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INCONFORMIDAD NÚMERO 133/2007.

inconforme: ELVIA NIETO CHÁVEZ, en su carácter de albacea de la sucesión de ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS.

Í N D I C E
PÁGS.

SÍNTESIS I

RESULTANDO
Primero. Aspectos preliminares 1
Segundo. Preceptos constitucionales violados 2
Tercero. Trámite del juicio de garantías 2
Cuarto. Cumplimiento de la ejecutoria de amparo 6
Quinto. Trámite de la inconformidad 8
CONSIDERANDO
Primero. Competencia 9
Segundo. Oportunidad 10
Tercero. Efectos de la concesión del amparo 10
Cuarto. Consideraciones de la resolución de cumplimiento 11
Quinto. Agravios del inconforme 25
Sexto. Estudio del asunto 27
PUNTO RESOLUTIVO 32

INCONFORMIDAD NÚMERO 133/2007.

inconforme: ELVIA NIETO CHÁVEZ, en su carácter de albacea de la sucesión de ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS.

S Í N T E S I S

- I -
AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal.
ACTO RECLAMADO: La sentencia de primero de febrero de dos mil cinco, emitida en el juicio agrario número 066/TUA24/1999.
SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO: La dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia dictada el primero de febrero de dos mil cinco, en el juicio agrario número 066/TUA24/1999 y en su lugar, emita otra fundando y motivando lo relativo a la preclusión de los sucesores del de cujus para adquirir los derechos agrarios, así como valorando todo el material aportado en autos.
PROVEÍDO IMPUGNADO EN INCONFORMIDAD: De fecha once de abril de dos mil siete; en dicha resolución se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida.
INCONFORME: La parte quejosa.
EL PROYECTO CONSULTA:

En las consideraciones:


a) La inconformidad se interpuso oportunamente.
b) Los argumentos que hace valer la inconforme resultan inoperantes por estar encaminados a demostrar el defecto y el exceso, que en su concepto, incurre la autoridad responsable en la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que a juicio del quejoso implicaría que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida
c) Se estudia, de oficio, la legalidad del acuerdo combatido; señalándose al respecto, que fue correcta la determinación del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al haber declarado cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de garantías D.A. 274/2005, pues efectivamente, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, dejó insubsistente el acto reclamado y en la nueva resolución que emitió el veintidós de enero de dos mil siete, cumplió con los efectos establecidos en la sentencia que concedió la protección constitucional al quejoso, es decir, se pronunció a lo relativo a la preclusión de los sucesores del de cujus para adquirir los derechos agrarios y valorando todo el material aportado en autos se reconoció a Martín Porfirio Negrete Muñoz como sucesor de los derechos parcelarios que ampara el certificado parcelario 37978061; por tanto se le reconoció mejor derecho para poseer y usufructuar la parcela en litigio; y que era improcedente reconocer derechos agrarios a favor de la quejosa al no haber resultado operante la figura de prescripción positiva y/o negativa que demandó.
En los puntos resolutivos, se propone:
ÚNICO. Es infundada la inconformidad 133/2007, a que este toca se refiere.
Tesis de jurisprudencia invocadas:
“INCONFORMIDAD, MATERIA Y LÍMITE DE ESTUDIO.”

INCONFORMIDAD NÚMERO 133/2007.

inconforme: ELVIA NIETO CHÁVEZ, en su carácter de albacea de la sucesión de ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE.


PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de mayo de dos mil siete.


V I S T O S para resolver los autos relativos a la inconformidad 133/2007; y
R E S U L T A N D O Q U E:
PRIMERO. Aspectos preliminares. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de abril de dos mil cinco, Elvia Nieto Chávez, en su carácter de albacea de la sucesión de Angelina Chávez Negrete, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se indican:
Autoridad responsable:
Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal.
Acto reclamado:
La sentencia de primero de febrero de dos mil cinco, emitida en el juicio agrario número 066/TUA24/1999.
SEGUNDO. Conceptos constitucionales violados. La parte quejosa relató los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
No se hace referencia al contenido de los conceptos de violación por no ser necesario para resolver el presente asunto.
TERCERO. Trámite del juicio de garantías. Por auto de trece de julio de dos mil cinco, la Magistrada Presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda de amparo, la admitió y ordenó su registro bajo el número D.A. 274/2005.
Seguidos los trámites de ley, dicho órgano colegiado, en sesión de dieciséis de junio de dos mil seis, dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que, fundando y motivando lo relativo a la preclusión de los sucesores del de cujus para adquirir los derechos agrarios, así como valorando todo el material aportado en autos.
Las consideraciones que adujo el Tribunal Colegiado para declarar fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son las siguientes:
I. La quejosa hizo valer que los descendientes del de cujus —parte demandada— no tenían derecho sobre la parcela en litigio al no haberse designado por éste sucesores, y no haber iniciado el procedimiento sucesorio para adquirir sus derechos agrarios, dentro del plazo de dos años a que se refiere el artículo 82, fracción I, de la Ley Federal de la Reforma Agraria, vigente en la fecha en que falleció el titular de los derechos agrarios, por lo que les había precluido su derecho de adquirir tales derechos en su carácter de sucesores.
Sobre ese aspecto, es fundado el concepto de violación hecho valer, ya que el Tribunal Unitario Agrario responsable no funda ni motiva su determinación en el sentido de declarar que al no haber operado la prescripción positiva solicitada por la ahora quejosa respecto de la parcela en litigio, no había lugar a declarar la procedencia de la prescripción negativa de los derechos agrarios amparados por el certificado agrario 3798061, demandada a los sucesores Porfirio Negrete Bastida, por lo que infringe lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Al fundar y motivar dicho aspecto debía tomar en cuenta los criterios sustentados por este Máximo Tribunal, en las tesis de rubros: SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR. (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA).” y “PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS DE EJIDATARIO O COMUNERO. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ABROGADA, EJERCIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA, ES IMPROCEDENTE, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE ESTA ÚLTIMA CONCEDE A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA MATERIA.”

