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 a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la administración de los bienes de la Universidad Católica Mario Raúl Gutiérrez Canales


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LA VINCULACIÓN ESENCIAL ENTRE EL DERECHO A LA PROPIEDAD Y EL DERECHO A LA HERENCIA

A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la administración de los bienes de la Universidad Católica
Mario Raúl Gutiérrez Canales

El Tribunal Constitucional ha emitido, con seguridad, una de las sentencias de mayor repercusión en la sociedad y que, sin duda, coloca nuevamente sobre la agenda jurídica nacional la necesidad del replanteamiento de sus funciones, sobre todo por el incesante interés que la sentencia viene generando en el ámbito académico. En efecto, luego de una considerable expectativa se publicó la sentencia recaída en el Expediente Nº 3347-2009-PA/TC que declaró infundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante PUCP) para la defensa de sus derechos constitucionales a la propiedad, a la autonomía universitaria y a la inmutabilidad de los acuerdos (reconocidos en los artículos 2º, incisos 14 y 16; 18º, 62º y 70º de la Constitución).


I. ANTECEDENTES DEL CASO
El 6 de marzo de 2007 la PUCP interpuso una demanda de amparo contra don Walter Arturo Muñoz Cho, en su calidad de miembro de la Junta Administradora de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma, solicitando que:


  • Se abstenga de intervenir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, en el ejercicio pleno del derecho de propiedad que le corresponde sobre los bienes que ha heredado de don José de la Riva Agüero y Osma, respetando así la voluntad del testador y los acuerdos adoptados por la propia Junta Administradora en su sesión del 13 de julio de 1994, e inhibiéndose de cualquier pretensión para gestionar o administrar los bienes de la PUCP.




  • Se abstenga de pedir directa o indirectamente, a través de la Junta Administradora antes mencionada o por cualquier otro medio, la revisión del acuerdo de la Junta Administradora del 13 de julio de 1994 que interpretando la voluntad testamentaria de don José de la Riva Agüero y Osma, declaró que los bienes heredados por la PUCP debían ser administrados por ella, correspondiéndole a la Junta únicamente cumplir los encargos y las mandas del testador.

Dichas pretensiones, a criterio de la universidad, tienen base en que los testamentos de don José de la Riva Agüero y Osma instituyeron como heredera de sus bienes a la PUCP. Asimismo, señaló que la pretensión del emplazado de revisar el acuerdo del 13 de julio de 1994, retomando una discusión agotada sobre la administración de los bienes de la PUCP, constituye una amenaza, contra su derecho constitucional a la inmutabilidad de los acuerdos. Agrega que el comportamiento del demandado vulnera su autonomía universitaria, al plantear una agenda en la que incluye la revisión de los actos de administración y disposición de sus bienes.


El emplazado, representante del Arzobispado de Lima, contestó la demanda señalando que el contenido de las comunicaciones epistolares enviadas a la PUCP se sustenta en la voluntad testamentaria de don José de la Riva Agüero y Osma, quien estatuyó a la Junta Administradora de sus bienes con carácter perpetuo e insustituible. Refirió que el acuerdo del 13 de julio de 1994 fue producto de un exceso competencial, porque la Junta Administradora, a tenor del testamento de 1938, tiene naturaleza indefinida en el tiempo y a la vez es titular de la administración exclusiva de los bienes de la universidad.
II. EL DERECHO A LA PROPIEDAD Y EL DERECHO A LA HERENCIA
2.1 La regulación constitucional conjunta de los derechos a la propiedad y a la herencia
De conformidad con el artículo 2º de la Constitución la propiedad y la herencia han sido reconocidos en un mismo inciso, situación que a tenor de la regulación de los derechos fundamentales en el plano constitucional, no responde a un simple de criterio coincidente sino que, como veremos, resulta un aspecto medular en términos de vinculación, pues el derecho de propiedad es una consecuencia natural del ejercicio del derecho a la herencia.
Ciertamente, si revisamos el artículo 2º de la Constitución, donde se ubican los derechos de la persona, podemos advertir que además de la libertad de trabajo y la legítima defensa, los demás derechos no se encuentran establecidos con tal autonomía en cuanto a la concreción de su redacción. Así, apreciamos que cada inciso regulado contiene más de un derecho perfectamente identificado y que dicha técnica obedece a la consustancialidad entre los derechos agrupados. Es el caso del derecho a la vida, que se encuentra ubicado en el mismo inciso de los derechos a la identidad y la integridad moral, de lo que resulta razonable entender que los últimos se hallan directamente vinculados con el primero, siendo de hecho su consecuencia espontánea, pues la vida para el Derecho no se acaba en la existencia física sino que atendiendo a que “la vida no posee un valor puramente individual, sino familiar y social”1, su garantía no se resume en aspectos biológicos sino sobre todo en el desarrollo de su personalidad como parte de una sociedad.
Lo mismo sucede con la regulación del derecho a la igualdad que es consustancial al derecho a no ser discriminado, del derecho a solicitar información que es condición del derecho a recibirla de cualquier entidad pública, del derecho a la elección del lugar de residencia y su relación con el derecho a la libertad de tránsito, y así se pueden enumerar la generalidad de los casos que contempla nuestra Constitución.
En consecuencia, cuando la carta política regula el derecho a la propiedad y a la herencia conjuntamente, lo hace por su necesaria relación, lectura que no puede dejar de observarse, más aún desde la función jurisdiccional constitucional, que es la especializada en interpretación de acuerdo con los principios del Estado de Derecho Constitucional, dentro de los cuales se ubica el reconocimiento de una doble dimensión de los derechos fundamentales: subjetiva y objetiva2. Ello implica que la protección de los derechos no se puede hacer desde una perspectiva meramente subjetiva del titular, sino que es preciso tener en cuenta el interés del Estado en garantizarlo en condiciones de igualdad para todos y de conformidad con los límites que la Constitución y la Ley establecen. No cabe duda que en el caso del derecho a la herencia la incidencia del carácter objetivo de los derechos fundamentales se manifiesta en que para su ejercicio no puede dejar de observarse el contenido del derecho a la propiedad del que es consustancial. Por ello, y de forma preliminar, debemos dejar sentado que afirmar que la voluntad del causante se debe cumplir de forma absoluta sin considerar los derechos comprometidos que genera y las normas de orden público comprometidas en su ejercicio, resulta un argumento incorrecto, al menos desde el plano constitucional.

