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" la etapa probatoria ante la Corte Suprema de Justicia, conceder y decretar las pruebas solicitadas por la defensa, a fin de determinar la plena identidad del requerido"


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012)

Ref.: 11001-02-03-000-2012-01266-00

Procede la Corte a resolver lo que corresponde en torno a la demanda de amparo constitucional presentada por la abogada Nury Elpidía López Lizarazo, quien invoca la condición de apoderada de José Antonio Ceballos Ruíz, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.



ANTECEDENTES
1. La promotora del amparo reclama protección constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal y al buen nombre, que dice le fueron quebrantados a su representado, con ocasión de la expedición de concepto favorable para extradición emitido el 18 de enero de 2012 por la Sala de Casación Penal de esta Corporación.
Solicita, entonces, ordenar dejar sin efectos “las resoluciones administrativas emitidas por la Presidencia de la República” y realizar “nuevamente” la etapa probatoria ante la Corte Suprema de Justicia, conceder y decretar las pruebas solicitadas por la defensa, a fin de determinar la plena identidad del requerido” (fl.34, cdno. Corte).

2. Sustenta el amparo, en síntesis, así:


Mediante oficio del 25 de julio de 2011, el Ministerio del Interior y de Justicia, le comunicó a la Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno de los Estados Unidos, por conducto de su Embajada en Colombia, mediante nota verbal No.1758 de 22 de julio de 2011, solicitó la captura con fines de extradición de Deyver Yezid Restrepo López, para comparecer a juicio por los delitos federales de concierto para distribuir narcóticos y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del prenombrado señor, la cual se hizo efectiva, pero en la persona equivocada, es decir, a José Antonio Ceballos Ruíz.
El Ministerio de Relaciones Exteriores con oficio de 1 de agosto de 2011, conceptuó sobre la inexistencia de convenio aplicable al caso y, por ende, que la normatividad que rige el trámite es el ordenamiento procesal penal colombiano, remitiendo a la Corte la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos, debidamente traducida y autenticada.
Dentro del trámite de extradición, la entonces apoderada de José Antonio Ceballos Ruíz, solicitó las pruebas tendientes a establecer la plena identidad del solicitado en extradición, lo cual es un requisito de obligatoria observancia.
Dichas peticiones probatorias fueron denegadas mediante auto de 19 de octubre de 2011, bajo el argumento de que en lo atinente “al presupuesto de la plena identidad sobre el cual la Sala debe conceptuar, el expediente cuenta con datos necesarios, en orden a dirimir ese aspecto” (fl.20, cdno. Corte), decisión que se mantuvo a pesar de la impugnación interpuesta, según proveído de 30 de noviembre de 2011.
Finalmente, el 19 de enero de 2012, la Sala de Casación Penal emitió concepto favorable a la solicitud de extradición de Deiver Yezid Restrepo López, sin estar plenamente establecida la plena identidad “de mi poderdante” José Antonio Ceballos Ruíz, respecto de quien fue solicitado en extradición.
En sentir de la accionante, con la anterior decisión se vulneró el debido proceso y si bien es cierto existe una vía ordinaria para conjurarlo, también lo es que la misma “no consulta la protección instantánea del derecho que aparece vulnerado (…)” (fl. 24, cdno. 1 ).
Recabó que como los conceptos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Corte Suprema de Justicia no son recurribles, el otro mecanismo judicial existente, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la resolución del gobierno, por la cual eventualmente se conceda la extradición, resulta ineficaz, “teniendo en cuenta la tardanza del mecanismo contencioso cuyos resultados se obtendrían cuando seguramente el accionante ya hubiera sido extraditado al país requirente, lo que sería irreversible y, por lo tanto, irremediable” (fl. 23, cdno. Corte).

CONSIDERACIONES

1. Se recuerda la difundida jurisprudencia de esta Sala, concerniente a la imposibilidad de conocer de acciones de tutela contra actuaciones de cualquiera de las células de la Corte Suprema de Justicia, en consideración a la calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la Corporación por disposición del canon 234 de la Carta Política.