II Resulta fundado lo sostenido por la quejosa en el sentido de que el Tribunal responsable no expuso las razones por las cuales la circunstancia de que hubiera confesado que la posesión fue de propia autoridad, implique la mala fe.
Al respecto, sostiene que el Tribunal Unitario no hizo una apreciación correcta de la prueba confesional rendida por la quejosa, al no haberlo analizado en su integridad y no tomando en cuenta sólo la posición quinta, en la que la absolvente manifestó haberse apropiado de la parcela en conflicto. Además, debió tomar en cuenta la intención formal del absolvente de reconocer la verdad de las declaraciones de su contraria.
Por otra parte, debió analizar si esa prueba confesional estaba corroborada con los demás medios de convicción o, en su caso, no desvirtuada con alguna otra probanza; sin embargo, en el caso la posición quinta de la prueba confesional rendida por Angelina Chávez Negrete no se encuentra corroborada con diversa prueba y, además, sí se encuentra desvirtuada con las confesionales rendidas por Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete, Emma y José Luis ambos de apellidos Negrete Becerril, y Alberto Israel López Negrete, en el que todos fueron coincidentes en reconocer que la posesión que detentaba Angelina Chávez Negrete, había sido porque ellos acordaron que ella la tuviera; entonces, no puede decirse que fue de propia autoridad. En esas circunstancias, la confesional rendida por Angelina Chávez Negrete, no puede servir para acreditar la mala fe de la posesión que detentaba sobre la parcela 108, fracción V, del ejido de San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, Distrito Federal.
Asiste razón a la peticionaria de garantías en relación con que la calificación de la mala o buena fe no afectaba en sí misma el derecho de posesión, sino sólo tendía a duplicar el término; por lo que tomando en consideración que el Tribunal responsable estimó que la posesión detentada por Angelina Chávez Negrete sobre la parcela 108, fracción V, del Ejido de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Distrito Federal, era en concepto de titular de derechos de ejidatario, así como que no se trataba de tierras destinadas al asentamiento humano, ni se trata de bosques o selvas, se cumplió con los dos primeros requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley Agraria.
En esas condiciones, el Tribunal Unitario responsable antes de observar la mala fe de la posesión detentada por la sucesión quejosa, debió examinar si se reunían los requisitos de la buena fe, a saber, si fue de manera pacífica, continua y pública; sin embargo, el Tribunal no realiza un análisis de ellos y si se reúnen o no, sino sólo entra directamente a concluir la mala fe de la sucesión quejosa.
Conforme al material probatorio no se puede concluir que la posesión de Angelina Chávez Negrete, no fuera pacífica, continua y pública, esto es, contrario a lo resuelto por el Tribunal Unitario responsable no se encontraba acreditada la mala fe, por lo que al tenerla por acreditada, se viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional.
Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ELVIA NIETO CHÁVEZ, en su carácter de albacea de la sucesión de ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, deje insubsistente la sentencia dictada el primero de febrero de dos mil cinco, en el juicio agrario número 066/TUA24/1999 y en su lugar, emita otra fundando y motivando lo relativo a la preclusión de los sucesores del de cujus para adquirir los derechos agrarios, así como valorando todo el material aportado en autos, a fin de restituir a la quejosa en su garantía individual violada.
CUARTO. Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El citado Tribunal Colegiado, mediante oficio número 13063-IV de catorce de julio de dos mil seis, remitió a la autoridad responsable testimonio de la sentencia de amparo, instándole a dar cumplimiento a la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Amparo.
Mediante oficio número 1279, de tres de agosto de dos mil seis, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el cual hizo saber que había dejado insubsistente la sentencia reclamada y ordenado turnar los autos del expediente para elaborar el proyecto de resolución de acuerdo con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo.
Posteriormente, mediante oficio de número 1737 de dos de octubre de dos mil seis, la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio agrario 066/TUA24/1999 el veintinueve de septiembre de dos mil seis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo D.A. 274/2005, en la cual: se declaró improcedente la prescripción negativa que demandó la quejosa, por lo que se absolvió a la demandada de dicho aspecto; se declaró improcedente la prescripción positiva que demandó la quejosa, por lo que se reconoció a Martín Porfirio Negrete Muñoz como nuevo ejidatario y titular del certificado 37978061 y se condenó a la sucesión de la quejosa a la desocupación y entrega de la parcela en litigio.
Por lo anterior, en acuerdo de seis de octubre de dos mil seis, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del acatamiento dado al fallo en cuestión, sin que la misma fuera desahogada.
Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil seis, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró que no se encontraba cumplida la ejecutoria de amparo, por lo que conminó nuevamente a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatros horas diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Amparo.
