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1 Impugnación 6450


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Impugnación 6450

Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral – Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil uno.
Magistrado Ponente : Dr. Rafael Méndez Arango

Acta No. 6 –


Radicación No. 6450

Se resuelve la impugnación contra el fallo dictado el 19 de diciembre de 2000 por el Tribunal de Manizales



Antecedentes

Con el fallo impugnado fue negada la acción de tutela que respecto del Consejo Superior de la Judicatura ejercitó Fabio Holguín Zuluaga, porque, según él, dicha corporación vulneró sus derechos al trabajo y al debido proceso; y por ello en el escrito que al efecto presentó solicitó "dejar sin efecto el nombramiento hecho al doctor Julio Edison Ramos Salazar como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas" (folio 67) y ordenarle "suspender la tramitación subsiguiente a dicho nombramiento" (ibídem).


Asimismo solicitó que para amparar de modo provisional su derecho al trabajo y al debido proceso y evitarle un perjuicio irremediable, se dispusiera su "permanencia en el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Caldas" (folio 67).

Para fundar su solicitud afirmó que fue nombrado como Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento de Caldas por Acuerdo Nº 12 de 25 de octubre de 1993 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y que las disposiciones legales vigentes en el momento del concurso otorgaban los derechos de carrera a quienes fueran designados, y que "en virtud de la derogatoria hecha por la Constitución de 1991 de los artículos 157 y 158 de la Constitución, tal designación no podía ser hecha para un período fijo, sino indefinido, ya que los únicos cargos judiciales de período fijo establecido(sic) en la nueva Constitución fueron los de los magistrados de las altas Cortes de Justicia" (folio 61).


Según Holguín Zuluaga, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en el fallo C-037 de 1996 le solicitó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que lo inscribiera en la carrera, petición que le negó, habiendo convocado a un concurso de méritos a los interesados en ocupar el cargo, en el cual fue designado Julio Edison Ramos Salazar, vulnerándole sus derechos al trabajo y al debido proceso.
Como razón para negar la tutela solicitada el Tribunal asentó que "el actor en este caso tuvo a su alcance los medios para hacer nacer en su favor los derechos y beneficios que otorga el pertenecer a la carrera judicial, pero al no hacer uso de ellos en forma oportuna, no es por la vía de la tutela, varias veces intentada, que pudiera adquirirlos" (folio 293).
Para sustentar su impugnación Holguín Zuluaga adujo que oportunamente solicitó su inscripción en la carrera y que se han expedido fallos por el Consejo de Estado, "en los cuales ha dejado sentado que la negativa de inscribir a los Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura en la Carrera Judicial por parte del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa es ilegal" (folio 447), habiendo anulado resoluciones similares a la que produjo para negarle la inscripción en carrera judicial.
Consideraciones de la Corte

Como lo explicó el Tribunal en el fallo, para la protección de los derechos que a un funcionario público le correspondan están consagrados los trámites judiciales que deben seguirse ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, y los cuales están establecidos para que quien se considere afectado demande el restablecimiento del derecho que cree le ha sido vulnerado; mecanismo de defensa judicial que Fabio Holguín Zuluaga no utilizó y que, según él mismo lo afirmó, en casos análogos al suyo han determinado que sea calificado como un acto ilegal la negativa a la inscripción en la carrera.


Importa anotar que el ingreso a cualquier sistema de carrera no puede catalogarse como un derecho inherente al ser humano, puesto que el que el artículo 40 de la Constitución Política enumere el derecho de "acceder al desempeño de funciones y cargos públicos" no puede aducirse como razón suficiente para otorgarle el carácter de derecho fundamental a uno de rango meramente legal; y que así como la circunstancia de que un derecho no figure expresamente enunciado en la propia Constitución Política, o en los convenios internacionales vigentes, como un derecho fundamental no basta para que esta omisión sea considerada como la prohibición de que se le llegue a considerar como "un derecho inherente a la persona humana" --que son los derechos realmente fundamentales por tratarse de los tradicionalmente conocidos como "derechos naturales"-- , el solo hecho de que en el artículo 40 de la Constitución se establezca que para hacer efectivo el derecho que tiene "todo ciudadano" a participar en la conformación del poder político le está permitido "acceder al desempeño de funciones y cargos públicos", no constituye argumento válido para afirmar que los derechos políticos que se enuncian en dicho precepto tienen el carácter de constitucionales fundamentales, pues si así fuera, con ese mismo criterio, resultaría forzoso concluir que participa de tal naturaleza el derecho a "revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley" o el tener iniciativa en las corporaciones públicas.
Que el artículo 125 de la Constitución Política consagre como regla de vinculación a la función pública el sistema de selección por méritos al establecer que "los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera", no puede ser aducido como argumento serio para darle carácter de constitucional fundamental a los derechos relacionados con este específico sistema de administración de personal.
También resulta pertinente anotar que la calificación de "ciudadano" exigida por el artículo 40 de la Constitución Política muestra a las claras que se trata de un derecho de índole diferente a los que propiamente se consideran como derechos fundamentales, ya que está deferido a la ley determinar cuándo se adquiere esta condición de ciudadano y cuándo se pierde. En cambio, expresamente el artículo 41 del Decreto 2591 de 1991 establece que "no se podrá alegar la falta de desarrollo de un derecho fundamental civil o político para impedir su tutela".
Es por ello que al no tratarse de un derecho inherente al ser humano y existir otro medio de defensa judicial para obtener la protección de los derechos que pueden serle vulnerados a alguien al proferir algún acto de los que se producen dentro de la actuación administrativa que debe adelantarse en el proceso de incorporación de un funcionario a la carrera judicial, de los propios términos del artículo 86 de la Constitución Política resulta la improcedencia de la acción de tutela ejercitada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administran­do justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,


Resuelve

1. Confirmar la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2000 por el Tribunal de Manizales.

2. Enviar el expediente a la Corte Consti­tucional para su eventual revisión.

3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.



Notifíquese y Cúmplase.

Rafael Méndez Arango , Francisco Escobar Henríquez, José Roberto Herrera Vergara, Carlos Isaac Nader, Luis Gonzalo Toro Correa, Germán G. Valdés Sánchez , Fernando Vásquez Botero

Gilma Parada Pulido - Secretaria


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