Ello ha sido reconocido en la sentencia que comentamos cuando el Tribunal Constitucional afirma que “(…) prima facie, la garantía de la herencia se formula conjunta y unitariamente con la de la propiedad: conjunción y unidad que determina la función social que delimita el ejercicio de estos derechos”. En armonía con tal afirmación acepta que toda regulación del derecho sucesorio necesariamente debe considerar los alcances del derecho a la propiedad cuando refiere que la decisión acerca de qué reglas fundamentales del Derecho Sucesorio moderno gozan de un aseguramiento constitucional “tiene que ser tomada con utilización, por un lado, de un estricto contexto valorativo de la institución sucesoria, y por otro, en referencia a la garantía constitucional de otras instituciones del Derecho Privado: son éstas, en esencia, la propiedad privada”.


2.2 La herencia como modo de adquirir la propiedad
Tales apreciaciones no hacen más que confirmar la indesligable relación que existe entre ambos derechos, relación que en el ámbito de la regulación civil se expresa en el hecho que la herencia es propiamente un modo de transmisión de la propiedad. La herencia se produce con ocasión de la muerte del titular y por esta razón se le conoce como una transmisión mortis causa. Al respecto, es pertinente citar a Jorge Avendaño cuando refiere: “Toda persona tiene derecho no solo a la propiedad sino también a la herencia. En el fondo ambas cosas concluyen en lo mismo porque la herencia, o sucesión, es un modo de transmisión de la propiedad”3.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional delimita la naturaleza jurídica que se le otorga a la herencia: 1) como una garantía institucional (plano abstracto y general), cuya formación jurídica está en las normas que en cada momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace, y 2) como derecho subjetivo (plano concreto), que tiene sustento constitucional directo, cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Si bien ambos aspectos son correctos, debemos decir que a saber del carácter consustancial que tiene el derecho a la propiedad respecto del derecho a la herencia, no son los únicos criterios que deben ser tomados en cuenta al momento de decidir sobre la legitimidad del derecho sucesorio concreto.
2.3 El improcedente carácter absoluto del derecho a la herencia
Ahora bien, resulta curioso que el Tribunal Constitucional haya desarrollado los alcances del derecho a la propiedad desde la perspectiva de sus límites, no haciendo lo propio con relación al derecho a la herencia. Ciertamente, para proscribir el carácter absoluto del derecho a la propiedad, citando al profesor Jorge Eugenio Castañeda, se sostiene que ““La propiedad es hoy un derecho esencialmente relativo; sus limitaciones son numerosas y profundas (…). El Estado interviene tanto en la propiedad que casi se puede afirmar que es un condómino. La propiedad es función social, o sea que ella no solo concede derechos sino que impone también obligaciones. No se permite el abuso de la propiedad; la cosa deberá ser usada racionalmente”4.
Dicha cita, que además ha sido expuesta por la demandante, tiene certeza y fundamento constitucional, ya que pensar que la propiedad o cualquier derecho fundamental es absoluto sería negar el Estado de Derecho Constitucional. No obstante, la reseña expuesta en nada contradice que el derecho de propiedad existente en el caso que comentamos deba ejercerse en su contenido suficiente, en todo caso es preciso indicar que el interés general o social no puede estar concentrado en la voluntad de un causante determinado y mucho menos es correcto afirmar que la obligación que este pueda imponer tenga carácter absoluto en términos de prolongación indeterminada en el tiempo, pues ello sí afectaría un interés público en abstracto que recae en el resguardo del principio pro homine5, que aconseja interpretar la regla concerniente a un derecho a un derecho humano del modo más favorable para la persona, es decir, para el destinatario de la protección, que legítimamente recae en la persona titular de la propiedad heredada .
Al mismo tiempo, creemos incongruente que el Tribunal Constitucional, a diferencia del derecho a la propiedad, no haya examinado los alcances del derecho a la herencia y los límites a su ejercicio, interpretando permanentemente a favor de la voluntad literal del causante sin tomar en cuenta los elementos esenciales de la propiedad en su condición de derecho fundamental inmediatamente ligado al derecho sucesorio. Sin duda, su exégesis, aún cuando se apoya en el Derecho Civil, no puede dejar de ser constitucional, es decir, no puede desatender que la Constitución es una norma abierta siempre sujeta a interpretación desde los principios constitucionales, lo que sin vacilar trasciende a lo que se estipuló textualmente en un testamento. Si se trata de interpretar exclusivamente la voluntad del causante, el proceso de amparo deriva en plenamente inoficioso.
El Tribunal Constitucional ha indicado que “(…) se debe resaltar que la propiedad de la universidad sobre los bienes heredados es fruto no de una herencia forzosa sino de la voluntad del testador. En ese sentido, quien ejerciendo su derecho a la herencia deja voluntariamente (…) un bien a un heredero no forzoso, tiene derecho a confiar la fortaleza, firmeza o constancia en la defensa de los valores que quiere promover, utilizando como instrumento de ello a quienes velen para que ese derecho suyo transcienda como prolongación de su voluntad y de lo que su voluntad ha definido sobre lo que fueron sus bienes”.
Tal como está expuesto el argumento del colegiado constitucional se pueden desprender serias contradicciones, pues se reconoce un derecho absoluto a aquel testador que deja voluntariamente un bien a un heredero no forzoso, privilegiando la prolongación de su voluntad sobre la propia naturaleza jurídica de la institución de la herencia que, como hemos visto, tiene base en el derecho de propiedad por ser una manifestación en el modo de adquirirla. Acerca de ello, debemos decir que si bien la voluntad del causante es sustancial respecto del destino y uso de los bienes, no puede ser irrestricto en relación con los nuevos titulares del derecho de propiedad que adquirieron por herencia; entender que ello es posible sería desconocer los elementales atributos de la propiedad y su condición de fuente y consecuencia del derecho a la herencia: puede existir derecho de propiedad sin herencia, pero no puede identificarse derecho de herencia sin propiedad respecto de los bienes que integran el patrimonio sucesorio.
3. LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE LA VOLUNTAD DEL CAUSANTE
El Tribunal Constitucional, aún cuando no es parte de la pretensión, ha afirmado que la cuestión central en el proceso de amparo es determinar cuál de los testamentos de Riva Agüero y Osma debe prevalecer. Si bien se ha cuestionado mucho el pronunciamiento sobre este tema, debemos decir, con ánimo de sensatez, que analizar la afectación de los derechos invocados en función de los actos lesivos comprendidos por las cartas de requerimiento del representante del Arzobispado, hace necesario una revisión, con visión constitucional, de los testamentos indicados, pues es con base en ellos en que el demandado basa su pedido.
Ambos documentos testamentarios son invocados por su aparente contradicción, aspecto este que determinaría la prevalencia de uno sobre el otro. En ese sentido, los textos aparentemente confrontados son los siguientes:
El Testamento de 1933 estipula: “Instituyo por mi heredera a la Universidad Católica del Perú, la que tendrá el usufructo de mis bienes, recibiendo sus productos de la Junta Administradora; y los adquirirá en propiedad absoluta dicha Universidad Católica del Perú, entregándoselos la Junta Administradora sólo si la Universidad Católica existiera al vigésimo año contado desde el día de mi fallecimiento”.
El Testamento de 1938 (cláusula quinta) contiene: “Para el sostenimiento de la Universidad Católica de Lima, a la que instituyo por principal heredera y para los demás encargos, legados y mandas, que en mis testamentos cerrados establezco, pongo como condición insustituible y nombro como administradora perpetua de mis bienes, una Junta que será al propio tiempo la de mi albaceazgo mancomunado, por indeterminado plazo que se lo concedo y prorrogo de modo expreso”.
3.1 La teoría de los actos propios
El primer lugar, un aspecto que el Tribunal Constitucional analiza es el hecho que la Junta Administradora participó y actuó en las decisiones propias de dirección y gestión, durante cincuenta años después de fallecido el testador y por treinta años, desde que se le entregó la propiedad de los bienes a la PUCP6, interviniendo en transacciones comerciales de importancia sobre los bienes legados por Riva Agüero. En consecuencia, concluye que dicha administración tiene efectos jurídicos, a la luz de la teoría de los actos propios. Por ello, el acuerdo adoptado el 13 de julio de 1994 por la Junta Administradora de definir su competencia a solo “cumplir las mandas y encargos perpetuos del testador” y no intervenir en las decisiones sobre los bienes de propiedad absoluta de la Universidad, resulta ineficaz, más aún si contradice un instrumento público como es un testamento.
Dicho acuerdo, que según el Tribunal Constitucional, es el origen de la controversia no es de facto una decisión unilateral de la Universidad, sino una decisión de un órgano en cuyo seno tiene representación la Iglesia Católica y que es perfectamente independiente de la PUCP. En consecuencia, atribuir a la universidad la limitación de las funciones de la Junta Administradora no tiene asidero legal.
Asimismo, ampararse en la teoría de los actos propios para rechazar la definición de las atribuciones de la Junta Administradora en el acuerdo de 1994, resulta, por decir lo menos, impertinente. La doctrina de los actos propios venire contra factum propio non valet 7, que privilegia el principio de la buena fe, se refiere a que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores mediante el ejercicio de una conducta incompatible posterior deliberada que resulta jurídicamente relevante. Sin embargo, es necesario puntualizar que esta doctrina no es absoluta8, no pudiendo aplicarse rígidamente.
Precisamente, un límite concreto a la doctrina de los actos propios lo constituye su propio principio original, que no es otro sino la buena fe, y la buena fe, como sabemos, no se aplica aisladamente sino en relación con el tercero, es decir, los actos propios tendrán carácter prioritario en la medida que garanticen de forma eficaz la protección de los terceros, es lo que se conoce como la coherencia del comportamiento con virtualidad en los terceros.
Entonces, in abstracto, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, no puede resultar aplicable la teoría de los actos propios para desmerecer la eficacia del acuerdo de la Junta Administradora de 1994, sino que se debe merituar en qué medida dicha decisión afecta a terceros, condición que no se ha analizado en la parte considerativa de la sentencia que venimos comentando, por lo que mal se hace en invocar una doctrina cuyos alcances no han sido valorados en su real dimensión.
3.2 La inscripción del derecho de propiedad
En segundo lugar, el colegiado constitucional refiere que la PUCP no cumplió el plazo de 20 años para adquirir la propiedad (de acuerdo con el Testamento de 1933), pues registró a su nombre los bienes heredados en diciembre de 1957 cuando dicho pedido se debió producir recién en octubre de 1964, fecha en que el causante falleció.
Así tal cual se expone en la sentencia, pareciera que efectivamente la PUCP desvirtuó la voluntad de Riva Agüero en el extremo de no cumplir con los 20 años para adquirir la propiedad absoluta, sin embargo, debemos decir, en honor a la verdad, y a sus propios fundamentos, que esta aseveración es hasta cierto punto parcializada. El propio Tribunal Constitucional, cuando se refiere al legado de Riva Agüero y los Registros Públicos, reconoce que la PUCP, “a través de la Junta Administradora de la Herencia Riva Agüero (diciembre de 1957), requirió judicialmente que se le reconozca la propiedad del legado del causante y, en mérito de un auto judicial, expedido por el Juez Velasco Gallo, en el asiento correspondiente de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble (Partida 49038155), de conformidad a lo solicitado por el interesado”.
Es decir, no existió comportamiento irregular alguno por parte de la PUCP al inscribir la propiedad en 1957, ya que no lo hizo a espaldas del reconocimiento del Testamento de 1933, sino todo lo contrario. La inscripción no la realizó de forma personal sino a través de la Junta Administradora, la que a 1957 se encontraba en legítima administración de los bienes, estando encargada además de la transferencia de la propiedad de los mismos a la PUCP.