Mediante oficio número 108 de diez de enero de dos mil siete el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el cual hizo saber que había dejado insubsistente la sentencia reclamada y ordenado turnar los autos del expediente para elaborar el proyecto de resolución de acuerdo con los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo.
Posteriormente, mediante oficio de número 220 de veintidós de enero de dos mil siete, la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio agrario 066/TUA24/1999, el veintidós de enero de dos mil siete, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo D.A. 274/2005, en la cual: se reconoció a Martín Porfirio Negrete Muñoz como sucesor de los derechos parcelarios que ampara el certificado parcelario 37978061; por tanto se le reconoció mejor derecho para poseer y usufructuar la parcela en litigio; y que era improcedente reconocer derechos agrarios a favor de la quejosa al no haber resultado operante la figura de prescripción positiva y/o negativa que demandó.
Por lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil siete, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del acatamiento dado al fallo en cuestión, vista que fue desahogada mediante escrito recibido el treinta de enero de dos mil siete, en el que manifestó que la ejecutoria de amparo no había sido cumplida.
QUINTO. Trámite de la inconformidad. Por acuerdo de once de abril de dos mil siete, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró cumplida la ejecutoria de amparo.
La quejosa mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil siete impugnó tal determinación, señalando que interponía el recurso de queja previsto en la fracción IX del artículo 95 y 99, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Por auto de treinta de abril siguiente, el Pleno del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó enviar el recurso hecho valer a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se determine la procedencia del mismo, por carecer dicho tribunal de competencia para ello.
Por auto de nueve de mayo de dos mil siete, el Ministro Presidente de este Máximo Tribunal con apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número LXXX/97, de rubro “RECURSOS EN AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONEN.”1, admitió el recurso interpuesto y señaló que atendiendo a que el auto que se combate es el de once de abril de dos mil siete en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, el mismo debe tramitarse como inconformidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 105, párrafo tercero de la Ley de Amparo; ordenó su registro con el número 133/2007 y ordenó turnar los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz, así como a esta Primera Sala por ser la de su adscripción.
C O N S I D E R A N D O Q U E:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso tramitado como inconformidad. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, con fundamento en los puntos Tercero, fracción V, y Cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de junio de dos mil uno. Lo anterior, en atención a que no procede aplicar la sanción prevista en el primero de los preceptos invocados.
SEGUNDO. Oportunidad. En primer término, hay que analizar si la inconformidad que nos ocupa se interpuso en tiempo.
En la foja 651 del expediente de amparo consta que, el doce de abril de dos mil siete, la parte inconforme quedó legalmente notificada del auto impugnado; notificación que surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el trece de abril siguiente. Por tanto, el plazo de cinco días hábiles que la ley prevé para interponer la inconformidad a que se refiere el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, transcurrió del lunes dieciséis al viernes veinte de abril de dos mil siete.
En consecuencia, si el escrito de inconformidad se presentó, ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veinte de abril de dos mil siete, es evidente que la misma fue interpuesta oportunamente.
TERCERO. Efectos de la concesión del amparo. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo D.A. 274/2005 el dieciséis de junio de dos mil seis, concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos:
En las relacionadas condiciones, al haber resultado parcialmente fundados el primero y tercer concepto de violación, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ELVIA NIETO CHÁVEZ, en su carácter de albacea de la sucesión de ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, deje insubsistente la sentencia dictada el primero de febrero de dos mil cinco, en el juicio agrario número 066/TUA24/1999 y en su lugar, emita otra fundando y motivando lo relativo a la preclusión de los sucesores del de cujus para adquirir los derechos agrarios, así como valorando todo el material aportado en autos, a fin de restituir a la quejosa en su garantía individual violada, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.”
CUARTO. Consideraciones de la resolución de cumplimiento. Mediante resolución de once de abril de dos mil siete, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió tener por cumplida la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos:
“[…] Las razones por las cuales se otorgó la protección constitucional, son las siguientes:

a) El tribunal Unitario Agrario responsable no funda ni motiva lo relativo a la prescripción negativa de los derechos de los sucesores para adquirir los derechos agrarios de Porfirio Negrete Bastida, pues únicamente se refiere en relación con la misma pero sin fundar ni motivar lo relativo a la preclusión de dichos sucesores de adquirir los derechos agrarios del de cujus. Por lo tanto, la autoridad responsable debe fundar y motivar su resolución sobre el particular y debe de tomar en cuenta las tesis de rubros; “SUCESION DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESION DE LA UNIDAD DE DOTACION, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR. (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA).” y “PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS DE EJIDATARIO O COMUNERO. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ABROGADA, EJERCIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA, ES IMPROCEDENTE, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE ESTA ÚLTIMA CONCEDE A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA MATERIA.”

b) Que el Tribunal Unitario Agrario responsable no expone las razones de hecho o derecho, las circunstancias mediatas o inmediatas, por las cuales la circunstancia de que se hubiera confesado que la posesión fue de propia autoridad, implique la mala fe, pues sólo dijo sustentar la mala fe en la posesión que ésta había aceptado en el punto quinto de su confesión haberse introducido por decisión propia a la parcela; empero, no hace una apreciación correcta de la prueba confesional rendida por la quejosa porque dicho medio de prueba debe analizarse en su integridad, tomando en cuenta la intención formal del absolvente, pues del análisis conjunto de sus respuestas al pliego de posiciones se advierte que la quejosa no tuvo la intención de reconocer que la posesión detentada fuera de mala fe, es decir, de dichas posiciones nunca se observó que la quejosa, reconociera las declaraciones de su contraria; por ende, la mala fe de la posesión; además, esa prueba confesional debió estar corroborada con los medios de convicción; o en su caso, no estar desvirtuada con alguna otra probanza. Empero, la posición quinta de la prueba confesional no se encuentra corroborada con diversa prueba y sí se encuentra desvirtuada con las confesionales rendidas por las terceras perjudicadas.

c) Que si bien el Tribunal Unitario Agrario desestimó tales confesionales para acreditar algún acuerdo porque la mismas sólo hacían prueba sobre hechos afirmados por los absolventes cuando éstos les perjudican en sus intereses en términos del artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo mismo, el juzgador consideró que la detentación de la parcela era originaria y no derivada, empero, el Tribunal Unitario Agrario no menciona los motivos por los cuales considera que esas posiciones no les perjudican a los absolventes; además, las mismas fueron valoradas para acreditar la posesión de la quejosa, por lo que resulta evidente que las mismas no pueden decirse que no les perjudica a los absolventes, ya que ellos mismos reconocen haberles dado la posesión a la sucesión quejosa, por lo que evidentemente sí les perjudica.

d) Que la confesional rendida por la quejosa no puede servir para acreditar la mala fe de la posesión que detenta sobre la parcela.

e) Que también le asiste razón a la quejosa en relación con que la calificación de la mala o buena fe no afectaba en sí misma el derecho de posesión, sino sólo tendía a duplicar el término, pues la buena o mala fe no forman parte de la cualidad que debe reunir la posesión a fin de que sea apta para usucapir, sino el tiempo que la ley señala como suficiente para lograr la prescripción.

f) Que el Tribunal Unitario Agrario estimó que la posesión era en concepto de titular de derechos de ejidatario, así como que no se trataba de tierras destinadas al asentamiento humano, ni se trataba de bosques o selvas, se cumplió con los dos primeros requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley Agraria.

g) Que el Tribunal Unitario Agrario antes de observar la mala fe de la posesión debió examinar si se reunían los requisitos de buena fe, a saber, si fue de manera pacífica, continua y pública, pues el Tribunal responsable no realiza un análisis de si se reúnen o no, sino sólo entra directamente a concluir la mala fe.

h) Que si bien Martín Porfirio Negrete Muñoz sostuvo que tuvieron diferencias en cuanto a la posesión de la parcela, lo cual fue corroborada por Lucía Fabiola Enríquez Ramírez, sin embargo, deben desestimarse tales testimonios ya que no se advierte que se haya ejercido alguna acción en contra de la sucesión quejosa con motivo de esos conflictos, ni la intención de querer recuperar la parcela que dice tenía en posesión; ni tampoco alguna constancia de las desavenencias que dijo tuvieron en la comisaría ejidal, por lo que no puede dárseles valor probatorio pleno a tales disposiciones.

i) Que en cuanto al requisito que sea continua, conviene señalar que de la confesional rendida por Martín Porfirio Negrete Muñoz, así como las testimoniales de Lucía Fabiola Enríquez Ramírez, Obdulio Rosas Mendoza y Raúl Páez Páez, fueron coincidentes en manifestar que la quejosa tenía la posesión de la parcela desde mil novecientos noventa y cuatro hasta la fecha de sus deposiciones, por lo que tal posesión debe estimarse continua.

j) Que la posición número trece de la confesional desahogada por Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete corroborada con la declaración de Pedro Nieto de la Cruz, sostienen que desde el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos tenía tal posesión, por lo que si bien difieren en la fecha desde la cual se detentó la misma lo cierto es que coinciden que la posesión de la quejosa fue continua.

k) Que además, con los mismos se acredita que la misma fue pública, porque también fueron coincidentes en que se dieron cuenta que la quejosa sembraba, cultivaba y cosechaba la parcela en conflicto.

l) Que contrario a lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario, de las pruebas valoradas no se encontraba acreditada la mala fe en la posesión.

* Así las cosas se concedió el amparo para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia de primero de febrero de dos mil cinco y en su lugar emita otra en la que subsane las irregularidades antes precisadas, por las cuales se concedió la protección constitucional.