2. Conforme a dicho texto constitucional, se explica la imposibilidad jurídica de la revisión de las decisiones adoptadas por la Corte en desarrollo de sus funciones por autoridades diferentes a ella, mucho menos por vía de tutela, pues de otra manera dejaría de ostentar su jerarquía de máximo tribunal y estaría sujeta a la conveniencia y subjetivismo exógeno, con ostensible detrimento de su connotación como bastión de la rectitud, regularidad y legitimidad en la aplicación del derecho común u ordinario.
Al respecto se tiene dicho que “(…) constituye la extradición una tramitación tan especial y particular que no es admisible aplicar sin reservas las normas legales que rigen otros aspectos de la jurisdicción, como quiera que en virtud de la naturaleza en que se funda excluye cualquier tipo de control diferente del que emerge dentro de su propio ámbito, establecido para definir esos precisos aspectos, de suerte que no resulta conforme la participación de organismos ni autoridades diversos a los que señala la ley con atribución para el efecto, pues si ello pudiera acontecer se posibilitaría su intromisión en asuntos por entero ajenos al tema abordado en ese escenario específico; no es de olvidar que la Corte Suprema de Justicia, en Sala Penal, es la encargada de emitir los conceptos que, independientemente de su acogimiento por el ejecutivo, implican una actividad autónoma y exclusiva que, aunque reglada, carece de verificación o escrutinio de superior funcional, pues, dada la condición de órgano límite que ostenta esa Corporación, no existe organismo de mayor nivel. No sobra recordar que esa excepcional connotación de autoridad de cierre impide el ingreso del Juez Constitucional a la crítica de sus decisiones y determina la inexistencia de alternativas paralelas a los procedimientos que allí se adelantan.” (auto de 10 de septiembre de 2003, Exp. 30561, reiterado entre otras providencias en las de 24 de julio de 2008, exp.01243-00 y 15 de diciembre de 2008, exp.02032-00).
En suma, siendo el concepto favorable de extradición una decisión de cierre de jurisdicción, no admite la intervención de ninguna autoridad con miras a desconocer, anular o revocar sus efectos.

3. En presente caso, es claro que la Sala Especializada accionada, conceptuó sobre la solicitud de extradición de Deiver Yezid Restrepo López, al emitir concepto favorable en proveído de 18 de enero de 2012, en el que también se pronunció sobre la identificación plena del solicitado en extradición, al indicar que no había duda de que el Colombiano detenido Deiver Yezid Restrepo López, “a quien se refiere este trámite, es la persona solicitada en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América”, y por ello, carecía de razón “…el argumento presentado por la defensa, en cuanto a que no está demostrada la plena identidad de su representado, toda vez que los anteriores datos permiten concluir lo contrario” (fls. 51 y 52, cdno. Corte). De ahí que no es viable admitir contra dicha Sala el amparo, situación que no impide hacerlo frente al Ministerio de Justicia y del Derecho, extensiva a la Presidencia de la República, como efectivamente se dispondrá en auto aparte de la misma fecha de esta providencia.


4. Si bien es cierto, resoluciones de este linaje venían siendo adoptadas por la Sala, revisada una vez más la competencia de ésta para proferir esa determinación, la misma corresponde al Magistrado Ponente. En este sentido, en pronunciamiento de 10 de abril de abril de 2008, exp.-00468-00, la Corte al decidir una petición de amparo similar a la de ahora puntualizó:
[d]e conformidad con el inciso primero del artículo 15 del Decreto 2591 de 1991, [l]a tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguroso,(…)’ y con arreglo al artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, cuyos principios generales son aplicables al trámite en todo cuanto no se oponga a sus normas (art. 4º del Decreto 306 de 1992), ‘[c]orresponde a la Sala de Decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la (…); contra estos autos no procede recurso alguno. El magistrado ponente dictará los autos de sustanciación y los interlocutorios que no correspondan a la Sala de Decisión’”1.

Finalmente, adviértase que el actual texto del artículo 29 del ordenamiento adjetivo en lo civil, luego de ser modificado por el artículo 4° de la Ley 1395 de 2010, es el siguiente: “[c]orresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión”.

5. En consecuencia, no se puede admitir a trámite la demanda bajo estudio, y, por las mismas razones, no hay lugar a remitir este asunto a la Corte Constitucional para efecto de la eventual revisión del fallo.

DECISIÓN

El suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE no admitir a trámite la acción de tutela promovida por Nury Elpidía López Lizarazo, como apoderada de José Antonio Ceballos Ruíz, frente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


Comuníquese lo resuelto al interesado mediante telegrama.

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

Magistrado




1 Auto de 10 de abril de 2008, cit.



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