Al respecto, se debe indicar que el acto de inscripción de la propiedad no resultó ilegal ni ineficaz pues no produjo perjuicio alguno a la Junta Administradora y mucho menos a la voluntad del causante. En efecto, del testamento de 1933 se aprecia que la finalidad de la Junta era entregar la propiedad absoluta de los bienes a la PUCP, en consecuencia era una condición necesaria que la universidad indefectiblemente debía adquirirlos, por lo que queda por analizar si la inscripción registral de la propiedad antes de cumplidos los 20 años de la muerte de Riva Agüero perjudicó lo estipulado en el testamento.
Para analizar tal situación es menester hacer referencia al principio de trascendencia que rige en el ámbito del Derecho Procesal, el que reposa en el precepto pas nullite sans grief, cuyo significado es que "no hay nulidad sin perjuicio", de ahí que se afirme que para la procedencia de una nulidad debe coexistir un perjuicio cierto y el interés jurídico en su declaración9. Así, si se cuestiona que la inscripción de la propiedad a nombre de la universidad no tenía fundamento legal por contradecir un documento público como es un testamento, lo que se está postulando, en honor a la verdad, es que dicha inscripción resulta nula por adolecer de un vicio perfectamente identificable, cual es el de incumplir la voluntad del causante.
Si ello es así, es impostergable ubicar cuál es el perjuicio que generó el acto de inscripción. De acuerdo con los argumentos del Tribunal Constitucional el incumplimiento se verifica en que la inscripción se produce en 1957, es decir, siete años antes de lo que había determinado Riva Agüero en su Testamento de 1933. Pero ¿ en los hechos la inscripción desvirtuó la voluntad del testador?. Veamos, entre 1957 y 1964 la Junta no desapareció, todo lo contrario, continuó ejerciendo las atribuciones que estaban contenidas en el texto sucesorio, ejerciendo la administración de los bienes sin mayores percances, tal como lo ha reconocido el mismo órgano constitucional cuando sostiene que la Junta ha ejecutado sus funciones por cincuenta años regularmente, por lo que por este extremo no se evidencia agravio alguno a la voluntad del causante. Ahora bien, el acto mismo de la inscripción no puede ser un incumplimiento per se atribuible a la PUCP pues la misma fue hecha por la Junta Administradora10, pero aún así tampoco se configura una falta de esta última, ya que, como se ha visto, la misma siguió teniendo ejercicio incluso hasta después de 1964. Así las cosas, no se advierte perjuicio alguno, ni contra la voluntad del causante ni contra las facultades de la Junta Administradora, que invalide la inscripción de propiedad de los bienes a nombre de la PUCP.
Es más si lo anterior no resultara suficiente existen dos aspectos más que se debieron considerar: 1) la inscripción de la propiedad, tal como lo ha expresado el Tribunal Constitucional, se hizo invocando los Testamentos de 1933 y 193811 y 2) el registro de la propiedad es consecuencia de un procedimiento judicial previsto por la Ley vigente en dicho momento. Ambos aspectos expresan que no se actuó de forma irregular.
4. EL EXCESO DE ARIBUCIONES EN LA REPRESENTACIÓN
Uno de los argumentos de la PUCP que fue desestimado por el Tribunal Constitucional es que la presencia del representante del Arzobispado validó el acuerdo de la Junta de 1994. La apreciación del colegiado se centró en analizar la actuación personal del representante de entonces del Arzobispado y, verificar si tal argumento, es capaz de sustentar como jurídicamente válido el acuerdo. Así, sostuvo que un representante legal o un mandatario12 es la persona que recibe y acepta un encargo para actuar, pero dentro de un campo jurídicamente delineado y de un modo específico, por lo que cualquier actuación que tuviere efectos ajenos a tal encargo (administrar los bienes heredados), jurídicamente, no puede ser considerado válido, por incurrir en un exceso en la representación o el mandato. Así, determina que la actuación del representante del Arzobispado en el acuerdo de 1994 contradice en todos sus extremos el encargo recibido.
Una vez más el órgano constitucional ha hecho una descripción de lo regulado en materia civil respecto de la representación y del mandato, sin reparar en que se está ante un proceso constitucional, donde la evaluación debe partir de los fines de vigencia de los derechos fundamentales y de primacía de la Constitución. En tal contexto, nos remitimos al principio de trascendencia, anteriormente desarrollado, en el sentido de no concurrir perjuicio alguno, tanto es así que desde 1994 (año en que se adoptó el acuerdo) hasta el 2007 (fecha en que cursan las cartas que conforman los supuestos actos lesivos del proceso de amparo), es decir, durante trece años, no se produjo reclamo alguno de parte del Arzobispado, quien además, como se ha referido, tenía una evidente ventaja en las decisiones administradoras pues era el representante dirimente.
Entonces, resulta verdaderamente incongruente sostener, luego de más de una década de adoptado el acuerdo, que el representante del Arzobispado no tenía una representación válida, es más, adoptar una posición tan fragmentada como la descrita sí podría configurar un despropósito para la doctrina de los actos propios, porque en este caso sí se configuraría un eventual perjuicio a terceros, que recaería en todos aquellos que durante los trece años indicados, contrataron o establecieron alguna relación vigente con la universidad respecto de los bienes de su propiedad. Es más, y sin el ánimo de salir del análisis jurídico, podemos afirmar que esta parte de la sentencia ha generado o viene generando, por lo menos, algún grado de inseguridad respecto de los referidos terceros.
En todo supuesto, y como colofón de este fragmento, debemos afirmar que el análisis marcadamente civil con el que trabajó el Tribunal Constitucional al analizar los testamentos y los acuerdos derivados de ellos, escapa de sus competencias dentro de un proceso constitucional de amparo. Por ello coincidimos con el Magistrado Beaumont Callirgos, quien en su voto singular, manifestó que las siguientes cuestiones planteadas escapan al objeto del proceso de amparo:


  • Establecer la validez o no del acuerdo de la Junta Administradora del 13 de julio de 1994, que habría reconocido la propiedad absoluta a favor de la PUCP respecto de los bienes de la herencia de don José de la Riva Agüero y Osma.

  • Establecer cuál es la interpretación correcta de la voluntad testamentaria de don José de la Riva Agüero y Osma, con relación a la administración de sus bienes, dejados como herencia a favor de la PUCP.

  • Determinar cuáles son las potestades de la Junta Administradora, en relación a los bienes heredados por la PUCP en base al testamento aludido.


5. ELDERECHO FUNDAMENTAL A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
El derecho fundamental a la autonomía universitaria es definido con admirable precisión como aquella “facultad que se le otorga a la universidad en su calidad de institución cultural, docente e inquisitiva, como garantía de que en ella se ejercerá la más completa libertad de cátedra e investigación, de pensamiento y expresión, de organización y difusión. A tal efecto, podrá dictar libremente sus normas académicas y administrativas”13. De ahí que el artículo 18º de nuestra Constitución regule: “Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes”.
Esa libertad de organización ha sido reconocida ya en anteriores oportunidades por el Tribunal Constitucional, quien ha validado su autonomía administrativa cuando refiere que la autonomía universitaria es un elemento trascendente y relevante en el desarrollo de la educación superior en el país, “máxime si el sistema educativo nacional debe tender a la promoción del conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte, preparando para la vida y el trabajo y fomentando la solidaridad (artículo 14º de la Constitución). Esta autonomía se refleja en ámbitos como el académico o el administrativo (artículo 18º de la Constitución)”14.
En consecuencia, siendo la autonomía universitaria un bien constitucionalmente protegido es imperioso saber los argumentos de la sentencia que determinaron su desestimación.
5.1 La vinculación con la Iglesia católica
Un primer aspecto lo constituye el principio de la literalidad en la interpretación de los testamentos a partir del cual el Tribunal Constitucional ha indicado que de una simple y lata constatación de la literalidad del testamento de 1938, no puede admitirse la interpretación de que la administración de los bienes de la universidad corresponde de modo exclusivo y excluyente a su propietaria, y que solo la administración de las mandas y encargos religiosos corresponden a la Junta. A ello agrega que el examen de elementos extrínsecos en la interpretación de testamentos, es excepcional, principalmente, cuando la literalidad del testamento no resulta clara.
Tal afirmación, aún cuando se torna coherente, fue abiertamente incongruente al momento de su aplicación, pues si la interpretación literal era tan clara, no entendemos porqué el Tribunal Constitucional analizó algunos elementos extrínsecos. El hecho de pasar a analizar dichos elementos consintió que la literalidad del testamento no era manifiesta. Lo grave de este asunto es que se concluyó en ideas que directamente inciden en la autonomía universitaria: 1) Un representante del Arzobispado en la Junta, para administrar sus bienes, son acordes con la vida y práctica espiritual religiosa del testador, 2) para poner fin a los temores sobre la conducción y el fin de la universidad, la administración de sus bienes recaerá en una Junta con representación del Arzobispado, y así mantener un nexo objetivo con la jerarquía eclesiástica. Ambas afirmaciones evidencian una llamativa contradicción: por un lado se privilegia la conexión con la Iglesia Católica y con los valores que ella representa, y por el otro, se entiende que el vínculo se limita a la administración de los bienes. Nada más incongruente, pues los valores de la Iglesia Católica por principio no pueden estar garantizados en la administración de bienes materiales, sino en la impartición de su doctrina, situación que a la fecha se cumple no solo con las mandas y encargos, sino con la existencia de un Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, con la participación de cinco obispos representantes del Episcopado en su organización administrativa, y sobretodo, con la obligatoriedad de seguir cursos de Teología en todas las carreras. Por tanto, el discurso de que la existencia de la Junta Administradora es determinante para mantener el vínculo religioso15 con la universidad, no parece ser en los hechos la voluntad de Riva Agüero.