En los términos antes precisados, se requirió al Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, para que atendiera la ejecutoria de amparo; y para tal efecto remitió los oficios números 1279 y 1737 de fechas tres de agosto y dos de octubre de dos mil seis, en el primero de ellos adjuntó copia certificada del acuerdo de tres de agosto de dos mil seis, por el cual dejó insubsistente la sentencia materia del amparo, y en el segundo remitió copia certificada de la sentencia emitida en cumplimiento al fallo protector de veintinueve de septiembre de dos mil seis; la cual por resolución de quince de diciembre de dos mil seis, este tribunal colegiado resolvió tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que el tribunal responsable no valoró las pruebas aportadas en autos para determinar si la posesión era de buena o mala fe, cuyo efecto fue la causa de la concesión del fallo protector.

Consecuentemente se requirió al Tribunal Unitario Agrario de Octavo Distrito en el Distrito Federal, para que atendiera en sus términos la ejecutoria de amparo y, atento a ello, por oficio número 108 de diez de enero de dos mil siete, al cual adjuntó copia certificada del acuerdo de la misma fecha, en el cual dejó insubsistente la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil seis, posteriormente por oficio de veintidós de enero del año en curso, por el cual remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha dictada en cumplimiento al fallo protector; la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de la ley de la materia; misma que concluyó con las consideraciones y puntos resolutivos que a continuación se transcriben: (se transcribe).

[…] Del examen de las anteriores premisas, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia que fue materia del juicio de amparo, así como la de pretendido cumplimiento y dictó una nueva sentencia en la que, en relación con la preclusión del derecho de los sucesores de Porfirio Negrete Bastida para adquirir los derechos agrarios, concluyó que no estaban obligados a iniciar el procedimiento sucesorio para adquirir sus derechos agrarios, dentro del plazo de dos años a que se refiere la fracción I del artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en virtud de que el titular de los derechos agrarios del certificado 3798061 no designó sucesores de su parte; por tanto, continuaba vigente la expectativa de derecho respecto de la unidad de dotación que ampara dicho título, acorde con el orden de preferencia previsto en el dispositivo 82 de la mencionada ley, en virtud de que el autor de la sucesión falleció cuando ésta se encontraba vigente, sin que se surtieran los extremos previstos en la jurisprudencia 2ª./J.78/95 de rubro “SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA).”, puesto que al no designarse sucesores, sostener que las personas que se creyeran con posible derecho a heredar tienen la obligación de explotar directamente la parcela, implicaría fincar una obligación a quien únicamente cuenta con una expectativa de derecho que no se ha concretado; además, que la acción contenida en la fracción I del artículo 85 de la abrogada Ley Federal de la Reforma Agraria, era improcedente cuando se ejercía con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Agraria, de acuerdo con la jurisprudencia “PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS DE EJIDATARIO O COMUNERO. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ABROGADA, EJERCIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA, ES IMPROCEDENTE, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE ESTA ÚLTIMA CONCEDE A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA MATERIA.”

En razón de lo anterior, se estimó que no se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 85 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, por lo cual los posibles herederos conservaban sus derechos a suceder al de cujus en el orden de preferencia.

Como se observa, el Tribunal Unitario Agrario expuso las consideraciones e invocó los preceptos legales que estimó aplicables, para resolver lo relativo a la preclusión del derecho de los sucesores de Porfirio Negrete Bastida para adquirir los derechos agrarios, tomando en consideración las jurisprudencias invocadas en la ejecutoria que se cumplimenta.

Asimismo, en la sentencia de cumplimiento, el Tribunal Unitario Agrario responsable, al tomar en consideración la confesional desahogada por Angelina Chávez Negrete, lo hizo en forma integral, aludiendo a diversas de esas posiciones (cinco, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, diecisiete, diecinueve, treinta y siete, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y ocho), mismas que dijo eran valoradas en términos del artículo 189 de la Ley Agraria y conforme a las cuales se acreditaba que la quejosa se encontraba en posesión de la parcela en litigio, en concepto de titular de derechos de ejidatario, posesión que había sido de forma continua y pública, de acuerdo al artículo 48 de esa ley.

Además, sostuvo el Tribunal responsable que tal situación se corroboraba con las confesionales rendidas por Martín Porfirio Negrete Muñoz y de Raúl Páez Páez, con las testimoniales de Lucía Fabiola Enríquez Ramírez y Obdulio Rosas Mendoza, así como con la confesional de Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete, adminiculada con las declaraciones de Pedro Nieto de la Cruz y Casimiro Peña Negrete, todas las cuales se valoraban en términos del artículo 189 de la Ley Agraria.

En esas circunstancias, resulta evidente que, el Tribunal responsable también valoró las confesionales, relacionándolas con los demás medios de prueba y conforme a los cuales analizó primeramente, los requisitos relativos a la buena fe de la posesión, como se ordenó en la ejecutoria de amparo.

