de los problemas fundamentales que el derecho plantea continuamente en su desarrollo vital y que el jurista nunca logra resolver con los medios de su propia ciencia porque está ya en el extremo límite de ésta, donde desemboca en la filosofía.

3 RIVERO, R. Rapport de synthese del Coloquio internacional sobre “La protección desproits fondamentaux par les juridctions constituionnelles en Europe”. 19-21 Febrero 1981.

4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Se pronuncia sobre el tema de las sentencias interpretativas en su decisión de 13 de febrero de 1981, en BJC, 1981.

5 LASALLE, F. Ueber Verfassungswesen (1862). En Gesammelte Reden und Schrifiend, ed a cargo de E. Bernestein. Berlín 1919.

6 LOSANO, M.G. Lso grandes sistemas jurídicos. Trad. Cast. De A. Ruíz Miguel, Debate. Madrid, 1982. p.94.

7 VON OERTZEN, Cir. P. Die soziale funtion des staatsrechilichen Positicimus. Suhrkiapm.

8 CÍR. Capítulo 1, 2,14 y Capítulo 2, 2.2.

9 FORSTHOFF, E. Die Umbidung des Verfassungesetzes. En su vol. Rechtsstaat im Wander.

10 CIR. Capíutlo 1,3.1213 y 3.232

11 HESSE, K. Die normative Kraft der Verfassung. En el vol a cargo de M. Friedrich Verfassung.

12 Ibid, pp.86-87.

13 En España ha subrayado la dimensión jurídico-normativa de la interpretación constitucional Eduardo García de Enterria. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Civitas. Madrid, 1981. p.49.

14 Si como enseñara FRANCISCO SUÁREZ la ley es un precepto que integra la razón y la voluntad en síntesis inseparable (De legibus, I, IV, ó y I, V, 13), también su interpretación deberá conjugar, de forma necesaria los momentos in electivo y volitivo.

15 E., BETTI. Teoría general dell”interpretazione, Giuffré. Milano, 1955 (2 vols); Interpretazione Della legge e degli tai giuridici, Giuffre, Milano, e ed. 1971.

16 H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Gruntzuge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr, Tubingen, 3 ed. 1972.

17 CÍR. A. AARNIO. Denkweisen der Rechtswissenschaft. Springer New Cork, 1979. pp.71.

18 H. KELSEN, Reine Rechtslehre. Franz Deuticke. Wien. 2 ed. 1960, pp.346.

19 CIR. J, HRUSCHKA. Das Verstehen von Rechtstexten. Beck. Manchen. 1972, pp.52.

20 N, BOBBIO. Ciencia del Derecho y análisis del lenguaje en su vol. Contribución a la teoría del derecho. Ed. Casi a cargo de A. Ruíz Miguel, Fernando Torres, Valencia, 1980, pp.187 y esp. P.191.

21 K, HESSE. Grundzuge des Verjassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Muller, Heidelberg Karlsruhe, 11 ed. 1978, p.23.

22 H. HART, The concept of Law. Clarrendon. Oxford, 1961, pp.120.

23 K. HESSE. Grundzuge, cit. P.21.

24 Ibid.

25 Sobre la crítica de la interpretación como subsunción, vid. M Kriele. Teorie der Rechtsgewinnung. Pp.47.

26 K. HESSE. Grudzuge, cit. Pp.23-25.

27 Nuestro TC ha acogido explícitamente este enfoque al señalar que “si se admite la distinción entre normas como mandato y texto legal como signo sensible mediante el cual el mandato se manifiesta o el medio de comunicación que se utiliza para darlo a conocer, la conclusión a la que hay que llegar es el objeto del proceso constitucional es básicamente el último y no el primero.

28 L. WITTGENSTEIN. Philosophical Investigations. Ed. a cargo de G.E.M. Anscombe. Blackwell. Oxford. 1976. p.20

29 Ibid, p.11.

30 Ibid, p.23.

31 F. MELLER. Juristiche Methodik. Duncker & Humblot. Berlín, 2 ed. 1976. p.117.

32 CIR. G.R. CARRIO. Sobre los límites del lenguaje normativo Astrea. Buenos Aires, 1973. pp.19.

33 J.H.ELY. Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Reciew. Harvard University Press. Cambridge

34 R DWORKIN. Taking Rights Seriously. Duckworth. London. 2 ed. 1978. p.14.

35 J. ESSER. Vorterstandnis und Methodenwahl un Der Rechtsfindung. Atheneum. Frankfurt. 1970, pp.7.

36 F. MULLER. Juristische Methodick. Cit. P.140.

37 F.C., VON SAVIGNY. System des heutigen romischen Reuchts. Veit. Berlín. 1840, vol. I pp.212.

38 Ibid, p.215.

39 N. BOBBIO. Ciencia del derecho y análisis del lenguaje. Cit. P.192.

40 CH, MORRIS. Lineamenti Di una teoría del segni. Trad. It de f Rossi – Landi. Parama, Torino, 1954.

41 J.L. AUSTIN. How to Do Things with Words. Ed a cargo de J.O. Urmson. Oxford University Press. London, 1962.



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