5.2 El derecho a la propiedad como límite al principio de literalidad del testamento
Del mismo modo, en la sentencia se ha destacado que de conformidad con la Ley Universitaria, los bienes que pertenecen a una herencia, deben ser regidos por lo expresamente establecido en el propio régimen sucesorio. En tal sentido, reafirmamos que una disposición como esta no puede ser absoluta a favor de la herencia pues como ya se ha dejado establecido, esta institución debe ser consecuente con los demás valores, principios y derechos que la Constitución reúne, dentro de los cuales se encuentra la propiedad en tanto posee una función social.
En cuanto al derecho a la propiedad, sabido es que su contenido esencial comprende sus atributos naturales: usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, lo que se garantiza con el principio de inviolabilidad incluido en el artículo 70º de la Constitución. De esta forma, es evidente que la cláusula quinta del Testamento de 1938, que deja la administración de los bienes a una Junta Administradora, afecta decididamente en la posibilidad de disponer el destino de dichos bienes, ya que la universidad se encontraría sujeta a una carga que le impide disponer libremente de su propiedad. Queda entonces estudiar si dicha limitación resulta razonable.
Para tal efecto, es oportuno recordar que el principio de razonabilidad exige que la medida restrictiva “se justifique en la necesidad de preservar, proteger y promover un fin constitucionalmente valioso, en esta perspectiva debe perseguirse garantizar un fin legitimo y además de rango constitucional”16. Si esto así, debemos decir preliminarmente que la preservación de la voluntad absoluta del causante afecta el contenido esencial de un derecho constitucional como es la propiedad, pero además, a tenor de lo expuesto, ha quedado claro, al menos para el Tribunal Constitucional, que la voluntad real del testador no es propiamente la administración de los bienes por parte de una Junta, sino a partir de este ejercicio, asegurar la vinculación de la Iglesia Católica con la universidad, vinculación que hasta la actualidad no solo no ha dejado de existir, sino que en razón de diversas prácticas, se ha fortalecido. En consecuencia, desde un criterio razonable no es posible afirmar que el derecho de propiedad de la universidad deba ceder frente a la voluntad del causante, máxime si de la interpretación constitucional de los testamentos ambos aspectos no son contradictorios.
Ahora bien, es importante resaltar que la vulneración a la autonomía universitaria de la PUCP en el presente caso es considerable, pues tal como lo ha advertido el Magistrado Eto Cruz en su voto singular, cuando Riva Agüero dejó en manos de una Junta la administración de sus bienes, dos eran las realidades que trasuntaban dicha decisión y que hoy han desaparecido: 1) La Junta debía facilitar el desarrollo de una institución universitaria, en ese momento, incipiente, por lo que se establecía para el “sostenimiento” de la última y 2) Los miembros de la Junta consignados en el testamento han fallecido, quedando únicamente dos miembros (el Rector de la PUCP y el representante del Arzobispo de Lima). Naturalmente, esta última situación dificulta el normal funcionamiento de la universidad, por cuanto un órgano colegiado integrado por dos miembros predice conflictos que pueden no llegar a resolverse, “trabando seriamente la buena marcha de la institución universitaria”.
En buena cuenta, el cambio en la circunstancias del tiempo, muestra que lo que en un momento anterior se creó para coadyuvar y asegurar el funcionamiento de la universidad, hoy es un riesgo de poder complicar su regular desarrollo. Ello, sin duda, influye en el ámbito de la autonomía universitaria de la que es titular la PUCP, y que como hemos escrito, debió ser analizado desde una perspectiva de razonabilidad, recuérdese que la precisión sobre la autonomía universitaria es su correspondencia con el sentido general del término autonomía introducido por Kant para designar “la independencia de la voluntad de todo deseo u objeto de deseo y su capacidad de determinarse conforme a una ley propia, que es la de la razón”17.
A MODO DE CONCLUSIÓN