Asimismo, en cuanto a que el Tribunal Unitario Agrario debió examinar si se acreditaban los elementos para que pudiera considerarse la buena fe de la posesión, dado que en relación con ese tema este tribunal colegiado consideró que los requisitos de la buena fe, debían ser materia de análisis por parte de ese órgano agrario, debe decirse que tal extremo también se cumplió, puesto que del análisis de la sentencia de cumplimiento, se advierte que al respecto se sostuvo que si bien Angelina Chávez Negrete se encontraba usufructuando la parcela materia de la litis en concepto de titular de derechos de ejidatarias, como se desprendía de la confesional rendida por Martín Porfirio Negrete Muñoz, de las testimoniales de Lucía Fabiola Enríquez Ramírez y Obdulio Rosas Mendoza y la confesional de Raúl Páez Páez, quienes fueron coincidentes en manifestar que la actora tenía la posesión de la parcela desde mil novecientos noventa y cuatro, se podía establecer que tal posesión había sido continua, así como que en la posición trece de la confesional desahogada por Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete corroborada con las declaraciones de Pedro Nieto de la Cruz y Casimiro Peña Negrete, se apreciaba que desde el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, la actora tenía la posesión de la parcela en conflicto, y si bien diferían en la fecha desde la cual se había detentada (sic) la misma, se coincidía en que esa posesión había sido pública, al ser coincidente en manifestar que la actora sembraba, cultivaba y cosechaba la parcela en conflicto.

Sin embargo, estimó que de las constancias de autos no se justificaba que Angelina Chávez Negrete hubiera poseído la parcela en cuestión, mediante justo título que le permitiera poseerla con mejor derecho que su contraparte, dado que de las respuestas al pliego de posición cinco, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, diecisiete, diecinueve, treinta y siete, treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y ocho, de la prueba confesional, ya que sólo constaba que la quejosa estaba en posesión de la parcela en litigio, en concepto de titular de derechos de ejidatario, posesión que había sido de forma continua y pública, de acuerdo al artículo 48 de la mencionada ley, pero no que la hubiera poseído por justo título, como establecía el artículo 806 del Código Civil Federal, por lo que no demostraba la causa generadora de la posesión que ostentaba sobre el bien parcelario en disputa.

Que si bien Trinidad Becerril Trejo, Emma y José Luis, Negrete Becerril y Alberto Israel López Negrete, fueron contestes en sus confesionales al señalar que la posesión ostentada por la quejosa obedecía a un acuerdo, autorización o anuencia de sus opositores a fin de que cultivara en su provecho la parcela, en tanto se resolviera a quien le correspondían los derechos agrarios, lo que se corroboraba con sus afirmaciones relacionadas con cada una de las posiciones que absolvieron, así como con la confesional de Raúl Páez Páez, quien manifestó que no se había dado cuenta que la actora disfrutara para su provecho del producto de la parcela y la confesional de Martín Porfirio Negrete Muñoz, quien había sido categórico al señalar que siempre se había opuesto a que Angelina Chávez Negrete detentara la posesión de la parcela en litigio, ello confirmaba que la actora carecía de justo título para poseer la parcela en disputa, porque lo que no podía computarse el término de cinco años que previene el numeral 48 de la Ley Agraria y considerar que era una posesión de buena fe, dado que para ello era necesario probar el origen de la posesión, no como acto traslativo de dominio, sino como el hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, para conocer la fecha cierta a partir de la cual debía computarse el término legal de la prescripción de buena fe.

En esas condiciones, también se hizo pronunciamiento en cuanto a la mala fe, al sostener que al no existir justo título o causa generadora de la posesión a favor de la actora con el que acreditara haber entrado a poseer de buena fe el bien parcelario en litigio, resultaba procedente constatar si en el caso se cumplía con el término de diez años señalado en el artículo 48 de la Ley Agraria, para que opere la prescripción de la posesión de mala fe, término que tampoco se actualizaba, porque aun cuando la quejosa manifestó haber entrado a poseer la parcela en litis en el año de mil novecientos setenta y nueve y que el comisariado Ejidal en funciones en el año de mil novecientos sesenta y nueve a mil novecientos noventa y dos, le reconoció el carácter de ejidataria, no existía ninguna constancia en autos que acreditara tales hechos y por el contrario, de las confesionales de Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete, así como de las declaraciones de Pedro Nieto de la Cruz y Casimiro Peña Negrete, se demostraba que Angelina Chávez Negrete había entrado a poseer la parcela el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, fecha que se tomaba para computar el término de diez años para que operara la prescripción positiva derivada de una posesión de mala fe.

Que no obstaba, que difiriera con la fecha indicada por MARTÍN PORFIRIO NEGRETE MUÑOZ en la confesional desahogada a su cargo, corroborada con las testimoniales de LUCÍA FABIOLA ENRÍQUEZ RAMÍREZ, OBDULIO ROSAS MENDOZA y RAÚL PÁEZ PÁEZ, quienes señalaban que la posesión fue desde mil novecientos noventa y cuatro, pues para no vulnerar ningún derecho de la actora se tomaba el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, como la fecha en que Angelina Chávez Negrete entró a poseer el bien parcelario objeto de la litis, misma que computada con la que presentó su escrito de demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, que fue el nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, en que se interrumpió el plazo para la prescripción, tampoco se cumplía con el periodo de diez años, requeridos para la operancia de la prescripción cuando se ha poseído de mala fe, dado que sólo se acredita que la quejosa ostentó la posesión por un periodo de ocho años, un mes y nueve días, el cual es menor a los diez años que se requieren.