A la luz de las conclusiones arribadas, y de la relevancia de la sentencia del Tribunal Constitucional, considerando que se ha pronunciado sobre asuntos que se encuentran en trámite en la vía civil, es conveniente evaluar las posibilidades que tiene la PUCP para recurrir a instancias internacionales, específicamente, si tiene legitimidad para plantear que la controversia sea conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El artículo 1, inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos ha depuesto: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Sin embargo, esta disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantos vs. Argentina18 con un matiz amplio al hacer notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.  Así, describe que “si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho”.

Dicha posición no solo es coherente con otros sistemas modelo como el europeo, donde el Protocolo Nº 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, si reconoce expresamente la legitimidad de las personas jurídicas, sino que además es consecuente con la tendencia jurisprudencial constitucional, tanto extranjera19 como peruana20, de garantizar la protección de derechos fundamentales a las personas jurídicas. Si esto es así, y teniendo en cuenta que en el proceso constitucional la instancia nacional quedó agotada, nada obsta para que la PUCP someta el caso a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, naturalmente respetando el procedimiento que corresponde.




 Artículo publicado en GACETA CONTITUCIONAL, mayo 2010, Tomo 29, Gaceta Jurídica, Lima, p. 101.

 Miembro del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya. Abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú, con Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Doctorando en Derecho y Ciencia Política en la misma casa de estudios, y Diplomado en Altos Estudios Internacionales y Constitucionales por el Congreso de la República del Perú.

1 DIEZ-PICAZO, Luis y GUILLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, vol. I, quinta edición, Tecnos, Madrid, 1984, p.345.

2 Además del carácter subjetivo de los derechos fundamentales, basado en la titularidad de los que lo pueden exigir, también se le reconoce un carácter subjetivo que descansa en el hecho que dichas prerrogativas fundamentales se erigen hoy como un medio de integración objetiva del Estado constitucional, es decir son derechos que representan el sistema de valores y principios concretos de una sociedad, y por tanto constituyen el componente necesario de la cultura del derecho de todo Estado que se denomine constitucional. HÄBERLE, Peter, El concepto de los derechos constitucionales, Problemas actuales de los derechos fundamentales, ed. José María Sauca, Madrid, 1993, p. 94.

3 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, El derecho a la propiedad, en: La Constitución comentada, vol. I, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 173.

4 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio, Instituciones del Derecho Civil, Los Derechos Reales, vol. I, segunda edición, 1958, pp. 155 y 157.

5 El principio pro homine, ampliamente reconocido por el Tribunal Constitucional, tiene dos vertientes: a) actuar como “directriz de preferencia de interpretaciones y 2) actuar como “directriz de preferencia de normas”. PIZA ROCAFORT, Rodolfo y TREJOS, Gerardo, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la Convención Americana, Juricentro, San José, 1989, p.67.

6 Desde octubre de 1964, en que se cumplieron los veinte años desde el fallecimiento del testador, hasta julio de 1994.

7 Esta doctrina ha dado respuesta a diversos problemas desde una perspectiva concreta, por ello no es extraño que para alcanzar un objetivo similar se hayan empleado diversas frases que resumen su identificación: "Quod semel placuit, amplius displicere non potest", "Patere legem quam ipse fecisti", "Non est tolerabilis ignorantia in factum propio", "Nemo licet adversus sua facta venir". MANS PUIGARNAU, Jaime, Los principios generales del derecho, Bosch, Barcelona, l977, p. 25.