Además, que de las copias certificadas de las convocatorias y acta de asamblea celebrada el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, remitidas por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Distrito Federal, mediante el oficio DPADF/3155/99, sólo se acreditaba la elección de los integrantes del Comisariado Ejidal de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Distrito Federal y con las actas de nacimiento de Angelina Chávez Negrete, Emma Negrete Becerril, José Luis Negrete Becerril y Gudelia Chávez Negrete, sólo servían para demostrar la fecha en que nacieron esas personas, los nombres de sus padres y su nacionalidad; y, con las copias certificadas de las actas de matrimonio se probaba sólo los enlaces civiles celebrados entre Luis Negrete y Trinidad Becerril Trejo, así como entre Claudio Negrete y Rafaela Bastida, así como con las diligencias de jurisdicción voluntarias relativas al expediente D8/N116/94 y el reconocimiento de contenido y ratificación de Ramona Negrete Muñoz, por lo que en términos del numeral 189 de la Ley Agraria, dichas probanzas no influían para resolver el fondo de la litis, pues se referían a hechos ajenos a la misma.

Que los recibos de pago del impuesto predial localizados a fojas doce a catorce, así como los documentos agregados a fojas cuarenta y seis, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta y ciento cincuenta y siete, tampoco resultaban trascendentes en la causa agraria, pues al ser valoradas conforme al artículo 189 de la mulicitada ley, se determinaba que no eran idóneos para reconocer algún derecho de posesión en beneficio de Angelina Chávez Negrete.

Por tanto, si el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito en el Distrito Federal, en cumplimiento al fallo protector se pronunció en cuanto a la preclusión del derecho de las contrapartes de la quejosa para demandar los derechos agrarios del de cujus, así como en relación con las pruebas ofrecidas en autos, realizando la valoración correspondiente, determinó si la posesión detentada por ANGELINA CHÁVEZ NEGRETE, fue de buena o mala fe, e inclusive, al sostener que no se cumplían con los requisitos de buena fe, analizó también la prescripción de mala fe, valorando el material probatorio de autos, se debe estimar que dicho tribunal cumplió con los efectos del fallo protector.

Ahora, atendiendo a la obligatoriedad de los juzgadores de amparo, de que al resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, se tomen en consideración los alegatos que formule la parte quejosa al desahogar la vista, como se desprende de la jurisprudencia 12/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del siete de febrero de dos mil siete, que reza:

INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA.” (se transcribe).

En esas condiciones, este Tribunal Colegiado procede a referirse a las manifestaciones vertidas en el escrito de de treinta de enero de dos mil siete, por medio del cual la quejosa desahogó la vista ordenada en autos en cuanto al cumplimiento del fallo protector, que es del siguiente tenor: (se transcribe).

[…]


De lo transcrito se desprende, que la parte quejosa, sustancialmente sostuvo que no se cumplía con el fallo protector, toda vez que en cumplimiento a la sentencia de amparo, el Tribunal responsable debió:

    1. Tener como verdad legal que la buena o mala fe de tal posesión, no era materia de controversia en ninguna de las resoluciones que emitiera dicho órgano, por haber sido motivo de pronunciamiento por este órgano colegiado.

    2. Que lo relativo a la buena fe o mala fe de la posesión que detentaba, ya se había determinado lo conducente en la ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, dictada en el juicio de amparo 101/2002, por lo que ya era cosa juzgada.

    3. Que era cosa juzgada lo sostenido en la ejecutoria de veintinueve de junio de dos mil uno, dictada en el amparo directo D.A.-2068/2000, de que no había sido materia de controversia la entrega de la parcela en cuestión.

    4. Además, que el Tribunal responsable no fundaba y motivaba lo relativo a la preclusión de los derechos de los sucesores, ni tampoco que a Martín Porfirio Negrete Muñoz se le debía reconocer como titular de los derechos agrarios del de cujus.

En esas condiciones, conviene señalar que en relación con que el Tribunal responsable debía tener como verdad legal que la buena o la mala fe de la posesión no era materia de controversia, por haberse hecho pronunciamiento por este órgano colegiado, cabe precisar que en la ejecutoria motivo de cumplimiento lo que se determinó fue que el Tribunal responsable con los motivos que exponía en la sentencia de primero de febrero de dos mil cinco, no acreditaba que la posesión detentada por Angelina Chávez Negrete, sobre la parcela en conflicto, fuera de mala fe y que además, antes de concluir tal mala fe, debía examinar si se encontraban reunidos los requisitos de la buena fe, para lo cual debía examinar en su conjunto todo el material probatorio aportado por las partes.

En esas condiciones, resulta evidente que en relación con la demostración de la buena fe, este Tribunal Colegiado no otorgó lineamientos al Tribunal, sino que dejó libertad de jurisdicción al Tribunal Unitario Agrario, para dictar una nueva sentencia, en relación con el análisis de las pruebas ofrecidas y desahogadas en autos, a fin de determinar la buena o mala fe de la posesión detentada por la quejosa.

Por tanto, la determinación que haya tomado el Tribunal responsable en relación con el tema de la buena o mala fe, no lo vincula con los efectos otorgados en el fallo protector.

Además, cabe precisar que, según quedó precisado a foja ciento cuarenta y ocho de la propia sentencia que se cumplimenta, que en el caso, no existía cosa juzgada en el tema materia del presente juicio (examen de la buena o mala fe), con relación a los juicios de amparo directos 2068/2000 y 101/2002.

En esas condiciones, si el Tribunal Unitario Agrario responsable, en cumplimiento al fallo protector se pronunció en cuanto a la preclusión del derecho de los sucesores de Porfirio Negrete Bastida para adquirir los derechos agrarios, concluyendo que no estaban obligados a iniciar el procedimiento sucesorio para adquirir sus derechos agrarios, dentro del plazo de dos años a que se refiere la fracción I del artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, aludiendo los motivos por los cuáles llegó a tal consideración, así como que hizo alusión a las jurisprudencias de rubros “SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA.” y “PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS DE EJIDATARIO O COMUNERO. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA ABROGADA, EJERCIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY AGRARIA, ES IMPROCEDENTE, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES QUE ESTA ÚLTIMA CONCEDE A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA MATERIA.”

Asimismo, en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, valoró en forma integral la confesional desahogada por Angelina Chávez Negrete, adminiculándola con las restantes probanzas, como fueron las confesionales de Martín Porfirio Negrete Muñoz, Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete y Raúl Páez Páez, las testimoniales de Lucía Fabiola Enríquez Ramírez y Obdulio Rosas Mendoza, las declaraciones de Pedro Nieto de la Cruz y Casimiro Peña Negrete.

Además, en cuanto a la buena y mala fe, el Tribunal responsable a pesar de estimar que la quejosa tenía la posesión de la parcela en litigio, en concepto de titular de derechos de ejidatario, así como en forma continua y pública, concluyó que Angelina Chávez Negrete no había demostrado con constancia alguna poseer la parcela en litigio mediante un justo título en términos del artículo 806 del Código Civil Federal, es decir, la causa generadora de la posesión que ostentaba sobre el bien parcelario.

Lo anterior, porque aun cuando de las confesionales de Trinidad Becerril Trejo, Emma y José Luis, Negrete Becerril y Alberto Israel López Negrete, manifestaron que la posesión ostentada por la quejosa obedecía a un acuerdo, autorización o anuencia de sus opositores a fin de cultivar en su provecho la parcela, lo cierto es que al relacionar cada una de las posiciones que absolvieron dichas personas, se advertía que ello fue hasta en tanto se resolviera a quién le correspondían los derechos agrarios, lo cual era corroborado con las confesionales de Raúl Páez Páez y Martín Porfirio Negrete Muñoz.

En esas circunstancias, sostuvo el Tribunal Agrario que la actora carecía de justo título para poseer la parcela en disputa, por lo que se carecía de la fecha cierta a partir de la cual se debía computar el término legal para la prescripción de buena fe, ya que además de la posesión, era necesario comportarse como propietaria, que se condujera ostensiblemente y de manera objetiva, susceptible de apreciarse por los sentidos, mediante actos que revelaran que era poseedora y dominadora de la parcela, a través de un justo título, lo cual no había cumplido; por tanto, no se acreditaba haber entrado a poseer de buena fe el bien parcelario en litigio.

Conforme a lo anterior, estimó procedente entrar al análisis de la prescripción de mala fe, partiendo de que había entrado a poseer la parcela el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, a fin de no vulnerar algún derecho de la quejosa y atento a las confesionales de Trinidad Becerril Trejo viuda de Negrete e Israel López Negrete, así como de las declaraciones de Pedro Nieto de la Cruz y Casimiro Peña Negrete, al nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, en que se presentó su escrito de demanda y que interrumpió el plazo para la prescripción, sólo habían transcurrido ocho años, un mes y nueve días, es decir no se cumplía con el periodo de diez años requeridos.

En consecuencia, es evidente que del examen comparativo entre lo sostenido por este Tribunal y la resolución que emitió el Tribunal Agrario en cumplimiento, la sentencia protectora ha sido cumplida; en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la ley de la materia.

Lo anterior, porque lo sostenido por la parte quejosa en cuanto a que el Tribunal responsable no fundaba y motivaba lo relativo a la preclusión, al estar referido a cuestiones de legalidad, no son materia de cumplimiento, puesto que como quedó precisado con antelación, lo único materia de cumplimiento, fue el que se pronunciara en relación con la preclusión de los herederos del de cujus, antes de examinar la mala fe, analizara si se reunían los requisitos de la buena fe, todo lo cual debía realizar previa valoración del material probatorio, que debía hacer en su conjunto, lo cual según quedó precisado, sí fue cumplido.

En esas condiciones, importa destacar que la anterior determinación no prejuzga sobre si las consideraciones que sustentan la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo son legales o no, o si se encuentran fundadas y motivadas, sino sólo si da cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, aunado a que, en su caso, las mismas podrán controvertirse mediante la vía correspondiente.

Es aplicable, lo señalado en la tesis CXIV/97, visible en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto señala:

EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE LA DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.” (se transcribe).

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número J.9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apareció publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, página trescientos sesenta y seis, tomo XIV, octubre de dos mil uno, novena época, que a la letra, dice:

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.” (se transcribe).

Consecuentemente, hágasele saber a la parte quejosa, que en términos del párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo, cuenta con un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, para inconformarse con esta resolución.”

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