8 Sobre la doctrina de los actos propios se afirma que muy contadas reglas poseen una firmeza y aptitud tal, que evite que algún día puedan ser llamadas a rendir cuentas de su existencia como medios adaptados para lograr un fin estimado valioso. CARDOZO, Benjamin, Selected Writings, New York, 1947, p. 133 ss.


9 En esa línea de ideas se afirma que no existe impugnación de nulidad en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale. COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, cuarta edición póstuma, Euros Editores, Buenos Aires, 2002, p. 397.


10 Es más dentro de la Junta Administradora el Arzobispado tenía una posición ventajosa. Así, de conformidad con el Estatuto de la Junta la dirimencia, ante un desacuerdo recaía en el Arzobispo. El Tribunal Constitucional reconoció sobre el particular que la corriente o el pensamiento de la Universidad y de la Junta, es absolutamente claro e indiscutible, durante las décadas de los años 60, 70, 80 y casi durante el primer lustro de los 90 acorde con la voluntad del testador, fue que, en caso de eventual discrepancia, fuera nada menos que el mismísimo Arzobispo de Lima, en representación de la Iglesia Católica, el que tuviese la decisión final.

11 En el auto del Juez Velasco Gallo, se consigna en la parte correspondiente lo siguiente: “(…..) La Pontificia Universidad Católica del Perú es propietaria del inmueble inscrito en esta partida en su condición de heredera de don José de la Riva Agüero y Osma, conforme al testamento ológrafo de primero de setiembre de mil novecientos treinta y ocho que modificó las disposiciones del anterior de tres de diciembre de mil novecientos treinta y tres (…)”. (negritas agregadas).


12 Según se trate de Representación en el Acto Jurídico (Libro II, arts. 145° a 167° del Código Civil) o de Fuentes de las Obligaciones, Contrato de Mandato (Libro VII arts. 1790° a 1813° del Código Civil).

13 SÁNCHEZ MERCHANT, Alberto, La debatida autonomía universitaria, Universidad Autónoma de Chiapas, México, 1977, p. 34.

14 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente N.º 02107-2007-AA/TC (fundamentos jurídicos 5 a 13). Asimismo, en la sentencia del Expediente N.º 4232-2004-AA/TC se ha establecido: “(…) conjunto de potestades que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se ha otorgado a la universidad, con el fin de evitar cualquier tipo de intervención de entes extraños en su seno”.

15 Igualmente es importante mencionar que la herencia de don José de la Riva-Agüero no está vinculada con la denominación “pontificia” de la universidad, pues este título fue otorgado por la Santa Sede en 1942, es decir, dos años antes del fallecimiento del benefactor.

16 Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú recaída en el Expediente N.º 01209-2006-PA/TC (fundamento jurídico 54).

17 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, 2da edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, p. 126.

18 Sentencia de la Corte Interamericana del 7 de setiembre de 2001. Al reconocer la legitimidad de las personas jurídicas se apoya en la jurisprudencia del caso Baruch Ivcher vs. Perú.


19 Para el caso que nos convoca, es de destacar que el Tribunal Constitucional español ha desarrollado desde un tiempo considerable que las concretas personas jurídicas pueden ser titulares de ciertos derechos que se ejercen bajo su organización administrativa, incluyendo dos supuestos: 1) un supuesto de la STC 26/87 en relación con las universidades y la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza, y 2) un supuesto que hace la STC 190/1996 en relación con los medios de comunicación social, a los que reconoce la titularidad de libertad de expresión.


20 El Tribunal Constitucional peruano ha reconocido en reiterada jurisprudencia la titularidad de las personas jurídicas respecto de los derechos fundamentales, llegando a precisar: “(…) reconocer a las personas jurídicas, independientemente de su naturaleza pública o privada, que puedan ser titulares de algunos derechos fundamentales, y que en esa medida puedan solicitar su tutela mediante los procesos constitucionales, entre ellos, el amparo (Cuando la Constitución señala en su artículo 2 que “toda persona tiene derecho a”, no hace diferencia sobre el tipo de persona que es titular de un derecho)”. (Expediente N.º 2939-2004-AA/TC, fundamento jurídico7). De ahí que “el reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera que también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales en ciertas circunstancias (Expediente N.º 2939-2004-AA/TC, fundamentos jurídicos 5 y 6). Asimismo se ha establecido que: “toda persona jurídica, salvo situaciones excepcionales, se constituye como una organización de personas naturales que persiguen uno o varios fines, pero que, para efectos de la personería que las justifica en el mundo de las relaciones jurídicas, adopta una individualidad propia; esto es, la forma de un ente que opera como centro de imputación de obligaciones, pero también, y con igual relevancia, de aquellos derechos de carácter fundamental (Expediente N.º 04972-2006-PA/TC, fundamentos jurídicos 8 y 9).



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